“No te muevas que te mato”. Edwin Freddy Capcha Condori fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando participaba de la movilización al Ministerio de Capital Humano que el 10 de abril motorizaron las organizaciones sociales para reclamar asistencia alimentaria. El protocolo antipiquete se activó contra él de una manera brutal, pese a que estaba sobre la zona parquizada de la avenida 9 de Julio: los agentes de la Policía de la Ciudad lo tomaron del cuello, lo redujeron y lo arrastraron varios metros. Recibió una trompada en la cara y le golpearon la frente contra el asfalto. En el suelo lo amenazaron de muerte. Perdió tanta sangre que hasta una policía intentó pararle la hemorragia con una servilleta de papel. Por las heridas fue trasladado al hospital Ramos Mejía, antes de terminar detenido junto a una decena de manifestantes en la Alcaldía 4, en Parque Patricios. Pasó parte de la noche a la intemperie, en el patio de la sede policial porque los calabozos estaban saturados. Recién al otro día fue liberado.
El 27 de enero pasado Mariano Juárez, de 23 años, robó junto a otro joven de 18 años un auto en Barracas. En medio de la persecución policial chocaron contra un carro en la Villa 21-24. Al salir del vehículo, recibió tres disparos de la Policía porteña desde atrás. Una bala le entró por la nuca y le atravesó el maxilar izquierdo, otra impactó en el omóplato del mismo lado, y la última fue en una mano que ya tenía levantada, sin ofrecer resistencia. “Le dieron a matar”, se escucha de una mujer en videos registrados por los vecinos. En esas mismas imágenes se ve cómo los efectivos policiales intentaron “desmantelar” la escena: movieron el vehículo chocado, aún con sangre chorreando por la puerta. También levantaron los casquillos de bala. Los vecinos terminaron insultando a los efectivos, mientras Mariano era trasladado a una comisaría sin recibir asistencia médica inmediata. Luego sí fue atendido en el hospital Penna, hasta que el 2 de febrero fue derivado a la cárcel de Devoto, que pertenece al Servicio Penitenciario Federal. Su condición de salud sigue siendo grave: desde hace más de un mes tiene pendientes estudios en el Pirovano porque necesita con urgencia una cirugía maxilofacial por los disparos recibidos. Actualmente tiene que cortar la comida en pedacitos para poder comer. Los días de mucha humedad sus dolores aumentan.
Aunque en situaciones muy distintas, los casos de Edwin y de Mariano están conectados por la misma lógica represiva y de mano dura policial del gobierno porteño de Jorge Macri, a su vez amparado por la política que pregona Patricia Bullrich a nivel nacional. “Una ciudad limpia y ordenada”, es el leitmotiv de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, donde ya no se vende que “La transformación no para”, como en tiempos de Horacio Rodríguez Larreta.
Con las cuentas públicas ajustadas, “ofrecer seguridad” se convirtió en la nave insignia del primo Macri. Por eso en sus primeros meses estableció un protocolo antipiquete espejo al de Nación, creó dos divisiones policiales nuevas –motorizadas en 4x4 y en motocicleta–, estableció un inédito protocolo de actuación de la fuerza y dispuso como jefe policial a un civil –Diego Kravetz–, lanzó un polémico operativo para levantar ranchadas y acampes, e impulsa en la Legislatura una ley de Reiterancia. Un paquete de medidas que tiene como flanco débil la habilitación de cierto abuso policial como denuncian los casos de Edwin y de Mariano.
“No venimos a pegarle a nadie”
Edwin, de nacionalidad boliviana y 44 años, es costurero y vive en La Matanza desde hace más de una década. Forma parte del Polo Obrero desde 2010 e integra un comedor popular en Villa Celina. De todas las marchas en las que participó, asegura que es la primera vez en la que fue golpeado y detenido por la policía. Por los maltratos que recibió, acaba de presentarse como querellante en una causa que inició el diputado porteño Gabriel Solano por apremios ilegales. “Nunca me pasó como con Milei”, aseguró a elDiarioAR.
“Había hartos policías. Me agarraron del cuello y yo ya no me moví, nada, y me arrastraron por la calle”, relató Edwin en un encuentro el miércoles pasado en la sede del Partido Obrero en Once. Aún tenía el golpe en la frente: por la profundidad del corte le hicieron cuatro puntos de sutura. Dijo que todavía le dolían la rodilla y la pierna izquierda. No pudo volver a trabajar y sus vecinos le hicieron una colecta en su ayuda. La escena de su detención quedó registrada por la cámara de C5N y los fotógrafos del colectivo “Ojos que sí la ven”.
