Federico Sturzenegger deberá esperar. Su sueño de reforma laboral quedó trunco en la Justicia y ahora el Gobierno le entrega a los bloques aliados la llave de esa “modernización”, una versión mucho más moderada e incluso hasta digerible por buena parte de la CGT.
Lo central: habrá fondo de cese laboral voluntario, mayor período de prueba y eliminación de multas por falta de registración de empleados, pero no se avanzará sobre los recursos sindicales. “Hemos dicho claramente que no compartimos el tema de la cuota sindical y la obra social, porque pertenecen al derecho colectivo del trabajo y de las organizaciones sindicales”, avisó Miguel Pichetto apenas daba unos pasos para retirarse de la Casa Rosada, tras el último encuentro con los funcionarios nacionales. Mismo argumento, casi calcado, del que sostienen por estos días los máximos dirigentes de la CGT, que empezaron a dejar permear que algún tipo de reforma se tendría que dar. Pichetto habla seguido con los jefes gremiales.
Desde enero que el jefe de Hacemos Coalición Federal venía advirtiendo al Gobierno que Sturzenegger había “metido en un caos institucional” al país a partir del mega DNU 70 y reclamaba junto con el resto de su bancada reconvertir la reforma laboral en un proyecto de ley. Esta vez no será el Gobierno el que la presente, sino la oposición aliada, y será un mix entre lo que ya presentó el radicalismo en el Senado y lo que aporten los diputados de HCF. Hasta que reingrese la ley Bases bis los bloques “amigables” consensuarán una iniciativa y se presentará para tener dictamen junto con el paquete que envíe la Casa Rosada. Será una reforma laboral clásica, no una reforma sindical. Finalmente, en este segundo intento, la idea de refundación se chocó con la realidad.
¿Qué cambió para que esta vez sí haya ley? En Balcarce 50 se muestran optimistas; en los aliados, expectantes. Pero reconocen que el Gobierno “se tranquilizó”, o al menos, lo hicieron los interlocutores que les pusieron para esta segunda ronda de negociación, donde sigue siendo central el rol de Santiago Caputo, que está en los encuentros, pero pide no salir en las fotos.
No se trata solo de modos. ¿La plata está? La única llave para destrabar la aprobación es que las provincias puedan recuperar algo de los fondos que de un día para el otro les quitó el gobierno de Javier Milei. Según destacaron a elDiarioAR fuentes de los bloques que estarían dispuestos a acompañar el proyecto, se garantizan recursos a través de la reincorporación del impuesto a las Ganancias, en versión altos ingresos, con pisos más altos que en los primeros borradores; la restitución de los fondos fiduciarios y el blanqueo de capitales con algún destino específico para las provincias. Ese sería el anzuelo monetario.
El tratamiento de los fondos fiduciarios fue uno de los ejes del rechazo anterior. Hasta ahora el Gobierno sólo podía eliminar 8 de los 29 totales, vía decreto. Para el resto necesitaba una ley, por eso lo incluyó en la ley Bases. Según fuentes parlamentarias, eso está en revisión. Son fondos claves. De ahí salió uno de los primeros enfrentamientos de Milei con los gobernadores, cuando cortó de cuajo el fondo de infraestructura del transporte con ingresos presupuestados para 2023 en unos US$ 515 millones. Todavía falta la letra chica para que los votos estén.
Si se cumple con lo acordado (las desconfianzas sobrevuelan las reuniones), lo que aparece más resistido en el horizonte parlamentario siguen siendo las facultades delegadas. “El número de votos es finito”, les avisaron los aliados al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro del Interior, Guillermo Francos. También estuvo Martín Menem, al que Pichetto en privado llama “el pibe”, el que va a tener que lidiar con las resistencias cuando el texto llegue al recinto. El Gobierno ya redujo las emergencias a sólo 4 (administrativa, económica, financiera y energética) pero el artículo 71 de desregulación económica sigue generando dudas por la amplitud de los conceptos. El Presidente quedaría habilitado a gobernar vía decreto. Dice. “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, por el plazo previsto en el artículo 1° (un año), a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate. El Poder Ejecutivo deberá justificar estos extremos de forma suficiente”. No le gusta al radicalismo. Al capítulo privatizaciones todavía lo siguen puliendo.
Afuera del reunionismo quedaron los gobernadores del peronismo y los del bloque Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. También el cordobés Martín Llaryora, con quien hay diálogos privados, pero no fotos. La Casa Rosada cerró el proceso de socialización de la ley. Y se arriesgó a arreglarse con lo propio en Diputados. El Senado parece ser otro país.
MV/MG