El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios investigados por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre de 2022. Si el fiscal del caso, Ramiro González, no apela el fallo la semana próxima, la causa quedará cerrada definitivamente.
El magistrado declaró la “nulidad de todo lo actuado”, según una resolución de 73 carillas a la que tuvo acceso Télam.
Los sobreseimientos alcanzaron al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad de ese distrito, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini; y al penal económico Pablo Yaradola, entre otros imputados.
“Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia”, advirtió la resolución del juez Ramos.
El magistrado concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado” y ello deriva en la nulidad de la causa.
“Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”, concluyó.
También, sostuvo que “fue como resultado de esa maniobra ilícita que se produjo información, que fue brindada públicamente por redes sociales” y ello “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”.
Entre los sobreseídos están además Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Por otra parte, Ramos remarcó que en relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022 en un avión privado por las personas investigadas y la reunión que habría sido llevada adelante en la estancia Lago Escondido “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis”
“Por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”, concluyó.
Antecedentes de la causa
El vuelo en cuestión ocurrió entre el 13 y 15 de octubre cuando viajaron en un vuelo privado el juez Julián Ercolini, Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.
Todos ellos se alojaron en el Lago Escondido, un lugar exclusivo y de difícil acceso que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Aunque el viaje trascendió a fines de octubre de 2022, dos meses después se conocieron los chats entre los integrantes del grupo en los que discutían como esconder las pruebas que los incriminaban. Es que el dato que se conoció fue que el lujoso viaje habría sido financiado por el Grupo Clarín.
Por esa razón, la fiscalía pidió investigar a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
Entre las pueblas aportadas, se incluyó el listado de los ocho pasajeros que abordaron el avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, que partió del aeropuerto de San Fernando el día 13 de octubre y regresó al mismo lugar el 15.
La empresa, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y opera bajo el nombre de fantasía “Flyzar”, entregó copias de las facturas emitidas a los denunciados. Sin embargo, muchas de ellas fueron fechadas “el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llamó la atención que en todos los casos los pagos figuraban como efectuados en la modalidad ”contado“ y que el pago se realizó el mismo día del vuelo”.
Desde 1996 cuando Lewis desembarcó en la Patagonia hay dos causas en su contra: fue acusado de comprar de manera fraudulenta las 12 mil hectáreas en esa parte paradisíaca de la provincia de Río Negro –donde construyó una fastuosa mansión y una estancia que cuenta con una catarata artificial, una pista de karting y un zoológico–, y otro proceso por haber bloqueado un camino público de acceso al Lago Escondido, iniciado hace casi dos décadas por Magdalena Odarda, ex senadora justicialista y ex presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En consonancia con el abogado Almonacid, quien sostuvo que “hay estándares objetivos que se habrían violado a tener en cuenta respecto de las supuestas conductas ejercidas por los magistrados denunciados”, al difundirse el encuentro que sus protagonistas denominaron pretenciosamente “retiro espiritual”, Odarda expresó que “Mahiques debería ser enjuiciado en la Magistratura”.
El Camino de Tacuifí tiene 19.5 km desde la ruta nacional 40 al Lago Escondido. Durante la inspección ocular ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, el día 19 de marzo de 2011, su presidente, juez Alberto Balladín; Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, y la autora del pedido de amparo contra Lewis, la senadora Magdalena Odarda, tuvieron que cruzar los ríos Foyel y Escondido por el agua. El abogado de Lewis les dijo que los puentes pertenecen a la corona británica, que son propiedad privada, y les ordenó que pasaran por el agua caminando. No es que antes no hubiera puentes públicos, Lewis los mandó a dinamitar.
Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta.
El camino está afectado al uso público por sentencia del 2013, pero no se hizo nada para abrirlo. A nivel municipal, el Jefe de Gabinete local, Marcos Barberis, había explicado que se están “observando los accesos para determinar cuáles, catastralmente, están invadiendo zonas públicas o impidiendo el paso”.
La compra de las tierras del Lago Escondido
Carlos Alberto Mahiques integra la sala III de la Cámara de Casación que el 15 de septiembre de 2021, junto a Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, dictó el sobreseimiento de Charles Barrington Lewis y los funcionarios implicados en la compra de las tierras del Lago Escondido, 8.063 has. en el paraje rionegrino de El Foyel. La denuncia originaria de la causa los acusaba de fraude a la ley argentina porque se constituyó una empresa nacional, HR Properties Bs Ab, el 19 de junio de 1996, con capitales y un titular argentinos, pero dos meses después se inscribió en la Inspección General de Justicia (IGJ) como Hidden Lake S.A. De esa manera, la autorización de la autoridad nacional se concedió a una sociedad argentina, pero el dominio de las tierras se inscribió a nombre de otra. Además, fue violada la Ley de Seguridad de Fronteras que prohíbe la venta a extranjeros de tierras en sectores limítrofes.
Con información de agencias.
IG