El expresidente Alberto Fernández fue imputado en una causa que investiga supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González. Además están imputados el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
Ahora se conoció por una investigación del portal Infobae que Martínez Sosa tenía vínculo con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella ya que la empresa de seguros tiene su base comercial en Río Grande desde 1978. Según escribió el periodista Nicolás Pizzi para ese diario, “apenas saltó a la gobernación, Melella le cedió el control absoluto de todas las contrataciones estatales”.
“El 24 de julio de 2020, la empresa del broker cercano a Alberto Fernández firmó un contrato de asesoramiento con la provincia de Tierra del Fuego. A partir de ese momento, todos los seguros pasaron por sus manos y se quedó con millonarias comisiones. Esa relación sigue vigente”, dice el artículo.
Martínez Sosa es un hombre conectado al poder. Es acreedor del expresidente Alberto Fernández quien, según la última declaración jurada que presentó, le debe $102.240. En el caso de Tierra del Fuego, tomó el control de los seguros cuatro años atrás cuando el decreto 1000/20 estableció que su empresa, Héctor Martínez Sosa SA, “se comprometía a asesorar a la Oficina Provincial de Contrataciones en todo lo que se refiera en materia de seguros, su contratación, debiendo asistir en la confección de los pliegos y posterior análisis de las ofertas”, publicó Infobae.
Según el mismo medio, “dos meses antes de ese convenio, Melella ya había activado la primera jugada” y le había sacado “el control de los seguros al Banco Provincia de Tierra del Fuego” para cedérselos “a la Oficina Provincial de Contrataciones”. Luego, “en octubre de ese año, el titular de la Oficina de Contrataciones notificó a las empresas de seguros que Martínez Sosa había sido designado 'asesor productor de seguros exclusivo para todas las gestiones' que demandaba la provincia”, agregó el diario.
En una entrevista con el diario La Nación, Gustavo Melella, reconoció el vínculo con el broker y justificó su decisión de elegirlo diciendo que “no encontró uno mejor”. El portal Infobae accedió a documentos oficiales publicados por el gobierno de Tierra del Fuego que demuestran que el esquema de negocios con Martínez Sosa sigue vigente y citó como ejemplos: “En 2023, la Secretaría de Comunicación Digital de Tierra del Fuego contrató un seguro técnico para equipos de procesamiento de datos, comunicaciones y/o emisión de TV perteneciente de la Dirección de LU88 TV Canal 13. La empresa elegida fue 'La Caja Seguros', pero nuevamente apareció la empresa del broker”. También que “en mayo del año pasado, la provincia contrató un seguro anual para los dos aviones de Tierra del Fuego. Por licitación, el seguro fue adjudicado a Nación Seguros, presidida hasta fines de 2023 por Alberto Pagliano, pero la empresa de Martínez Sosa figuró como intermediaria. El dato consta en la resolución 167/2023, firmada por el secretario legal y Técnico de Melella, José Capdevilla”.
La causa
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.
El expresidente se defendió de la acusación y afirmó que la denuncia “es falsa” y pidió que “se investigue” para que la Justicia pueda corroborarlo.
“Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto”, indicó Fernández en diálogo con radio La Red.
El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo “negocios con nadie”, que “lo único” que se llevó del Estado fue “el enorme honor de ser presidente de los argentinos” y que eso es algo que “ningún operador de prensa” se lo va a “salpicar”.
“Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado”, agregó.
Fernández pidió que “se investigue” porque “si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín”, en alusión al artículo periodístico de ese medio que derivó en la demanda judicial en su contra.
“El fiscal, como usted, solo ha leído una nota en Clarín que tuvo mucha repercusión y está mal esa nota, no cuenta toda la verdad”, apuntó Fernández.
“Me di cuenta que era una operación. Me doy cuenta de dónde viene”, destacó aunque agregó que “no tiene ganas” de “profundizar” en quién estaría detrás de impulsar la denuncia y que “cada uno se haga cargo de lo que ha hecho”.
De la publicación de Clarín surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.
También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, indicó el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
MM con información del portal Infobae y agencias.