“¡Fuerte el aplauso para nuestro conductor, Carlos Eduardo Rovira!”. Pocos minutos habían pasado de las 19 y un músico que cantaba sobre un escenario improvisado, apostado en la explanada de la Cámara de Representantes, hacía un esfuerzo por advertir a los presentes acerca de la sorpresiva aparición del líder misionero. Acababa de terminar la sesión ordinaria y el conjunto de la plana mayor del oficialista Frente Renovador de la Concordia salía a saludar a su militancia, con el gobernador Hugo Passalacqua en primera línea. Mientras los reclamos salariales de docentes y personal de salud se acrecientan, con cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, Rovira decidió tomar la iniciativa y convocar a una marcha “en defensa de la paz y la libertad” que se realizó este jueves frente a las puertas de la Legislatura provincial.
La elección del momento y el lugar no fue para nada casual. Luego de casi dos semanas de una inédita tensión callejera que tuvo en vilo al país, y tras el ansiado acuerdo salarial alcanzado el martes por la policía provincial, la Renovación se trazó una estrategia: “blindar” la sede del palacio legislativo con miles de personas y así evitar que se repitan las imágenes de hace exactamente una semana, cuando cientos de manifestantes tiraron las vallas que rodeaban el edificio y fueron reprimidos con palos y gas pimienta. Bajo el lema “#30M por la paz”, intendentes oficialistas dieron la orden de mover el aparato: militantes y municipales de distintas localidades se acercaron hasta Posadas con la misión de hacer número y, con banderas argentinas y misioneras en sus manos, ocupar uno de los espacios de mayor simbolismo para la fuerza política que conduce el exgobernador Rovira.
Pero la de la Legislatura no fue la única cita que tuvo lugar este jueves en la capital provincial. En paralelo, a unas quince cuadras del barrio de Villa Sarita, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y agrupaciones de profesionales de la salud realizaban una concentración en la esquina de la avenida Uruguay y Trincheras de San José, epicentro del acampe multisectorial que todavía persiste en las cercanías del centro posadeño. “30M por la dignidad”, anunciaba el flyer de la convocatoria que buscó dar cuenta de que los reclamos de los estatales misioneros siguen en pie. Como respuesta a la marcha oficialista, una de sus consignas rezaba: “¡Paz es tener un salario digno!”.
Desde las filas docentes acusan al gobierno de recurrir a “militancia rentada” y de “apretar” a trabajadores del sector público para que asistan al evento organizado por Rovira. “El relato de que no había plata me parece que ya está a las claras: hay plata y mucha plata para poder pagar salarios dignos que garanticen que los trabajadores podamos tener todos los días algo para colocar en la olla”, sostuvo esta mañana el vocero de FTEL, Carlos Lezcano, en un diálogo con SomosTelam. Durante la jornada de hoy, las rutas nacionales 12 y 14 fueron los puntos de las protestas por un salario que alcance el monto de la canasta familiar, lo que llevó a que el tránsito se interrumpa en varios de los departamentos de la provincia.
Contraofensiva rovirista
Los reclamos de los gremios docentes más combativos se intensificaron en los últimos días, con manifestaciones que se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio misionero. Una de ellas llegó incluso hasta las puertas del domicilio particular de Rovira, a la vera del río Paraná, lo que encendió las alarmas en las filas del oficialismo. A partir de ese momento, la contraofensiva fue implacable: una vez cerrado el conflicto con la policía, fueron enviados al acampe varios oficios judiciales firmados por el magistrado Ricardo Balor. A través de ellos, se emitió una orden de restricción para que los referentes gremiales no puedan acercarse a menos de 200 metros de la Cámara de Representantes, acusados de ser los instigadores de los hechos de violencia registrados la semana pasada.
Los docentes denuncian que el gobierno provincial no tiene real voluntad de dialogar con ellos y que es por eso que opta por denunciar y restringir la participación de los manifestantes. Hace un mes que los maestros reclaman mejores condiciones laborales y salariales y consideran la acción judicial como un intento de “silenciar” sus demandas y un acto de “criminalización de la protesta”.
Curiosamente, las disposiciones de la Justicia misionera coinciden con las posturas expresadas por referentes del oficialismo provincial. Sin ir más lejos, durante la sesión ordinaria de este jueves, los discursos de los miembros del bloque renovador estuvieron enmarcados en una férrea “defensa de la democracia”, al punto de que un diputado llegó a exhortar a un “Nunca más” a la violencia.
“Más de 40.000 o 50.000 personas se movilizaron de toda la provincia de Misiones para estar hoy en la explanada”, celebró el jefe de la bancada oficialista, Martín Cesino, que hizo mención a “esa gran ciudadanía” presente en las inmediaciones de la Legislatura provincial. Sin embargo, no se privó de apuntar contra los diputados provinciales del radicalismo que decidieron ausentarse de la sesión. Cesino los acusó de incumplir “con esa gran responsabilidad que nos ha dado el pueblo de la provincia de Misiones”.
Horas antes, el bloque de la UCR había publicado un comunicado para dar cuenta de su posición. “No podemos estar encerrados en un recinto que hace oídos sordos a los reclamos del pueblo trabajador”, rezaba el texto, firmado por todos sus integrantes. Y añadía, a modo de estocada: “El gobierno de la provincia, no conforme con dar la espalda, organiza y financia una movilización, en la que pone la plata que se ve que sí hay para actos partidarios, pero no para los docentes y las escuelas”.
Además de Cesino, una de las diputadas del oficialismo en tomar la palabra fue Anazul Centeno, quien se encargó de hacer una comparación entre los disturbios sucedidos la semana pasada en la Legislatura y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021. “Si repudiamos estos actos y los condenamos cuando suceden en otros lugares, también tenemos que hacerlo acá y tenemos que resaltar la gravedad de los hechos”, indicó, efusiva, la legisladora de la Renovación.
Y, en esa línea, continuó: “Estos actos buscan socavar el orden democrático e institucional y son completamente inaceptables en un Estado de Derecho. Así como también lo es que luego de los destrozos realizados aquí, una columna de manifestantes se haya trasladado al domicilio personal del gobernador y, a los días siguientes, a los domicilios de autoridades de esta Legislatura”.
Mientras tanto, desde uno de los palcos, los dos senadores nacionales misioneros que responden al gobierno provincial, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, escuchaban con atención las palabras de los diputados. Sobre ellos se posarán todas las miradas la semana que viene, cuando la Cámara alta deba tratar la dilatada ley Bases y se despeje, a su vez, una de las mayores incógnitas que rondan hoy a la política misionera: el alcance real de ese acuerdo de gobernabilidad que sellaran hace un mes Rovira y Milei.
PL/JJD