Por primera se juzgará a genocidas por crímenes contra las infancias: “Vimos cómo torturaban a nuestros padres”
“Nos trataron como a un botín de guerra, sufrimos violencia, vimos cómo torturaban a nuestros padres y nos separaron; no merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”, reflexiona Mario Páez, desde Laguna Paiva, una pequeña ciudad ubicada al norte de Santa Fe. Fue secuestrado cuando tenía 14 años, en febrero de 1980, por una patota policial que ya había cometido una seguidilla de detenciones ilegales y que buscaba a su padre, Catalino Páez, fallecido en 2016. En 2025 será uno de los testigos en un juicio oral que sentará un precedente porque el Tribunal Oral de Santa Fe juzgará a cinco imputados por delitos específicos contra las infancias, acusados de abandono de persona como crimen de lesa humanidad, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada, durante la última dictadura cívico militar.
Este juicio, conocido como Laguna Paiva II, comprende a 16 víctimas menores edad, entre uno y quince años, que fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención y 11 sufrieron abandono de persona. Las niñas y niños, arrancados de sus casas junto a sus padres, fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2) o a la Guardia de Infantería Reforzada, “centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe en donde permanecieron en condiciones infrahumanas de vida”, se señaló en la denuncia a la que accedió elDiarioAR y que avanzó por el volumen de las pruebas. “Quedaron absolutamente abandonados a su suerte”, se puntualizó.
En todos los casos, los niños padecieron el despliegue del terror en contra de sus vidas y fueron testigos y víctimas de las amenazas de las patotas de criminales que destrozaron sus hogares, sostuvo Federico Pagliero, uno de los abogados responsables de motorizar la causa, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) Regional Rosario. Los imputados son Antonio Parvellotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe; Eduardo Riuli, ex oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, que al momento de los hechos era secretario del juzgado federal; Oscar Valdéz, ex oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, que ex comisario de la seccional de Laguna Paiva.
–¿Cuál es la importancia de este juicio que se hará en 2025?–, consultó elDiarioAR a Pagliero.
–De este nuevo debate se puede abrir un precedente novedoso para la ampliación de los sujetos de derechos y los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad porque además de las víctimas directas, que fueron los hombres y las mujeres buscados, también hubo familias e hijos abandonados.
–¿El abandono constituye un delito de lesa humanidad?
–Por supuesto y eso surge con claridad de los testimonios. “Sobrevivimos de casualidad”, nos relataron las víctimas que durante los secuestros pasaron hambre, penurias y situaciones muy dolorosas. Busqué antecedentes de estos delitos en los juicios por crímenes de lesa humanidad y no los hay, por lo que será un acto de reparación para estos hombres y mujeres que durante años no se animaron a hablar o no pudieron hacerlo.
–¿Podría aseverarse que el terrorismo de Estado tuvo como objetivo también a las infancias, en algunos casos?
–Es así, porque la persecución genocida no solo se dio contra las personas que tenían militancia política, sino también contra sus familias. Por el valiente testimonio de 16 sobrevivientes, que eran niños en 1980, constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres.
Constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres
La APDH Rosario emitió un comunicado en relación a la causa Laguna Paiva II, cuyo debate oral comenzará en junio de 2025. “Las niñas y niños de Laguna Paiva tendrán su juicio”, se tituló el documento en el que se señala que “es un juicio histórico de lesa humanidad por incluir un delito inédito en la historia de estos debates”. “Se juzgará el abandono de persona en relación a los niños y niñas que fueron abandonados cuando sus padres y madres fueron secuestrados por la patota genocida del centro clandestino 'D2' de Santa Fe”, puntualizó el pronunciamiento.
En diálogo con elDiarioAR, Norma Ríos, de 72 años, miembro honoraria de la APDH a nivel nacional, de la que es su secretaria sobre casos de delitos de lesa humanidad, e integrante de la mesa directiva de Rosario, señaló que “es inmensa” la importancia del juicio. “Hasta aquí, sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres”, sostuvo. “Aunque a algunos los hayan entregado a familiares, es inmenso e inimaginable el dolor de los chicos que durante años callaron esos abusos y torturas. Y hay que sacarlo a la luz. Es preciso poner sobre la mesa la perversión y esa crueldad contra la niñez porque les pasó a muchos y nunca hablaron. Hay que romper con ese silencio y con ese dolor que sobrellevan hombres y mujeres que ya son mayores de 40 años”, destacó la Ríos.
Hasta ahora sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres
La dirigente hizo hincapié en que estos delitos, en este caso, se cometieron en una ciudad pequeña, como Laguna Paiva, que hoy tiene alrededor de 16.000 habitantes, en donde fue difícil romper el silencio por la estigmatización que pesaba sobre los padres de estos niños. “En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'”, contó Mario Páez, quien reconoció que fue duro sacar esos recuerdos. Por eso, Ríos destacó el trabajo del equipo legal.
Sobre ello, el abogado Pagliero, de 37 años, admitió que fue complicado comenzar a hablar con esos adultos sobre lo que les había sucedido en la niñez. “Viajamos mucho a Laguna Paiva, nos encontramos varias veces y eso generó un ambiente de confianza. Tanta, que nos sorprendió que cuando empezaron a hablar los primeros después se sumó el resto y no pararon de recibir información y testimonios. Parecíamos un equipo de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) rompiendo un silencio de más de 40 años”, rememoró. “Hoy somos como una gran familia”, reflexionó.
