En medio de la sesión especial en la Cámara de Diputados que definirá el futuro del veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, en el Gobierno se muestran confiados de poder contar con los votos necesario para sostener la decisión presidencial. Son entre 81 y 84 las voluntades que debe asegurarse el oficialismo para constituir la “muralla” de legisladores que le permitiría, al igual que sucedió con el veto al aumento jubilatorio, dejar sin efecto la normativa sancionada por el Congreso hace pocas semanas.
“Estamos cerca”, deslizó a elDiarioAR una fuente que trajina los pasillos de la Casa Rosada. Es que por más que fue clave la confirmación de que el bloque PRO que conduce Cristian Ritondo acompañará en su totalidad la decisión de Milei, son los diputados de las bancadas “federales” ligadas a los gobernadores los que terminarán de inclinar el fiel de la balanza, ya sea por sus abstenciones o incluso por algunas ausencias. A ese factor, además, se suma otro: el cambio de postura de varios miembros de la UCR.
En la mesa chica del Gobierno destacan un hecho fundamental para consolidar esa tendencia: la reunión que mantuvieron la semana pasada el asesor presidencial Santiago Caputo con el expresidente Mauricio Macri, dos figuras que lejos están de apreciarse mutuamente. Durante el cónclave, que tuvo lugar el jueves en las oficinas de la escribanía que pertenecía al padre de Caputo, ambos dirigentes acordaron refrendar la alianza legislativa entre ambos espacios, aunque el consultor le dejó un punto claro a Macri: que la intención de Milei no es ir hacia un esquema de cogobierno.
Con la posibilidad de repetir el triunfo legislativo del veto previsional, cuando los “87 héroes” evitaron que la oposición insista con la ley que le hubiera permitido a los jubilados recomponer algo de sus ingresos perdidos, en La Libertad Avanza no esconden que su cruzada fiscalista en relación a las universidades constituye, sobre todo, un intento por demostrar “firmeza política”. “El aumento para esas instituciones sería, en el fondo, ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo este mediodía el Presidente durante un discurso en el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
Además, Milei reclamó auditorias en las universidades y planteó que “si estuvieran limpios, el principio de revelación diría que deberían mostrar los números”. Los gremios universitarios rechazaron ayer el aumento del 6,8% para el personal docente y no docente que Capital Humano la noche del lunes. Como jugada de último momento, la cartera de Sandra Pettovello anunció que garantizará un piso de aumento retroactivo a abril pasado.
Así y todo, y más allá del optimismo respecto del desenlace del debate en el Congreso, en el Gobierno trazaron en los últimos días una estrategia que trasciende el ámbito legislativo. Tal y como adelantó la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni, la judicialización es una de las cartas que baraja la Casa Rosada en caso de un revés legislativo. El argumento es que la normativa incumple el reglamento por no especificar la fuente de financiamiento para afrontar un gasto no previsto en el presupuesto general.
Otra alternativa que fue analizada para cubrir el costo del 0,14% del PBI que conllevaría la ley es la de reasignar recursos de partidas previstas para Salud o proyectos de obra pública en las provincias. En el oficialismo son conscientes de que esta decisión podría tensar la cuerda los gobernadores, con quienes el Gobierno se comprometió a girarles fondos para completar los proyectos de infraestructura que quedaron a medio terminar.
PL/MG