Todas las actuaciones de la policía porteña son auditadas por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía, que dirige Alfonso Antonio Palmou. Trabaja a la par con el ministerio de Seguridad, que conduce Waldo Wolff. En la cartera defendieron ante elDiarioAR el operativo antipiquete en la 9 de Julio, aunque no brindaron detalles de cómo fue la detención del militante del PO.
“Nosotros no venimos a pegarle a nadie”, recogió este medio de una alta fuente de Seguridad. Según el relato oficial, el operativo contra la protesta se inició sólo cuando la columna de manifestantes cortó la avenida principal del microcentro. Tanto en la UTEP como en el PO denunciaron que la fuerza actuó sin previo aviso, justo cuando estaban organizando una delegación para reunirse con funcionarios de Sandra Pettovello.
“La policía no hubiera hecho el operativo si no cortaban la calle”, explicaron en la Ciudad. Los agentes estaban ubicados a unas 5 cuadras del histórico edificio cerca al Obelisco. Y, siempre según la fuente oficial, la intención era “desalojar” las columnas hacia el lado de Constitución. También hubo manifestantes que dañaron algunos vehículos, que terminaron con vidrios rotos y hasta partes quemadas.
“Acá se dispara poco”
Mariano tenía un turno el lunes pasado para su cirugía maxilofacial pero desde Devoto no lo llevaron al Pirovano. Se lo reprogramaron para este lunes próximo y en mayo espera también ver a un oftalmólogo. Por esas demoras su defensa presentó un habeas corpus y desde el juzgado que sigue su causa intimaron al penal. Su familia pidió la prisión domiciliaria para poder ellos hacerse cargo de su salud.
En el gobierno porteño se desentendieron de las condiciones actuales de Mariano porque su detención depende de una cárcel federal. CABA no tiene un servicio penitenciario propio, déficit que es parte de un reclamo histórico con Nación por la transferencia total de las competencias judiciales. De ahí se deriva otro flanco en la gestión de Macri: en las últimas dos semanas hubo 4 fugas de las comisarías porteñas, facilitadas por la superpoblación de presos. La Policía local tiene el doble de detenidos que puede albergar: 1940 sobre unas mil plazas. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerlo a niveles y parámetros de seguridad estándar”, se quejó Wolff días atrás en Infobae.
Esa disputa de competencias jurisdiccionales explica que a Mariano lo detuvo la Policía porteña pero en el caso interviene un juzgado federal. Es el N°62 en lo Criminal y Correccional, Secretaría 79, a cargo de Eduardo Manuel Rico. Para la Policía de la Ciudad, durante la detención de Mariano hubo un “enfrentamiento con los malvivientes”, según el reporte oficial al que pudo acceder este medio. Ese relato choca con la versión que denunció el joven y lo que vieron los vecinos. Incluso en el expediente sobre el robo –supo elDiarioAR– se destaca que Mariano no estaba armado ni se habla de “enfrentamiento”.
El caso tomó relevancia por su difusión original en La Garganta Poderosa. El joven está en una situación de consumo de drogas, condición por la que –entienden en su círculo cercano– delinquió varias veces. “No es un chico peligroso”, asegura Ochoteco, quien conoce a Mariano desde que era chico. “No pedimos que se lo exima de la imputación penal por el delito, pero las lesiones que recibió son un abuso policial y una intención de gatillo fácil. Consideramos que el Estado debe reparar ese daño para que el joven luego pueda ser penado”, aseguró a elDiarioAR Paz Ochoteco, coordinadora de la Fundación Temas, una ONG que brinda asistencia comunitaria en la villa 21-24.
En Seguridad defendieron la actuación policial en todo sentido. “Me siento orgulloso del profesionalismo de la policía”, agregó la voz consultada en Seguridad. “En la ciudad no ha aumentado el delito y tenemos muchísima más presencia policial en la calle”, había expuesto Wolff en su entrevista a Infobae.
Ante elDiarioAR en el ministerio aportaron un dato sobre el uso de armas letales: entre que asumió Macri en diciembre y el 3 de abril pasado, hubo “apenas” 15 casos en CABA en que los efectivos porteños abrieron fuego. La estadística se cuadruplicó del otro lado de la avenida General Paz: al menos 66 veces agentes de la Policía local, pero que viven en el conurbano, tuvieron que utilizar sus armas reglamentarias. “Se tienen que defender porque les roban cuando entran o salen de sus casas”, fue la explicación en el ministerio porteño. La conclusión fue tajante: “Acá se dispara poco”.
MC/DTC