La Cámara de Diputados se apresta a votar el Presupuesto 2023, en una sesión maratónica que ocupará toda la jornada de este martes y la madrugada del miércoles. El oficialismo del Frente de Todos descuenta tener el número de votos necesarios –gracias a opositores-aliados– para aprobarlo, mientras el bloque Juntos por el Cambio discute internamente entre acompañarlo en líneas generales, abstenerse y rechazarlo.
Pero más allá del debate político que desde hace un mes monopoliza la agenda de la Cámara baja, el estimado de gastos e inversiones presentados por el ministro Sergio Massa tendrá impacto real no solo en las cuentas públicas, sino también en la diaria de los ciudadanos, justo en un año marcado por una elección presidencial.
Para empezar, el trazo grueso del llamado proyecto de Ley de Leyes. El texto diseñado por el Ministerio de Economía –que en total ocupan casi 5000 páginas– plantea como variables macroeconómicas un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% –cumpliendo la meta del FMI– y una inflación del 60% –muy por debajo del 95% estimado para este año–. En total, el gasto público será de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
Se trata de un Presupuesto “realista”, a entender del massismo, pero con ajuste, a juzgar por el aumento moderado que se les otorgó a algunos ministerios por debajo del estimado de inflación –Educación, Turismo, Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Mujeres–. Si bien no se prevé que haya una devaluación, ni cambios importantes como pide el macrismo de reforma de la movilidad jubilatoria de carácter laboral, sí habrá aumento de tarifas a los servicios de luz, gas y agua, principalmente por la quita de subsidios.
Tarifas, entonces, será el impacto más directo y tangible en la economía familiar. Luego hay un sinfín de otras medidas de política económica que de alguna u otra manera podrán tener consecuencias en el bolsillo, de acuerdo al detalle de varios de los artículos que integran el proyecto de ley, algunos de los cuales fueron incorporados en los últimos días. El Presupuesto abarca a la macro, pero también a la microeconomía. Aquí, una guía para conocer las claves más importantes:
La micro: el bolsillo de la gente
- Suba de tarifas. En 2023 se profundizará la segmentación de tarifas por ingresos de los hogares que ya se está implementando. En el presupuesto Massa prevé la disminución de importaciones gasíferas por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
- Boleto del transporte en el interior. El Gobierno acordó con las provincias un “piso” de subsidios al transporte de 85 mil millones de pesos, lo que prevé morigerar la suba del boleto que puede haber por inflación, así como los días de paro en el servicio en el interior del país. También se dispone la implementación de la tarjeta SUBE en todas las provincias.
- Productos electrónicos. Habrá una suba de impuestos internos a los productos electrónicos, que podrían encarecerse aún más, a partir de cambios en el régimen especial para la industria que hay en Tierra del Fuego: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados.
- Deducciones de Ganancias. El proyecto contempla que se puedan deducir del impuesto a las Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia. El artículo comprende todos los gastos escolares: desde la cuota del colegio privado hasta un curso de idiomas o la compra de un libro.
- Ganancias del Poder Judicial. De prosperar este artículo rechazado por la oposición y la Corte Suprema, todos los empleados del Poder Judicial deberán pagar impuesto a las Ganancias. Así como ya rige para los nombrados desde 2017, alcanzaría a todos los magistrados y funcionarios “independientemente de la fecha de su nombramiento”.
- Ganancias de Camioneros. Unos 130 mil trabajadores afiliados al sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano pagarán menos Ganancias, ya que se eximirá ese impuesto de sus ingresos por comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo.
- Aumento de pasajes de avión. Un artículo plantea la creación de una tasa de seguridad de aviación, destinada a financiar la policía de seguridad aeronáutica. Podría significar aumento en los costos en el transporte aéreo y, en ese caso, suba de los pasajes.
- Blanqueo de capitales. Contempla la posibilidad de que se usen fondos no declarados para adquirir propiedades si es que se destinan a uso hogareño, ya sea de la propia familia o para alquilársela a otra. Se podrá invertir en inmuebles de hasta US$ 400.000. También se suma el sinceramiento de divisas en negro de empresarios que requieren comprar en el extranjero lo necesario para producir.
- PreViaje. No está contemplado un nuevo plan de subsidios al turismo durante el año.
La macro: el bolsillo del Estado
- “Cláusula gatillo” por inflación. Fue una negociación de JxC. Estima que si a septiembre de 2023 la inflación acumulada es mayor a la prevista para todo el año –60%– o la recaudación también es alta, se enviará un proyecto de ampliación de los gastos y recursos. Será una batalla política marcada por las elecciones, porque esa discusión tendrá que darse entre las primarias de agosto y las generales de octubre. El detalle de artículo dice: “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
- Retenciones. Plantea la libertad del Ejecutivo de aumentar, según su consideración, las retenciones a los granos. Es uno de los puntos más criticados por toda la oposición.
- Deudas de las provincias. Para las deudas que las provincias tienen con Cammesa, la distribuidora de energía, se creará un plan de regularización de hasta 96 cuotas mensuales. También se creará un régimen de regularización para todas las jurisdicciones y organismos públicos de los tres niveles para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022.
- Bosques. A último momento se decidió un aumento de mil millones de pesos para la Ley de Bosques (de $8000 millones a $9000 millones), y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (de 500 millones a 1000 millones de pesos).
- Incrementos de partidas sociales. Para morigerar el ajuste que establecía el texto original, se definió también en los últimos días incrementar distintas partidas sociales y educativas por más de 320 mil millones: para políticas alimentarias: $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares: $90.830 millones; becas de educación: $59.542 millones; Fondo Nacional de Incentivo Docente: $31.175 millones; Fondo de Integración Socio-Urbana: $19.700 millones; comedores escolares: $12.969 millones; infraestructura y equipamiento en educación: $4.149 millones; y programas que garantizan derechos de niños y niñas: $400 millones de pesos.
- Zonas francas. Establece la facultad del Gobierno para establecer zonas francas. Es un reclamo de la provincia de Misiones.
- PyMEs. Se busca controlar mejor los regímenes de fortalecimiento de las PyMEs y el pago a cuenta en el impuesto a las ganancias del 100% del gravamen al cheque. Se deroga el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo que trata sobre “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” que podrán ser negociadas mediante herramientas o sistemas informáticos que faciliten la realización de operaciones de factoraje, cesión, descuento y/o negociación de facturas.
MC/MG