Horacio Rodríguez Larreta invirtió el sentido del refrán que prioriza un mal acuerdo a un buen juicio. El alcalde apuesta a la cuerda judicial, en vez de sentarse a negociar el monto de la quita de la coparticipación con el gobierno nacional. Se ve con mejores chances en la cancha de los supremos. Con mejores perspectivas, al menos, que en la mesa tendida por la Rosada.
“El gobierno nacional dice que propone un diálogo pero, en realidad, es como si nos invitaran a un partido en el que se dispone un campo ya inclinado, se designa al árbitro y, además, el resultado ya está fijado”, se quejó el alcalde hace un mes. Fue después de que en Diputados se aprobara una profundización del recorte de fondos hacia la Ciudad. Un ministro de la Capital ahora reafirma esa idea: “Ir a la Rosada sería habilitar el hachazo. No nos conviene”.
Por eso, Rodríguez Larreta rechazó la invitación nacional realizada por carta y con las firmas de los ministros Eduardo Wado de Pedro y Martín Guzmán. Lo hizo por la misma vía protocolar. Previamente, el gobierno porteño se lo había avisado por teléfono a Wado de Pedro. El alcalde no irá a la Rosada esta semana.
El gobierno nacional dice que propone un diálogo pero, en realidad, es como si nos invitaran a un partido en el que se dispone un campo ya inclinado, se designa al árbitro y, además, el resultado ya está fijado
Si bien no cuenta con garantías respecto a un posible fallo de la Corte, el larretismo concretó sondeos personalizados sobre cada uno de los jueces. Actores formales e informales intentaron armar un rompecabezas sobre el clima que existe entre los supremos. La Capital ya realizó dos demandas ante el tribunal. Con la Corte astillada políticamente y sin un liderazgo que ordene los criterios internos, resulta imposible obtener un guiño genérico. No hay una respuesta unificada a la consulta sobre qué piensa la Corte, aunque algunos actores relativizan que haya un espíritu ideológico homogéneo en favor de la queja larreteana. “Es una movida política de ellos. Acá no hay ninguna mayoría clara”, revela un operador cercano a un supremo.
Una vez consumado el golpe palaciego de Carlos Rosenkrantz a Ricardo Lorenzetti, quien presidió el tribunal durante doce años hasta el 2018, esa organicidad voló por el aire. Pero el gobierno porteño percibe un ánimo que podría resultar favorable hacia su planteo de inconstitucionalidad. En concreto, se entusiasma con la propuesta que habría hecho el juez Juan Carlos Maqueda. ¿Cuál? Habilitar una instancia de conciliación y diálogo, bajo el paraguas de los supremos.
En el gobierno de la Ciudad prefieren ese ámbito, al que promueve la Rosada. Pero para llegar a ese escenario potencial (la sugerencia de Maqueda no pasó del trascendido), faltarían casi dos meses.
En la ley que profundizó la quita de fondos establecida previamente en el decreto presidencial, se fijó un plazo para llegar a un acuerdo entre gobiernos. El lapso era de 60 días, para afinar el monto y la forma de actualizar los recursos que la Ciudad recibirá por el traspaso de la Policía Federal. La ley fue aprobada el 10 de diciembre y se promulgó el 28.
Ese mismo día, el larretismo tocó por segunda vez la puerta de los supremos. La Capital presentó ante la Corte un nuevo pedido de inconstitucionalidad por la modificación de la coparticipación.
Así, de momento y en relación al tironeo por “la copa”, los puentes entre Nación y Ciudad están completamente rotos. Desde ambos gobiernos aclaran que en el resto de la agenda de gestión el diálogo continúa de forma habitual. Se refieren centralmente a la pandemia. Pero lo cierto es que la relación política se friccionó. Se trata de una muestra gratis sobre lo que viene en este año electoral.