El debate que rodea al polémico mega DNU de desregulación económica firmado por Javier Milei volvió a calentarse en las últimas horas. Este lunes, un grupo de nueve senadores de distintos bloques presentó un pedido para que el Senado lo discuta en sesión especial, pero la solicitud fue ignorada por Victoria Villarruel. “Por ahora no se le dará lugar”, aseguraron desde el entorno de la vicepresidenta. Sucede que la información que llega desde la Cámara alta no es precisamente auspiciosa para los intereses del oficialismo. Según los cálculos que realizan en La Libertad Avanza, son 40 los legisladores que se le opondrían, número suficiente para alcanzar el rechazo. Una situación que, de ocurrir, sería casi inédita: solo una vez en la historia una cámara votó en contra de un decreto del Poder Ejecutivo.
En plena guerra con los gobernadores, no está en los planes de la Casa Rosada dar el brazo a torcer. “No estamos previendo que pueda rechazarse el DNU”, señaló el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi, en diálogo con elDiarioAR. El mendocino sostuvo que “ir para atrás” con el decreto “no sería adecuado” ya que “la gente está reclamando un cambio urgente”. En ese sentido, apuntó que tanto este DNU como la fallida ley Bases “son herramientas que, en la medida que el Congreso acompañe en aprobarlas, permitirán salir mucho más rápido de la crisis terminal que tiene Argentina”. Y remató: “Mientras pongan excusas para no tratarlo o eventualmente rechazarlo, están yendo en contra de lo que la Argentina quiere”.
En esa misma línea, esta mañana, Manuel Adorni descartó que el destino del voluminoso decreto, que incluye la derogación de más de 300 leyes y la modificación otras tantas más, se encuentre atado al conflicto que mantiene Milei con el mandatario chubutense Ignacio Torres. “No consideramos que una cuestión que tenga que ver con el ámbito legislativo, y en materia de libertades, pueda ser opacada porque algún gobernador pueda no estar de acuerdo con determinadas políticas fiscales que está implementando el gobierno nacional”, apuntó el vocero presidencial. Una consideración muy distinta a la compartida por el senador entrerriano Edgardo Kueider, del bloque Unidad Federal, que afirmó en declaraciones a CNN Radio que el enfrentamiento del Presidente con los gobernadores “puede acelerar o facilitar la intención de tratar el DNU”.
Idas y vueltas
La semana pasada, tras varios tires y aflojes, quedó conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo. El factor tiempo se volvió crucial en el debate hasta ahora, porque según la ley la comisión debería haber dictaminado sobre el decreto a más tardar el 22 de enero pasado (es decir, diez días hábiles contados desde que el jefe de Gabinete envió el decreto al Congreso, el 5 de enero). Recién la comisión bicameral se concretó la semana pasada.
Además de la presión de los federales de este lunes, el kirchnerismo ya había exigido en el Senado ante Villarruel que abra el recinto para discutirlo (amparándose en el artículo 20 de la ley, que habla de un “inmediato tratamiento” si la comisión no eleva despacho en diez días), pero la vicepresidenta mantuvo su férrea posición en contra, al aducir que contaba con potestad absoluta sobre la Cámara alta. La estrategia libertaria de posponer la discusión tiene su propio límite en el comienzo de las sesiones ordinarias.
A partir del 1 de marzo, la oposición puede presionar en ambas cámaras para que el DNU se trate en los recintos. Sin embargo, no faltan en sus filas quienes se muestran poco optimistas. “Hay muchas expresiones públicas, pero a la hora de dar quorum no están”, dispararon, sugerentes, desde la bancada peronista. El decreto de Milei está vigente, salvo algunos capítulos suspendidos por la Justicia, como el referido a la reforma laboral. La excepcionalidad de este instrumento de gobierno hace que se mantenga en pie sin todavía haber pasado por el Congreso. Y así seguirá, a menos que las dos cámaras lo rechacen.
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