Madrid fue una fiesta. El sábado, las calles repletas y los bares abiertos, multitudes por todos lados, desplegaron un festejo que pudo parecer el de un Mundial o una fiesta popular. Pero fue otra cosa: el fin de un instrumento que le otorgó “superpoderes” al presidente Pedro Sánchez para disponer restricciones para controlar la pandemia. En criollo: el fin de la cuarentena española.
Con 78.895 muertos y más de tres millones y medio de contagiados, España atravesó la cuarta ola y empieza, con la primavera, a estabilizarse. Pero en el tránsito, como muchos jefes de Estado, Sánchez dejó hilachas de poder y popularidad.
Días atrás, su partido, el socialista PSOE, perdió por paliza en Madrid donde fue reelecta Isabel Ayuso del Partido Popular, que hizo campaña en defensa de las aperturas. Jugó con las diferencias: Sánchez quedó crucificado en el sitio incómodo del que ordenó confinamientos y Ayuso se paró en las antípodas.
Alberto Fernández se paró, este martes, justo a Sánchez en La Moncloa, una escala de su gira europea en la búsqueda de respaldo a las negociaciones de la Argentina con el FMI por la deuda. Pero el español funciona como un espejo invertido en la administración de la pandemia: trata de despegarse de toda medida dura y espera que el Tribunal Supremo español, un símil de la Corte Suprema argentina, autorice que los gobiernos locales tengan autonomía para disponer restricciones en sus territorios.
Eso lo que desea Sánchez. Que el poder, y el costo político, pase a los alcaldes. Es una discusión inversa a la que Fernández protagoniza en Argentina donde resolvió restricciones sin consultar a CABA, medida que la Corte Suprema cuestionó.
Hasta el sábado, en toda España rigió un “estado de alarma”, una herramienta constitucional que le otorga al gobierno poderes especiales, una figura contemplada para situaciones excepcionales como una pandemia. Sánchez, desde que estalló la pandemia, tuvo que negociar cada 15 días con la oposición para que el Parlamento le apruebe esos superpoderes. A fines del año pasado, logró un plazo excepcional de seis meses.
Pero Sánchez no la tiene segura: como a Fernández, la Justicia puede fallarle en contra y ponerlo en un lugar incómodo. Si resuelve que los gobiernos locales no pueden fijar restricciones, Sánchez deberá o resignarse a que no haya medidas restrictivas a tener que volver a pedir lo que no quiere: que lo empoderen otra vez con el estado de alarma.
Fernández busca, a su modo, algo parecido: que el Congreso fije, por ley, los parámetros “objetivos” que definan el tipo de restricciones según el panorama epiedmiológico.
Espera, como Sánchez de los cortesanos españoles que le den esa herramienta que además de aportar previsibilidad le quitaría de las espaldas todo el peso de las restricciones.
WC