El Tribunal Oral Federal número 4 ordenó el decomiso de más de US$60 millones tras el veredicto contra el empresario Lázaro Báez, quien recibió una pena de 12 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado y una multa equivalente a ocho veces el monto de las operaciones juzgadas. En el caso particular del contratista de obras en la provincia de Santa Cruz, la penalidad superaría sólo en su caso a US$480 millones.
La principal operación por la que Báez fue sentenciado consta de un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza y a través de las cuales se habrían canalizado unos US$55 millones entre finales de 2010 y principios del año 2013, según el procesamiento y la acusación en el juicio.
La maniobra que encabezó el exsocio de la familia Kirchner, según la acusación, comenzó a gestarse a finales de 2010, cuando Báez empezó a migrar millones de dólares al exterior a través de financieras del microcentro porteño. El origen de esa fortuna, sostuvo el juzgado de Sebastián Casanello en el procesamiento del empresario, se erige del “extendido esquema de corrupción institucional investigado” en la causa conocida como Vialidad o “corrupción en la obra pública” vial de Santa Cruz, un segundo juicio que atraviesan Baéz junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro Julio De Vido, entre otros.
La condena no fue unánime y dividió al tribunal, según leyó el juez Néstor Costabel esta tarde. Los jueces darán los fundamentos de la sentencia a finales de abril. Uno de los puntos centrales que podrían definir es sobre el origen del dinero presuntamente banqueado y si contemplarán la presunta corrupción en la obra pública como uno de los delitos que originó la fortuna de los Báez en Suiza, además de la repercusión que la sentencia tendrá en el juicio contra la vicepresidenta por el caso conocido como Vialidad y en futuros procesos como el de Hotesur y Los Sauces.
Actualmente, Fernández de Kirchner es juzgada junto a Báez y otros imputados por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz. Tiene pendiente otro juicio por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), también junto a Báez. La vicepresidenta niega todos los cargos en su contra y denuncia una persecución supuestamente orquestada durante el Gobierno de Mauricio Macri.
ED