El Gobierno anunció este martes la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). La decisión dejará sin trabajo a 1.388 trabajadores a los que se suman otros 23 cargos jerárquicos. Así lo confirmó el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien aseguró que con el cierre implicará un ahorro de 42.000 millones de pesos por año.
Además, también se cerró el Instituto Argentino del Transporte.
Según el comunicado difundido por Mogetta en su cuenta de X, ni DECAHF ni el Instituto “tenían funciones que justifiquen su existencia” y aseguró que lo salarios que cobraba el personal iban de los 2.000.000 a los 4.000.000 de pesos por mes.
“Los trenes estaban sin mantenimiento pero a través de esta empresa el Estado se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en los estatutos y tenían que ver con puesta en valor de obras de arte en algunas estaciones de trenes que tenían que ver más con amigos de la política como algún intendente afín. Tambien contrataba artistas populares en un plan que se llamaba Entrentenerte, que se desarrolló en el marco de la pandemia, tenían encerrados a todos los argentinos pero se dedicaban a contratar artistas y hacer fiestas”, dijo Mogetta, quien participó de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni.
El Instituto Argentino del Transporte (I.A.T.), creado en 2014 para asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto a través del Decreto 870/2024. Esta medida, según la argumentación gubernamental, se enmarca en la estrategia para racionalizar el gasto público y eliminar duplicidades en la administración estatal.
El I.A.T. fue creado mediante el Decreto Nº 1004/14 por la expresidenta Cristina Kirchner y su ministro Florencio Randazzo con el objetivo de integrar los sectores público y privado en la planificación del transporte, promover la investigación en esta área y colaborar con el Ministerio del Interior y Transporte en la elaboración de programas de mejora.
No obstante, a lo largo de los años, el Instituto comenzó a mostrar superposición de funciones con otras áreas de la administración, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte en el país.
En abril de 2024, con la promulgación del Decreto Nº 318/24, el I.A.T. fue transferido al ámbito de la Secretaría de Transporte bajo la órbita del Ministerio de Economía. Sin embargo, tras una evaluación del Gobierno, se determinó que muchas de sus funciones eran redundantes, lo que llevó a la decisión final de disolver el organismo.
Los motivos detrás de la disolución
El decreto justifica la disolución del I.A.T. en un contexto de optimización de los recursos públicos. Según el documento, la existencia del Instituto no se consideraba necesaria, ya que sus tareas podían ser asumidas por otras dependencias que ya estaban operando en el ámbito del transporte. Esta medida se alinea con el objetivo del Gobierno de reducir el gasto público, eliminando entidades cuya contribución al interés general se considera marginal.
En el texto se menciona explícitamente la necesidad de maximizar la eficiencia del gasto, asegurando que los recursos estatales se destinen a áreas prioritarias y a quienes más lo necesitan. Esto se inscribe en la estrategia más amplia de la Administración actual, que ha implementado diversas acciones para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la transparencia del gasto.
¿Qué pasará con los recursos del I.A.T.?
El Decreto 870/2024 establece que la totalidad de los recursos materiales y financieros del I.A.T. serán transferidos a la Secretaría de Transporte, que asumirá las funciones que antes desempeñaba el Instituto. De esta forma, el Gobierno busca evitar la duplicación de funciones y mejorar la eficiencia administrativa dentro del sector del transporte.
Además, el decreto deroga el Decreto Nº 1004/14, que había establecido la creación del Instituto, formalizando así su cierre definitivo.
La disolución del I.A.T. se enmarca en un proceso más amplio de reforma y reestructuración del aparato estatal impulsado por el Gobierno. Este tipo de medidas buscan no solo reducir costos, sino también mejorar la coordinación entre las distintas áreas gubernamentales y optimizar el uso de los recursos.
Desde la Administración, se ha señalado en diversas ocasiones que una gestión eficiente de los recursos públicos es fundamental para el crecimiento económico del país. Al concentrar las funciones del I.A.T. en otras áreas que ya tienen competencia en el transporte, el Ejecutivo asegura que no se estén destinando recursos a organismos innecesarios, y que el sector del transporte, crucial para el desarrollo económico, sea gestionado de manera más eficaz.