La Justicia federal investiga a los ex Garbarino SA por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos sobre la base de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que data de 2017 pero que hasta ahora no había salido a la luz, según los fallos y documentos judiciales a los que accedió elDiarioAR en exclusiva.
El expediente expone las sospechas sobre dos firmas suizas supuestamente utilizadas, entre 2005 y 2013, para ocultar el origen de fondos millonarios y la identidad de los mayores accionistas de la principal cadena de venta de electrodomésticos del país, antes de que Garbarino entrara en su profunda crisis actual.
La causa radica en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez, exsocio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Garbarino SA pasó de ser la principal cadena de venta de electrodomésticos del país a venderse por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, cuando la familia que dio nombre a la empresa vendió sus acciones a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo. El actual embajador argentino en Brasil es casualmente hijo de quien manejó Casa Scioli, una de las empresas de electrodomésticos líder de las décadas de 1970 y 1980, desplazada del podio años más tarde por Garbarino.
La denuncia nació en 2017, cuando Garbarino SA fue objeto de una “inspección preventiva” en la AFIP, durante la gestión de Cambiemos. En 2013, las operaciones denunciadas más tarde por el fisco habían generado al menos 19 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por unos ocho bancos de capitales extranjeros por “inconsistencias en la composición accionaria” de la empresa, movimientos de dinero y la participación de las firmas suizas, según consta en el expediente.
Sin embargo, esos ROS no llegaron a manos de la Justicia hasta años más tarde. Las compañías suizas fueron autorizadas a llevarse de Garbarino más de $156 millones en 2013 (unos US$30 millones de ese momento), plantea la denuncia. Nadie sabe quién o quiénes están detrás de esas firmas con base en Ginebra.
Durante la semana última, elDiarioAR se comunicó en tres oportunidades con el estudio jurídico que representa a Garbarino en el expediente para conocer su postura sobre la denuncia y la versión de los hermanos. Los empresarios nombraron al estudio Munrabá-Da Rocha, donde tomaron nota de las consultas pero al cierre de esta edición no habían respondido. Este medio también se comunicó con Carlos Eduardo García, presidente de la compañía que respondía a los exaccionistas, para intentar contactarlos de manera directa, pero el ejecutivo derivó la consulta con el estudio jurídico ya que explicó que no mantiene contacto con sus exempleadores. Ninguno de ellos ha sido citado o imputado formalmente en el expediente.
Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones.
La situación económica
Antes de que Rosales desembarcara en Garbarino, la cadena era propiedad de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, descendientes de los fundadores de la empresa que nació hace 70 años. Ambos empresarios mantuvieron siempre un bajísimo perfil, al punto de que casi no se conocen fotografías suyas en eventos públicos. Cuando Rosales acordó la compra de la compañía, ni siquiera se vieron las caras. “Fue todo a través de apoderados, los Garbarino ya no estaban viviendo en el país”, contó un allegado a la negociación.
En 2016, la empresa Garbarino declaró ingresos por más de $16.252 millones y activos que superaban los $7.941 millones, según el balance de ese año que consta en la documentación del expediente. Tenía, además, 4.123 empleados y seis unidades de negocios (las tiendas de electrodomésticos; Compumundo; Garbarino Viajes; Fiden, encargada del negocio financiero y de crédito; y dos plantas de ensamblaje en el Sur, Digital Fueguina y Tecnosur SA). En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.
Ante la consulta de elDiarioAR, un vocero del nuevo dueño, Rosales, afirmó que en junio de 2020 la situación era muy diferente: Garbarino acumulaba una deuda de $15.000 millones a bancos y proveedores, y un patrimonio neto negativo de unos $8.000 millones. Actualmente, adeuda tres meses de salarios a unos 3.800 trabajadores y sus tiendas no tienen productos para vender.
La denuncia
En 2016, la investigación Panama Papers reveló que los Garbarino habían utilizado a Helvetic y Swisser como sociedades offshore, pero entonces el caso publicado por La Nación no llegó a la Justicia. La AFIP detectó las supuestas irregularidades casi un año después, en 2017, a partir de una “inspección preventiva” a Garbarino y otras compañías del rubro “venta de electrodomésticos”, según la denuncia, en el marco de la crisis del sector, que comenzó ese año con la caída del consumo. Al cotejar los estados contables de la compañía, el fisco descubrió que entre 2005 y 2013 dos empresas suizas habían sido accionista (Swisser AG) y controladora de Garbarino (Helvetic Service Group). La conexión con el caso Báez hizo saltar las alarmas.
