Una consultora, el supuesto armado de pliegos y direccionamiento de las concesiones de peajes, sociedades extranjeras, bonos del Estado argentino y un millón de dólares para gastar. Así podría resumirse la trama que compromete a un exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner que ocupó cargos clave en la estructura de la obra pública y cuyo caso dejó expuesto un presunto modus operandi para obtener fondos millonarios de empresas constructoras que licitaron con el Estado Nacional. Nuevamente, el dinero de los peajes que millones de usuarios pagan de su bolsillo al transitar por las rutas quedó envuelto en un caso de presunta corrupción.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este miércoles por presunto lavado de dinero y negociaciones incompatibles a Gustavo Marcelo Gentili, exdirector del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) entre 2008 y 2015, un exfuncionario de bajo perfil pero con una función central: intervenía directamente en las concesiones de los peajes de rutas y autopistas. En 2016, fue blanco de los Panamá Papers por su vinculación con la sociedad offshore Rocma Equities Corporation, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación del juzgado federal número 7, según informaron fuentes judiciales a elDiarioAR, sostiene que Gentili participó en el armado de los pliegos de al menos dos licitaciones públicas que contenían entre los requisitos obligatorios que las empresas contrataran a una consultora, según consta en el procesamiento que le dictó Casanello. Las empresas seleccionadas por el organismo que dirigía Gentili fueron las que contrataron a la empresa que el juez le adjudica al exfuncionario. Casanello prohibió salir del país a Gentili y otros seis procesados en la causa y les dispuso embargos de entre $900 millones y $400 millones.
Una “consultora especializada”
Entre 2008 y 2010, el Occovi realizó dos licitaciones públicas para adjudicar el servicio de peajes de los Corredores Viales Nacionales número 4 (que une Pilar, en la provincia de Buenos Aires, atraviesa Córdoba y culmina en Villa Mercedes, San Luis) y número 8 (entre Luján y San Luis, y entre La Paz y Palmira, en Mendoza). El primero fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por CCI Construcciones y Corsan Corviam Construcciones SA; mientras que el segundo, se adjudicó a Corredor Central SA, una alianza entre Supercemento, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA. No se conocen aún las explicaciones sobre sus motivos para contratar a Consular y si habrían o no incurrido en alguna irregularidad.
El pliego de condiciones exigía que los postulantes realicen sus ofertas con un “aval técnico” de una “constructora especializada” para la realización de estudios económicos y ambientales, informó una fuente con acceso directo al expediente. Los dos grupos de empresas ganadoras son los que contrataron para esa tarea a Consular Consultores Argentinos Asociados SA, que, según la investigación judicial, tenía como socio oculto al funcionario Gentili.
La consultora también seguía interviniendo a lo largo de la concesión, que dura años: debía ser contratada para la elaborar los proyectos de obra e ingeniería para los corredores, según la documentación secuestrada y analizada por el juzgado. Consular se llevaba así el 1,5% de lo que el Estado le pagara por la concesión a las empresas, admitieron dos de los socios ante el juzgado. El patrimonio de la compañía comenzó a crecer rápidamente y según la investigación, adquirió un avión privado.
El supuesto rol de Gentili
Durante los últimos años, se analizaron numerosos documentos, expedientes administrativos y correos electrónicos secuestrados durante una serie de allanamientos a los imputados, incluyendo la casa de Gentili en el country San Jorge Village, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires.
Las ofertas de las empresas eran analizadas por una “Comisión de Concesiones”, presidida por Gentili, que debía emitir las recomendaciones finales. Además, la contratación de la consultora sólo podía modificarse con la autorización previa del Occovi, según consta en el procesamiento.
Consular era una empresa ya conformada y, de acuerdo a los investigadores, Gentili y dos empresarios adquieren la compañía en 2005, sólo que Gentili lo habría hecho a través de un presunto prestanombre: su abogado Ricardo López Naon. El letrado se negó a declarar ante el juez y no presentó escrito con su versión. elDiarioAR no pudo ubicarlo al cierre de este artículo.
Entre las pruebas documentales que constan en la causa, el juzgado halló una carta en la computadora de López Naon, fechada el 15 de mayo de 2005, en la que el abogado se dirige a un tercero para solicitarle que simule prestarle el dinero que usará para adquirir parte de las acciones de Consular. Agrega que representa en la empresa a un amigo, “Gustavo, que es funcionario del Estado”, y en el que sostenía que “Gustavo” era el verdadero dueño de ese dinero pero que al ser funcionario no podía figurar como socio de la compañía ni como quien le prestaba a López Naon el dinero para adquirirla.
