–¿Señor Blaquier, va usted a colaborar con este peritaje?-- preguntaron los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la secretaría de Derechos Humanos en diciembre.
–No.-- respondió el dueño de la papelera y azucarera Ledesma.
Siete años de demora tiene la causa en la que se investigan las responsabilidades de Carlos Pedro Blaquier por los delitos de lesa humanidad, cometidos en el ámbito territorial de la empresa Ledesma en la provincia de Jujuy. Todo estaba listo para que, finalmente, él y su ex capataz Alberto Lemos se sentaran en el banquillo de los acusados por los secuestros ocurridos en 1976 durante las Noches de los Apagones en el pueblo Libertador General San Martín, pero a fines del año pasado un informe médico del Cuerpo Médico Forense y de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó que el empresario no estaba en condiciones cognitivas de afrontar el proceso. Sin embargo, la fiscalía cuestionó tal informe, y presentó un peritaje en disidencia en el que dos peritos afirman que el anciano hombre de negocios simula sus patologías. “De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que el diagnóstico clínico de Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el de simulación”, escribieron los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), tal como consta en los documentos a los que accedió este diario.
La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación llegó a la misma conclusión que el CMF. Sus peritos, de hecho, participaron del mismo examen. En cambio, las querellas del Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos) y de la familia de Luis Arédez (una de las víctimas), así como referentes de organizaciones de derechos humanos, respaldaron el informe de la DATIP. En un escrito firmado por el presidente del Codesedh, Norberto Liwski, dirigido al Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, se señala que no fueron cumplidas las pautas de la Acordada 47/09 de la Corte Suprema sobre el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense en el peritaje elaborado por sus profesionales. En el mismo sentido, los consultores de la DATIP Claudio Capuano y Luis Ohman precisaron que en dicho informe no hubo participación de las partes y que se trató apenas de una conversación de pocos minutos. La primera evaluación había sido en forma remota el 20 de octubre, y la segunda fue presencial el 13 de diciembre en el Palacio de Tribunales, en CABA.
“Es opinión de estos peritos psiquiátricos y clínicos que el señor Carlos Pedro Blaquier tiene un deterioro cognitivo compatible con sus 94 años, estructurados sobre la base de simulación o malingering. Sugerimos además al Tribunal que se trataría de una actitud decidida, obstinada de Blaquier, quien se encuentra en condiciones de estar en juicio en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Procesal Penal”, dijo el Codesedh. “Dicho Cuerpo (CMF) produjo un dictamen basado en estudios realizados al imputado Blaquier, efectuados con anterioridad al ingreso de las actuaciones al mismo”, agregó la ONG. El diagnóstico propuesto por la defensa de Blaquier, encabezada por Jorge Valerga Aráoz, según el informe médico pericial firmado por Ramón Leiguarda y otros tres profesionales indica que el empresario padecería “demencia cortical mixta en fase moderada a severa, falta de conciencia de situación, dependencia del 100 por ciento, minado su juicio, memoria y comprensión”.
A esto, Capuano y Ohman respondieron: “Tanto la evaluación virtual como la practicada por el perito del CMF se realizaron sin respetar las normas de buena praxis pericial, en lo concerniente a la metodología que toda evaluación psiquiátrica debe incluir, los sucesos vitales y las funciones psíquicas, así como la implicación del sujeto en el delito que se le imputa. La entrevista se ha limitado a pocos minutos, lo cual implica la imposibilidad material del análisis del caso. Esta falla metodológica evidencia la imposibilidad de arribar a conclusiones válidas, máxime cuando el imputado manifiesta que no colaborará con la evaluación. Sin embargo, esta cuestión da cuenta de su capacidad para tomar decisiones”. Médicos especialistas en medicina crítica y terapia intensiva y en psiquiatría, respectivamente, precisaron que “las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas presentadas en el expediente fueron realizadas por profesionales de la defensa sin la participación de los peritos de las demás partes”. Capuano y Ohman recordaron que Blaquier también se negó a responder algunas preguntas. “Luego de ello, Ohman continuó haciendo preguntas y el imputado Blaquier intervino en un interrogatorio extenso dirigido con claridad a la evaluación pericial; fue respondiendo diferentes preguntas de su vida cotidiana, lo cual da cuenta de la conservación en ciertos aspectos de la memoria anterógrada (...) respondió con serenidad y firmeza en particular cuando se lo interrogó si entendía el carácter de la imputación y los graves hechos de la acusación penal”.