Helvetic ya era conocida por la AFIP. El juez federal Sebastián Casanello determinó en la causa de “la ruta del dinero K” que la firma fue la pantalla utilizada por Báez y sus hijos para lavar al menos US$33 millones, fugándolos al exterior a través de sociedades offshore y cuentas suizas, y reingresándolos al país blanqueados en forma de bonos de deuda argentina. Las maniobras se llevaron adelante entre fines de 2010 y 2013.
A través de un barrido por las bases internas de la AFIP de la palabra “Swisser”, los invetsigadores descubrieron más información en 2017: la sociedad no sólo había comprado parte de las acciones de Garbarino sino también paquetes accionarios de otras nueve compañías argentinas, a partir de 2004. En su sitio web, Swisser AG asegura que su negocio principal “es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio”, y que asesora a sus inversores en lo impositivo, corporativo y legal. “Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial”, dice la compañía suiza.
Swisser AG desembarcó en Garbarino en febrero de 2005 y fue titular del 5% delas acciones hasta junio de 2013 (el caso Báez se destapó en abril de ese año). Además, desde 2006, Helvetic Service Group controlaba indirectamente a Garbarino a través de una sociedad panameña denominada Financiera del Exterior de Comercio SA, según la denuncia y los libros contables secuestrados en el expediente. La compañía radicada en Panamá fue creada por el estudio Mossack Fonseca -foco de la filtración de documentos de Panama Papers- en 1962 y disuelta el 16 de diciembre de 2015, según las actas del registro mercantil panameño consultadas por elDiarioAR.
Swisser AG y Helvetic Service Group nacieron en Ginebra, Suiza; eran controladas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, quien ofició de presidente y accionista de ambas hasta 2013; y compartían dirección postal, IP y estudio de auditoría. Se inscribieron con unos dos años de diferencia: Swisser AG, en agosto de 2003; y Helvetic, en noviembre de 2005.
Helvetic nunca se inscribió formalmente en el país: movía dinero a través de cuentas en el extranjero. En cambio, Swisser AG se inscribió en Argentina en octubre de 2004, según detalló la denuncia de AFIP. Su única función fue adquirir paquetes accionarios de diez empresas argentinas de diversos rubros: construcción en la obra pública, bienes raíces, frigoríficos, agropecuaria, venta de electrodomésticos, fabricación de cuero y calzado.
El negocio principal (de Swisser AG) es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio.
Cuando las suizas compraron las acciones, estas empresas argentinas tienen dos puntos en común, según la investigación de AFIP: gozaban de buena salud financiera y tenían nexos con la Aduana, ya que todas tienen una terminar en importaciones o exportaciones y, por ende, mueven dólares en el exterior, explicó una fuente directa de la investigación. En algunos casos, “las tenencias accionarias siempre han sido por un tiempo determinado y en un porcentaje significativo, no superan los dos periodos comerciales”, sostiene la denuncia.
La investigación del organismo planteó la hipótesis de que Swisser AG y Helvetic son cáscaras vacías, sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino u otras empresas; que actuaban de forma coordinada y manejadas por las mismas personas. La denuncia las definió como parte de una “estructura offshore”. “Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones”, aseguró la AFIP.
¿Quiénes están detrás de Helvetic y Swisser AG? Nadie lo ha podido comprobar aún. La cara visible de ambas es el abogado Néstor Marcelo Ramos, a quien la Justicia argentina no ha podido extraditar de Suiza (el juez Casanello intenta indagarlo desde 2016 por el caso Báez, pero las autoridades helvéticas no aprueban su extradición debido al frágil estado de salud de Ramos). elDiarioAR se comunicó vía mail con la defensora oficial de Ramos en Argentina pero hasta el momento no obtuvo respuesta. En la causa contra Báez, presentó un descargo escrito en el que negó haber participado de hechos ilícitos.
Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial.
Los accionistas de Garbarino
Hasta octubre de 2001, el paquete accionario de Garbarino estaba en manos de los hermanos Omar y Daniel Garbarino (cada uno tenía el 28%) y de la sociedad panameña Financiera del Exterior de Comercio (44%). El capital social de la empresa era de $11.080.850, según consta en los libros contables obtenidos por el juzgado a través de órdenes de presentación en las empresas.
A partir de octubre de 2001, justo antes del corralito, los hermanos se desprendieron de sus acciones y la sociedad panameña comenzó a controlar a Garbarino, concentrando el 99,99 % del paquete accionario. Según los documentos que reveló Panama Papers en 2016, Omar y Daniel designaron a esa sociedad de Panamá como administradora de sus activos. El cambio fue adjudicado a “circunstancias de la época relacionadas con asuntos de seguridad personal de los accionistas como así también de sus familiares, atento a los momentos convulsionados en la economía y sociedad argentina”, según explicó la compañía en un acta que consta en el expediente. Los hermanos Omar y Daniel quedaron como titulares de sólo el 0,005% de las acciones cada uno.
