La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.
De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.
La decisión de la fiscal fue difundida este miércoles pero fechada ayer, el mismo día que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública. Desde entonces, desde el oficialismo se buscó trazar una relación entre el fallo contra la vicepresidenta y el escándalo derivado del viaje a Lago Escondido.
Es que entre los viajantes figura el juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa Vialidad por la que fue condenada Fernández de Kirchner.
El vuelo en cuestión ocurrió entre el 13 y 15 de octubre y además de Ercolini, también viajaron en un vuelo privado Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.
Todos ellos se alojaron en el Lago Escondido, un lugar exclusivo y de difícil acceso que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Aunque el viaje trascendió a fines de octubre, este fin de semana, se conocieron los chats entre los integrantes del grupo en los que discutían como esconder las pruebas que los incriminaban. Es que el dato que se conoció fue que el lujoso viaje habría sido financiado por el Grupo Clarín.
Por esa razón, la fiscal también pide investigar a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
Entre las pueblas aportadas, Etchepare incluye el listado de los ocho pasajeros que abordaron el avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, que partió del aeropuerto de San Fernando el día 13 de octubre y regresó al mismo lugar el 15.
A pedido de la fiscal, la empresa, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y opera bajo el nombre de fantasía “Flyzar”, entregó copia de las facturas emitidas a los denunciados. Sin embargo, Etchepare remarca que muchas de ellas fueron fechadas “el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ”contado“ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”.
Otra de las pruebas presentadas es la confirmación que los dos directivos del grupo Clarín viajaron por separado en las mismas fechas en que lo hicieron los jueces y fiscales junto al ministros de Seguridad porteño. Y agregó fotos de todo el grupo en el hall del aeropuerto.
Etchpare descarta que al grupo se haya unido el ex presidente Mauricio Macri ya que en ese momento no se encontraba en el país.
En otro tramo de la presentación, la fiscal remarca el conflicto que podría implicar la presencia de funcionarios judiciales en la estancia de Lewis, quien mantiene desde hace años una disputa con grupos mapuches por el acceso al lago. “Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de ”Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia“, dice el dictamen.
Por último, Etchepare agrega que “a esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”.
Por esa razón, la fiscal solicitó que se disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos”. Además, pidió que se acepte como querellante al abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien presentó la denuncia que originó la causa.