Según el informe de los consultores de la DATIP, durante la pericia cardiológica Blaquier “colaboró ante órdenes simples, pararse, acostarse”. Y concluyeron ante el fiscal Federico Zureta que “para garantizar a los peritos del Ministerio Público un correcto abordaje del caso se solicite la realización nuevamente de los estudios clínicos, psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, geriátricos, neurocognitivos y otorrinolaringológicos en una institución pública con control de quienes suscribimos el presente informe, a los efectos de obtener un diagnóstico objetivo del estado de salud general de Blaquier”.
Además de las dolencias varias enumeradas en los peritajes, el dueño de Ledesma padecería sordera, pero la misma no está certificada. Un sector de la querella afirma que si fuera cierto que tiene “deterioro cognitivo” le hubieran quitado la firma legal, algo que no sucedió. Sin embargo, desde la defensa de Blaquier afirman que “el peritaje del Cuerpo Médico Forense -de indudable seriedad- se hizo con todas las garantías de confiabilidad y objetividad que debía tener, y su dictamen contó con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto incluyó una pericia por vía remota y dos pericias presenciales con la asistencia de todas las partes además de una serie de estudios clínicos y neurocognitivos realizados por instituciones especializadas de prestigio y otros similares realizados por el mismo Cuerpo Médico Forense”.
Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación lamentó “profundamente” que Blaquier no esté en condiciones de ir a juicio. Y aclaró que los peritos de la secretaría no avalaron sino que fueron parte del informe. “Después de las tres entrevistas no les quedaba ninguna duda de que está senil a nuestros calificados peritos, la secretaría es la que más impulsó este juicio, la que más criticó a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación por la demora en pronunciarse”, dijo a este diario la secretaria de Protección de Derechos Humanos Andrea Pochak. “Con todo el dolor del mundo dijimos que esta persona no está en condiciones de afrontar el juicio, y es por culpa del tiempo que perdió la justicia, ninguno de nuestros peritos está encubriendo a Blaquier, de modo que si llegamos a su inimputabilidad es por culpa de la justicia y no de nuestros peritos, hace diez años estaba en condiciones de ser juzgado”, agregó.
Blaquier está imputado en la causa que se le sigue por los secuestros de Luis Arédez –ex intendente de Libertador General San Martín y ex médico de Ledesma–, Omar Gainza y Carlos Melían, además de otras 17 personas privadas de su libertad entre el 20 y el 27 de julio de 1976. En su resolución, el juez Eduardo Hansen tuvo en cuenta que “los hechos ilícitos relatados fueron expresiones del plan sistemático de represión ejecutado por el aparato de poder del Estado Nacional, con la intervención de los imputados, quienes mantenían una gran influencia y dominio sobre las estructuras sociales, económicas, políticas y territoriales del departamento de Libertador General San Martín, facilitando medios ideológicos (seguimiento e investigación de las víctimas, información,) y logísticos (personal, camionetas, combustible) para perpetrar los hechos”. El dueño de uno de los ingenios más grandes de América Latina deberá responder por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada “en grado de cómplice primario”, y Lemos por los mismos cargos “en calidad de cómplice secundario”. La justicia acreditó que los tres fueron víctimas por su actividad político-sindical. Arédes fue secuestrado de su casa, en presencia de su esposa Olga y sus cuatro hijos. “Cada minuto que pasa es un minuto perdido por la posibilidad cronológica de que Blaquier ya no esté. Siempre es una expectativa, es una espera que lleva 45 años, un trabajo de concientización, de búsqueda de pruebas. La misma espera que hicieron las madres, los padres y los familiares de los desaparecidos, y las esposas y los familiares de los presos políticos de Jujuy”, dice Ricardo Arédes. Luego de la presentación del informe de la DATIP, el Tribunal Oral Federal Jujuy ordenó nuevos estudios para determinar si Blaquier finge o no sus patologías. Es decir, todo vuelve a empezar.
AM