Héctor Marchi, exadministrador de la Corte Suprema, aseguró este martes que el desplazamiento de su cargo estuvo vinculado a que se “negó a encubrir” a Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti, como también a Mariano Althabe, titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal.
Marchi formuló estos conceptos en un escrito que leyó al inicio de su testimonio, en una reunión de la comisión que incluyó un fuerte contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, quien se encargó de la mayor parte del cuestionario. El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la obra social judicial, una de las causales del proceso contra Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la primera parte de su exposición, Marchi sostuvo que “los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios”, y agregó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles”.
“Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué”. Agregó haberle dicho a Rosatti que “no me asustaban sus amenazas; por eso pedí en sede judicial incorporar el legajo del doctor Althabe”.
“Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social”, denunció el contador Marchi.
El exadministrador del máximo tribunal apuntó después a la figura de Robles, al denunciar “el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos” de la Cámara de Casación Penal, principal tribunal penal del país, que según Marchi recibió “pedidos” del asesor principal del supremo Rosatti.
Uno de los fallos presuntamente negociados, amplió Marchi, apuntaba a mejorar la situación judicial de Rosatti en una demanda iniciada por un exchofer del municipio de la ciudad de Santa Fe, Carlos Vera. Esa causa estuvo a cargo del juez Reinaldo Rodríguez hasta 2021, cuando el magistrado fue recusado por el titular del tribunal.
“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, apuntó Marchi.
En cuanto a ese expediente, manifestó que el caso “tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti”. Al referirse a la actuación de Robles en ese juicio, planteó que “sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022”.
En su testimonio, el contador recordó que él mismo denunció “la eliminación del mail oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo”.
Marchi declaró luego de Martina Forns, jueza federal de San Martín, quien relató la difícil situación que pasó la OSPJN durante la pandemia, en la cual falleció su esposo. “Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada”, contó la magistrada.
Al inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos, informó que se reprogramará para más adelante el testimonio del secretario letrado Santiago Clerici por la extensión del testimonio de Marchi. Además, informó que la legisladora Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio había pedido citar al gremialista Julio Piumato, titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), moción que fue aprobada ya que será convocado junto a otras autoridades del sindicato.
“Vamos a acompañar esta ampliación, porque así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de Sitraju (Sindicato de Trabajadores Judiciales) República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración”, justificó Gaillard.
La comisión votó además una propuesta de la diputada Vanesa Siley (FdT), quien propuso sumar a las pruebas las “resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor (Juan Carlos) Maqueda, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social”.
Hace dos semanas, Marchi expuso ante los diputados de la comisión pero volvió a ser convocado, ya que en su primera declaración solo pudieron llevarse adelante las consultas del FdT. Tras la investigación por las irregularidades en la OSPJN, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito en 2016.
En cuanto a las causales de juicio político ya abordadas en la comisión, se encuentra el fallo que retrotrajo la composición del Consejo de la Magistratura y otro fallo que proponía aplicar el cómputo de “2x1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.
LC con información de agencia Télam