Del relato a las decisiones de gobierno: un balance alarmante sobre la “memoria cancelada” por el gobierno de Milei

En poco más de siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei empujó hacia un retroceso inédito en las políticas de memoria sobre la última dictadura. Así lo muestra un informe recién publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, con un balance alarmante de lo hecho hasta ahora por La Libertad Avanza.

Bajo el título “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, el documento refleja cómo la promesa de campaña de terminar con el llamado proceso de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en decisiones cotidianas de gobierno. “Pero hay más que eso −señala el informe−. Una de las corrientes que integra el oficialismo tiene como propósito transformar el balance social de la dictadura. Discursos que reivindican la represión clandestina. Elogios al indulto a las cúpulas militares. Visitas a condenados por torturas y asesinatos. Estas acciones buscan relegitimar al Proceso de Reorganización Nacional y reinstalar el ‘algo habrán hecho’”.

Uno de los temas más preocupantes es la postura oficial frente a los condenados por delitos de lesa humanidad. Actualmente hay 642 presos por esos crímenes, de los cuales casi el 80% cumple arresto domiciliario. Un repaso por las declaraciones y gestos de distintos funcionarios en los últimos meses exhibe el alineamiento gubernamental con las agrupaciones promilitares que abogan por la liberación de los represores y cómplices. Javier Milei elogió los indultos de 1989 y 1990 decretados por Carlos Menem, al igual que el procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra. La vicepresidenta Victoria Villarruel llamó a buscar una “solución jurídica” para los condenados. A eso se sumaron las visitas de enviados del Ministerio de Defensa a la cárcel de Campo de Mayo; y de un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza.

En materia de investigación histórica y judicial, el gobierno desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y que durante años había sido un insumo clave para la búsqueda de pruebas jurídicas. En la misma línea, cerró la mesa de trabajo sobre documentos de inteligencia vinculada a la represión ilegal que funcionaba en la ahora ex Agencia Federal de Inteligencia; y mantiene acéfalo el Archivo Nacional de la Memoria, el principal acervo del país con documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente.

En Argentina ya se identificaron 814 sitios que sirvieron como lugares de detención, tortura y/o desaparición durante la dictadura, muchos de los cuales funcionan hoy como espacios de memoria o museos. Desde que asumió Milei, estos sitios fueron desfinanciados en todo el país y el Gobierno despidió a la mitad de los trabajadores de los espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. No sólo se interrumpieron las obras de infraestructura sino también las excavaciones arqueológicas, algunas de ellas para buscar restos de desaparecidos, y las tareas de conservación de espacios que aún hoy son prueba judicial. Además, el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los funcionarios más entusiastas de la línea oficial, avaló un acto reivindicatorio de marinos retirados en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en el que celebraron “haber hecho historia en la ESMA usurpada”.

Otro de los asuntos que tienen en vilo a los organismos de derechos humanos es la actitud oficial frente a la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos que fueron apropiados. Se estima que unas 300 personas, hoy adultas, aún no conocen su verdadera identidad. El Gobierno habilitó por ley la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada hace 20 años para indagar en instancias prejudiciales sobre los casos de chicos sustraídos a sus padres. Por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad comenzaron a negar la entrega de legajos de sus agentes a la Conadi en el marco de los expedientes por apropiaciones.

Uno de los blancos preferidos de la avanzada libertaria son las reparaciones patrimoniales a víctimas de la dictadura, que el oficialismo identifica −al igual que lo había hecho Mauricio Macri− como el “curro de los derechos humanos” pese a que conforman una obligación asumida por el Estado argentino frente a organismos internacionales y que tienen fuerza de ley. Además de haber echado a los trabajadores del área de Leyes Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de Milei ordenó una auditoría de todos los pedidos de reparaciones y suspendió discrecionalmente los pagos hasta nuevo aviso.

El informe del CELS y Memoria Abierta concluye que las decisiones tomadas en los últimos siete meses abrieron un camino que será complejo desandar en el futuro, incluso cuando acabe este ciclo político. “Muchas de estas acciones sólo pueden ser llevadas adelante por el Estado: la recuperación de la identidad de los niños secuestrados; la investigación judicial de las estructuras represivas; la apertura de los archivos. Suspender estas políticas hará un daño difícil de calcular”.

FFB/DTC