«Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido?», es una frase atribuida por error al filósofo George Berkeley, debido a que en su trabajo Tratado sobre los principios del conocimiento humano (1710) considera que «los objetos sensibles existen solo cuando son percibidos; los árboles por tanto están en el jardín [...] solo mientras haya alguien para percibirlos».
Si el sonido es vibración –transmitido a nuestros sentidos a través del mecanismo del oído, y reconocido como sonido sólo en los centros de nuestros nervios– la caída del árbol o cualquier otro disturbio producirá una vibración en el aire, cabe preguntarse en un plano menos metafórico qué pasa cuando la caída de otro objeto causa una alteración en el ambiente, tal como lo ha hecho en las últimas semanas la ley ómnibus en el sistema democrático argentino.
Tal es la disrupción que en los últimos días más de 100 organizaciones de la sociedad civil e investigadores de la Región Chaqueña argentina (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y parte de Santa Fe) salieron a rechazar las modificaciones ambientales del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Las ONGs resaltan que la modificación de estas leyes ambientales, “no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en el paquete de reformas”.
A pesar de los centenares de publicaciones científicas nacionales e internacionales que reúnen evidencia científica sustancial –y suficiente que respalda la necesidad de cumplir con la progresividad ambiental en ecosistemas de alta fragilidad ambiental y social de nuestro país, como es la Región Chaqueña– resulta necesario reafirmar ciertas nociones desde esta columna de opinión ante los ojos de la sociedad.
El único bosque subtropical seco del mundo
Esta región contiene la mayor reserva mundial del único bosque subtropical seco del mundo. Es imperativo reafirmar que los ecosistemas que eliminamos, no podrán restaurarse de manera integral, su alta biodiversidad y los complejos procesos ecológicos que contienen ya no se recuperan. En las últimas décadas ha sufrido las mayores tasas de deforestación del país, y es actualmente la segunda masa boscosa más amenazada del planeta, después del Amazonas. Por lo que es imprescindible que se respete la progresividad ambiental para éste y otros ecosistemas de importancia global.
Las modificaciones en materia ambiental que propone la “ley ómnibus” conlleva riesgos sociales, ambientales y territoriales extremadamente graves. Las leyes de protección de los bosques, glaciares, control del fuego, pesca e incluso la de cambio climático y la ley de semillas fueron construcciones colectivas alcanzadas mediante el diálogo y consenso de muchos sectores.
Este proceso acelerado, sin debate legislativo suficiente, excluyendo las voces de la ciencia y de los sectores más vulnerables directamente implicados como los campesinos y pueblos indígenas, es un retroceso democrático e institucional irreparable para nuestro país. Asimismo, aprobar las modificaciones que propone la ley ómnibus conlleva el incumplimiento directo de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
Una ley poco implementada
Como otros sistemas naturales del país, la Región Chaqueña argentina requiere de una Ley de Bosques fortalecida y cada vez mejor implementada. Los bosques nativos, además de su riqueza y valor intrínseco, dan servicios ecosistémicos protegiendo los suelos contra la erosión y desertificación, retienen agua mitigando inundaciones y dan sostén y hogar a miles de familias indígenas y campesinas que se verán aún más forzados a migrar a barrios periurbanos, agravando su condición socioeconómica.
Esta ofensiva libertaria sobre el ambiente coincide con la publicación del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino de Greenpeace: desaparecieron más de 125.000 hectáreas de bosques nativos para facilitar el avance de la frontera agropecuaria. Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática.
La tendencia global de los mercados de la UE, sumado a los compromisos de los países del Cono Sur hacia desarrollos cada vez más sostenibles, con protección de su diversidad natural y cultural, son claros y contundentes. Con la regresión ambiental propuesta en la “ley ómnibus”, Argentina se muestra como un país incapaz de sostener acuerdos internacionales y canales de comercio en el contexto global actual, poniendo en riesgo la propia economía de la región chaqueña.
La “ley ómnibus” propone modificaciones estructurales y pretende habilitar desmontes hoy prohibidos por la Ley en las categorías roja (I) y amarilla (II) ya que fueron categorizados según su alto y mediano valor de conservación, para garantizar su conservación y uso sostenible en el tiempo. Al tiempo que eliminan el régimen informativo que deben cumplir quienes realizan actividades productivas vinculadas a dichos ecosistemas, y el sistema integral de relevamiento y diagnóstico que tenía a su cargo el Estado Nacional, entre otros instrumentos.
A esto se suman cambios en la Ley de Control de Actividades de Quema - facilitando el avance de fuegos intencionales que aumentan el riesgo de incendios descontrolados en toda la región chaqueña por sus condiciones tanto climáticas como naturales - y en la Ley de Pesca, Ley de Glaciares, con implicancias y nivel de gravedad similar a las expuestas aquí para una región importante del norte argentino.
Por último, los científicos solicitan el financiamiento del CONICET y sostén del sistema científico argentino para continuar nuestra labor de reconocida calidad a nivel internacional y que aporta información valiosa y clave para el desarrollo sostenible de nuestro país.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Muchas veces pareciera que en Argentina el medioambiente no le importa a casi nadie. La presidencia de Alberto Fernández fue un fracaso en materia ambiental. Desde el nombramiento de un inexperiente en el área como Juan Cabandié se avizoraba un notable desinterés en ésa área por parte del gobierno, principalmente en lo que respecta al encajonamiento de la Ley de Humedales, la cual hasta formó parte de la campaña del 2021.
Aunque se lograron avances modestos en lo que respecta a la Ley de Fuego y a la expansión de áreas naturales protegidas– junto con la creación de nuevos Parques Nacionales -–el Frente de Todos dejó pasar el tren de una coyuntura regional favorable –Lula en Brasil, Petro en Colombia y Boric en Chile– en su último año de gestión, siendo incapaz de implementar iniciativas como el canje de deuda por acción climática, que quizás hubieran servido para dejar un legado en materia de instrumentos ambientales a escala internacional.
A nivel provincial, también hubo falencias. El denominado ‘Eco-Token chaqueño’ que Jorge Capitanich presentó ante el Banco Mundial en Washington a principios del 2022 - cuando todavía tenía ambiciones presidenciales - nunca llegó a implementarse, pero lo peor es que dejó la cuestión forestal y la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en su provincia para el último tramo de su campaña a la reelección, y perdió. El nuevo gobernador, Leandro Zdero, también disolvió el Ministerio de Ambiente ni bien asumió en el puesto.
El gran movimiento de masas que supo ser el peronismo hoy está fragmentado y en crisis, sin una hoja de ruta clara ni un proyecto de desarrollo sostenible que ofrecerle al país. De momento la sociedad sigue firmando solicitadas para salvar las leyes ambientales, esperando a que suceda un milagro.
Regresión ambiental
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) rechazó categóricamente la versión de dictamen del proyecto de ley ómnibus que actualmente se encuentra en circulación, por considerar que este dictamen, aun con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte.
Si la sociedad argentina desea proteger sus bienes comunes debe rechazar la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades, sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas” –un año más otro año prorrogable por el Congreso– puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la situación de volver a imponer –ya sin la intervención del Congreso de la Nación– las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley.
La AAdeAA explica que las Facultades Delegadas –expresamente prohibidas por la Constitución Nacional– provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación –por decisión del parlamento– adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional.
Si una ley está por caer en el Congreso y nadie está cerca para defenderla, ¿sigue existiendo la democracia? Debe rechazarse toda la ley ómnibus, sin otorgar siquiera 15 minutos de facultades delegadas y definitivamente nada de prórroga.
JR/MG