El padre de Micaela García, niña víctima de femicidio en 2017, expuso hoy ante la Cámara de Diputados durante el debate de la ley ómnibus en comisiones y rechazó las modificaciones que impulsa el Gobierno a la ley sobre violencia de género que lleva el nombre de su hija. Para él, la reforma del Poder Ejecutivo Nacional “es como prácticamente derogar la ley” que busca capacitar a los trabajadores de la función pública en materia de violencia contra la mujer.
A través de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el presidente Javier Milei propone reducir el rango de aplicación de la ley Micaela. En lugar de ser para todos los empleados estatales, de aprobarse la normativa, las capacitaciones pasarían a ser obligatorias únicamente “para las personas que se desempeñan en la función pública en los organismos competentes en la materia”.
En este sentido, Néstor García cuestionó que se pretenda solo capacitar a aquellas personas que ya están interiorizadas en la temática, mientras se suspende la difusión de información entre los demás funcionarios y empleados. También reclamó por la reforma que equipara la violencia familiar a la violencia de género, siendo estas dos formas de maltrato y vulneración de los derechos distintas.
En el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, recordó que la ley Micaela surgió del consenso de todo el arco político y sólo tuvo un voto en contra: el del exdiputado nacional Alfredo Olmedo. “De los diputados actuales, hubo 44 que votaron a favor de la Ley Micaela, y de esos 44 hubo 12 que dieron discursos”, expresó para presionar a los legisladores que planean acompañar la ley ómnibus.
Además, apuntó contra el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, quien había asegurado que se había realizado una gran inversión de fondos públicos para la aplicación de la ley Micaela. “La mayoría de las capacitaciones se realizaron por trabajadoras del Estado Nacional que no cobraron un adicional por realizar esta tarea, sino que hacían una tarea militante”, indicó.
Y concluyó: “No creemos que los problemas económicos en nuestro país tengan que ver con desarmar la Ley Micaela, una le que tiene tan solo cinco años. A pesar de un montón de fallas en su implementación, logró cambios”.
ACM con información de agencias.