En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'
El ensañamiento
En el TOF de Rosario ya se realizó en 2021 el juicio “Laguna Paiva I”, también impulsado por la APDH Rosario, cuyo resultado fueron condenas de entre 5 y 6 años, que dejó insatisfechos a los denunciantes pero que fue la punta del ovillo para este segundo juicio. En esa ocasión, fue Mario Páez, de 60 años, el único testigo que era un niño cuando se abordaron los secuestros de su padre, tíos y parientes adultos, todos ocurridos entre febrero y abril de 1980.
En ese primer juicio quedó en claro que el grupo de tareas D2 se ensañó con Catalino Páez y su extensa familia. Una particularidad es que todos los hermanos Páez se casaron con las hermanas Medina, formaron una gran familia en Laguna Paiva y sufrieron en carne propia la persecución estatal.
¿Por qué Catalino? Criado en el campo, trabajó desde joven en el frigorífico Nelson, en Laguna Paiva, en donde se sumó a la militancia político obrera al integrarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y convertirse en la cara visible de la organización sindical La Lucha. Fue protagonista de huelgas, era una voz con fuerte predicamento en su pueblo y fue el responsable de su partidario en la zona, por lo que estuvo en la mira de las fuerzas represivas desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Cuando se producen las primeras desapariciones, el dirigente abandona el pueblo y se aleja a “un exilio interno”, como lo describe su hijo mayor, Mario. De ser una familia en la que se vivía con un sueldo fijo se convierten en nómades que se afincaban en pueblos pequeños para dedicarse durante meses a actividades del campo, como trabajar en cosechas. “A veces, muchas, apenas había para comer”, rememora.
En ese recorrido para escabullirse, Catalino y su familia se instalan en Lima, provincia de Buenos Aires, en donde trabajan en la fabricación artesanal de ladrillos. Antes de dar con el dirigente, las fuerzas represivas secuestraron a Miguel Páez, a su esposa Elva Medina y a sus cuatro hijos. La hija mayor, de 15 años, fue torturada. También caen sobre Graciela Páez y sus cuatro hijos. En la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, se llevan a María Ceferina Páez, a su esposo y dejan a sus cinco hijos abandonados en la casa familiar. La hija mayor, de 13 años, buscaría durante días a sus padres hasta llegar a la comisaría de la localidad, en donde es detenida y sometida a abusos, aunque todavía no pudo darse con la identidad de sus autores, que serían del D2 de Santa Fe. En Seres, finalmente, se llevan a Ramona Páez. Un raid delictivo con el que los genocidas unieron piezas hasta dar con el último destino de Catalino y su familia.
“Nos amenazaban con armas que apoyaban en el cuello”
El 15 de febrero de 1980, Catalino amaneció con problemas de salud y se fue a ver a un médico en el pueblo, recordó a elDiarioAR su hijo Mario. Por entonces, el matrimonio tenía ocho hijos: Mario (14 años), Mónica (12), Ramón (10), Carlos (9), Jesús (6) César (5) y Ceferino, de 18 meses. Juana estaba embarazada de María, de dos meses. Cuando su padre no estaba, uniformados rodearon la humilde vivienda, golpearon a su madre, lo tomaron a él de los pelos y lo tiraron al piso. “A los dos nos preguntaban por mi padre, mientras nos amenazaban con armas que nos apoyaban en el cuello”, recuerda. Una hora más tarde, su padre regresó del pueblo y apenas se dio cuenta de la situación fue encapuchado y golpeado de manera salvaje. Los tres fueron llevados a dependencias del D2, ubicadas en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el centro de Santa Fe. Catalino y su esposa fueron torturados y golpeados. Mario también.
Sus hermanos, agregó Mario, sobrevivieron unos días con la venta de los ladrillos que ya estaban terminados, hasta que una familia vecina los acogió. Después, fueron a parar a servicios sociales del Estado provincial, hasta que fueron recuperados por su madre un mes después, luego de ser liberada. “En ningún caso de los Páez y Medina hubo muertes pero sí una sistemática violación a los derechos humanos. Además de perseguirlos y haberles saqueado sus casas, los dejaron sin nada. Esos niños vieron escenas que jamás olvidarán y que quizás encuentren algo de consuelo en la justicia”, sostuvo el abogado Pagliero. Catalino fue liberado en 1984 y retornó a la militancia.
“La gente se olvida”
En la voz de Mario Páez no hay bronca, ni sed venganza. Relata con tranquilidad cada suceso pero sí salen a la superficie sus dudas, preguntas sin respuestas. “¿Por qué nos pasó esto a nosotros y con ese odio, si mi padre y mis tíos jamás agarraron un arma, eran hombres de trabajo, de campo? ¿Por qué la gente se olvida y prefiere mirar para otro lado? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para que hayo algo de justicia?”. Muchos por qué, que quizás no sean todos respondidos en un nuevo juicio, aunque las familias tienen esperanzas.
Cuando elDiarioAR pregunta cómo recuerda a su padre, Mario se derrumba. Su voz se quiebra. Intenta hablar pero no puede. Hace silencio. Pide disculpas. Como si tuviera que pedir perdón por conmoverse una víctima de la última dictadura cívico militar que vio como torturaban a su padre, al que casi no reconoció por el rostro deformado de los golpes. Y que vio también de qué manera pateaban a su madre en el vientre, pese a que clamaba que no lo hicieran porque estaba embarazada.
“Mi padre fue un hombre comprometido con sus ideas –dice–, con ganas de vivir en un país justo y reivindicaba las luchas de los postergados. No merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”.
DC/MG
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