En mayo de 2005, Gentili compró una parte de Consular por casi US$125.000, según estableció Casanello. En 2011, una vez concretado el negocio con los corredores 4 y 8, sus acciones son transferidas a una compañía: Sycic. El abogado salió entonces del esquema y José María Gentili, hermano del funcionario, ingresó como titular de las acciones, confirmó el juzgado.
La segunda esposa de Gentili, Laura Andino, también era funcionaria: fue interventora del Estado en Autopistas del Sol (entonces a cargo de un consorcio integrado por Sideco, de la familia Macri). Pero además, trabajó en Consular realizando tareas administrativas, según explicó en un escrito ante el juzgado, en el que sostuvo que no participó de ninguna decisión contable, comercial o financiera.
Gentili y su esposa también utilizaban un Audi A3 que pertenecía a uno de los socios de Consular, explicó el juez, y el funcionario era copiado en los e-mails que intercambiaban los socios de la consultora. Uno de ellos, incluso, registra, hasta 2011, 1.340 entradas al country donde viven Gentili y Andino.
La maniobra de supuesto lavado
En febrero de 2013, López Naón y su esposa adquirieron la compañía Febaro SA, radicada en Uruguay por apenas $160.000, según la investigación. Abrieron una cuenta bancaria en el Citibank. Cinco meses más tarde, Febaro SA recibe un supuesto préstamo de una tercera sociedad por 670.000 bonos BODEN 2015, emitidos por Argentina.
Unos 40 días más tarde, Gentili y Andino adquieren Febaro SA (la declararon como propia ante la AFIP en septiembre) por apenas $186.000, a pesar de que la empresa declaró ese año activos totales por más de $7 millones ante el fisco, que entonces equivalía a más de un millón de dólares, según estableció el juzgado. López Naon continúa como apoderado de Febaro SA.
Casanello determinó que incluso antes de que Gentili y su esposa declararan como propia a la sociedad uruguaya, ya habían comenzado a gastar los fondos de la millonaria cuenta bancaria en el Citibank, afirmó el magistrado en el procesamiento. Los bonos se liquidaban y se transferían a otra cuenta en el Banco Santarder Río, que controlaba el matrimonio investigado. El juez sostuvo que esos fondos provenían de la presunta actividad ilícita de Gentili en la función pública.
Parte de ese millón de dólares pudo ser rastreado por transferencias bancarias y se gastó en los servicios de una arquitecta que reformó la casa de Gentili y Andino en el country San Jorge Village; y en las empresas agropecuarias de la familia del funcionario. Otra parte del dinero tiene un destino incierto aún para la Justicia, sostiene el procesamiento.
La versión de los imputados
El juez también procesó a la esposa de Gentili; al hermano del exfuncionario, José María Gentili; y a otros cinco allegados y socios del principal acusado que, según el juez, participaron de la maniobra colaborando en ocultar .
Antes de dirigir el Occovi, Gentili ya había oficiado como gerente de Planeamiento, Investigación y Control de la Dirección Nacional de Vialidad desde 2004. Su responsabilidad era planificar las obras viales. Ambos organismos, Vialidad y Occovi, estaban bajo la órbita del entonces ministro Julio De Vido.
Durante su indagatoria, Gentili se negó a declarar pero presentó un escrito en el que negó su participación en los hechos; sostuvo que en el análisis de las licitaciones investigadas habían participado unas 40 personas; que se aceptaron las ofertas más económicas para el Estado; y que su dictamen a favor de adjudicar los peajes a las dos empresas ganadoras no era vinculante.
También aseguró que su relación con uno de los socios de Consular comenzó en 1987 y que el abogado (López Naon) realizó varios trabajos legales para Gentili, como la sucesión de sus padres, el divorcio de su primera esposa y actos comerciales y financieros. Definió su relación como una amistad laboral, según consta en el escrito presentado por su defensa. Los correos electrónicos secuestrados demuestran una relación directa entre Gentili y López Naon. El abogado, además, integraba el directorio de empresas de la familia de Gentili.
elDiarioAR intentó comunicarse este miércoles con el exfuncionario y su esposa a través del teléfono personal de Gentili para ampliar las versiones de los hechos de todos los procesados, pero al cierre de esta nota no había contestado.
El hermano de Gentili afirmó en un escrito ante el juzgado que su único vínculo comercial con el exfuncionario es a través de una empresa ganadera que pertenece a su familia desde hace unos 105 años, ubicada en el Chaco. Aseguró que no tiene relación con Consular.
Durante 2020, el gobierno de Alberto Fernández ordenó que las concesiones, tanto de estos dos corredores como del resto, quedaran a cargo de una empresa del Estado: Corredores Viales SA.
*Esta nota se modificó el 2 de abril a las 20:43 para editar información relativa al expediente.
ED