La Policía Federal Argentina (PFA) llegó el viernes 9 de agosto al departamento del edificio River View, en Puerto Madero, con la orden de secuestrar el teléfono del expresidente Alberto Fernández. Tres días antes, la ex primera dama Fabiola Yañez lo había denunciado formalmente ante la Justicia por violencia de género, no sólo física sino también psicológica, y el juez federal Julián Ercolini le había restringido al exmandatario cualquier contacto físico o telefónico con su expareja.
Sin embargo, la denunciante habría informado a la Justicia que los contactos continuaron y el fiscal Ramiro González solicitó entonces el secuestro del teléfono de Fernández, medio por el cual habría continuado sus intentos por contactar a la ex primera dama, a pesar de la restricción judicial.
Por esa razón, el viernes 9 de agosto por la noche, los policías llegaron al piso 12 del edificio de Puerto Madero con la orden de secuestrar los dispositivos electrónicos que hallaran en el domicilio. Fernández colaboró entregando su teléfono celular pero los policías también incautaron un segundo teléfono celular que se encontraba resguardado, y 22 pendrives, entre otros dispositivos. Así lo confirmó a elDiarioAR una fuente de la causa con acceso al expediente.
La noticia disparó especulaciones periodísticas y políticas sobre el alcance que tendría un posible peritaje de los teléfonos y pendrives de Fernández, que permitirían acceder a contenido tanto de carácter privado como a viejas cuestiones de Estado. Una nueva caja de Pandora. Especialmente, debido a que Fernández es uno de los investigados en una causa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario en el caso de los intermediarios en el negocio de los seguros que tenía a la pareja de su secretaria privada como uno de los principales beneficiados.
Pero, por el momento, el contenido de los teléfonos y dispositivos de Fernández estará resguardado. Los aparatos se encuentran lacrados y guardados en una caja fuerte en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002 y no se ordenará ningún peritaje sobre su contenido, informó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo del expediente. El fiscal de la causa no tiene previsto peritar ninguno de los dispositivos secuestrados debido a que considera que se trata de una medida invasiva e innecesaria por el momento, explicó la fuente a este medio.
En cambio, el fiscal Carlos Rivolo, que interviene en la investigación por el supuesto fraude de los seguros, sí solicitó este viernes por la mañana acceso al contenido de los dispositivos, supo este medio de fuentes judiciales. Así, quedan contrapuestos los pedidos de los dos fiscales que intervienen en las causas que investigan al expresidente.
En los tribunales de Comodoro Py explicaron que el secuestro de los teléfonos ya cumplió su función: evitar que Fernández continuara “hostigando” a Yañez a través de llamados y mensajes y resguardar la prueba de ese supuesto hostigamiento, ocurrido durante la restricción judicial, entre el 6 y 9 de agosto. Fernández ha negado haber ejercido violencia contra Yañez en un comunicado y en dos entrevistas con El País y El Cohete a la Luna.
La fiscalía a cargo de la causa por presunta violencia de género buscará caminos alternativos, menos lesivos, a la apertura de los teléfonos de Fernández para probar los dichos de Yañez. Por ejemplo: solicitar a la ex primera dama capturas de los mensajes y llamadas entrantes, explicó una fuente del caso.
Durante la declaración de Yañez de este martes, el fiscal González le preguntó a la ex pareja de Fernández si el expresidente había violado la restricción legal de tomar contacto con ella entre el 6 y el 9 de agosto. De haberlo hecho, habría incurrido en un nuevo delito. Yañez respondió que no recordaba el día exacto en el que recibió mensajes o llamados y que lo revisaría para aportar la información a la Justicia. Al cierre de esta nota, el jueves por la tarde, no había aportado nuevos datos al expediente en este sentido.
La causa
Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja y ex primera dama,
El fiscal señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” en una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.
González dispuso varias medidas de prueba: citó como testigos a María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández; a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola; a Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos; y la periodista Alicia Barrios.
También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.
El fiscal requirió las filmaciones de las cámaras de seguridad de Olivos entre 2021 y 2023 para revisar las grabaciones del chalet residencial y de la casa de huéspedes, a donde Yañez relató que tuvo que ir a vivir con su hijo debido a los episodios de violencia.
ED/JJD