En agosto de 2005, la sociedad panameña cedió un 5% de su paquete a una nueva socia, Swisser AG, y se quedó con el 94,99% de Garbarino. Los hermanos Omar y Daniel conservaron también sus ínfimos porcentajes. Néstor Marcelo Ramos aparece en los libros contables y asistencia de asamblea como representante de la firma suiza.
Al año siguiente, Helvetic asumió el control de la firma panameña y por ende, se convirtió en la controlante indirecta de Garbarino, según la denuncia.
Cuando se destapó el caso conocido como “la ruta del dinero K” y Báez fue vinculado con Helvetic, Garbarino se deshizo de Swisser AG y de Helvetic. El 12 de junio de 2013, la primera devolvió su 5% a la sociedad panameña Financiera del Exterior de Comercio. Seis días más tarde, Omar y Daniel Garbarino dejaron sin efecto el poder que habían otorgado a la panameña y recuperaron la titularidad de las acciones, con el 50% del paquete accionario cada uno, según consta en los documentos que posee el juzgado.
Mientras las suizas formaron parte de Garbarino, el capital social de la empresa se triplicó: llegó a $33.549.354. Antes de que Swisser AG se desprendiera de su 5%, se destinaron $156.229.014 (más de US$30 millones en ese momento) al pago de dividendos a los accionistas. La firma panameña controlada por Helvetic se llevó $148.417.533 y Swisser AG, otros $7.811.461. Los accionistas Omar y Daniel Garbarino obtuvieron apenas $9,3 cada uno, según consta en un acta de la asamblea general extraordinaria.
No existen datos sobre los verdaderos beneficiarios de estas operaciones ni una justificación que explique por qué Garbarino necesitaba vender un porcentaje de sus acciones y luego recuperarlas años más tarde, afirmó la AFIP ante la Justicia.
De Ginebra a Villa Urquiza
Swisser AG nació en Ginebra, Suiza, el 27 de agosto de 2003, según la denuncia. La sociedad se inscribió en Argentina el 22 de octubre de 2004 y su apoderado en el país es un jubilado de 82 años.
La firma tiene domicilio legal en una casa de la calle Oberá, en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde también tiene domicilio el jubilado de 82 años. Esa dirección todavía figura como sede de Swisser AG. elDiarioAR se comunicó con el teléfono de ese domicilio: “Hace más de 25 años que la familia (del jubilado apoderado) no vive acá”, respondió uno de los habitantes de la casa, quien confirmó que se trata de una vivienda y no de una compañía.
La casa de Villa Urquiza es uno de los datos que resaltó la denuncia, que intentó demostrar que los Garbarino tendrían vínculos personales con Swisser AG, ya que ese domicilio es contiguo al de un miembro de la familia Garbarino identificado en la denuncia.
Últimas medidas
La causa tiene una particularidad. El fiscal Carlos Rívolo desestimó dos veces su apertura, ya que entendió que la supuesta maniobra denunciada no implicaba la comisión de delitos de su fuero. Ante la falta de impulso de la fiscalía, la causa estuvo a punto de cerrarse pero en 2018 la AFIP fue aceptada por el juez como querellante y por lo tanto, la supervivencia del expediente depende desde entonces de la AFIP, el único acusador. Otra particularidad: durante el último tramo del gobierno de Macri, Elisa Carrió se presentó como amicus curiae o “amiga del tribunal”, una figura que permite a terceros ajenos a la causa acceder al expediente y monitorear su avance.
Antes de que cambiara el gobierno, en octubre de 2019, la AFIP requirió que se diera intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); a la Unidad de Información Financiera (UIF); y al Banco Central de la República Argentina (BCRA); y sugirió la producción de nuevas pruebas. La UIF aportó un informe de inteligencia, que según entendieron los jueces Irurzun y Farah, sugiere que el caso no debe cerrarse y debe seguir investigándose, según el fallo del 20 de mayo último.
Tras la salida de Cambiemos, la causa se mantuvo abierta sin muchos avances. En marzo último, uno de los abogados que interviene en el expediente planteó al juez Ercolini que la causa debía cerrarse por falta de acción y porque la AFIP no podría participar como querellante en este caso, ya que no hay denuncia por presunta evasión impositiva, por lo que pidió que se la separe del rol.
El juez Ercolini intimó entonces a la AFIP, ya a cargo de Mercedes Marcó del Pont, para que ratifique su voluntad de continuar impulsando el proceso “ante su larga inactividad procesal”. El organismo pidió autorización para que sus funcionarios accedan al expediente y solicitó al juez que se la mantuviera en su condición de acusador particular.
Ercolini falló a favor de la AFIP y su decisión fue confirmada el 20 de mayo último por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal porteña, con disidencia de su colega Roberto Boico.
ED