Uno de los candidatos de Javier Milei para el ministerio de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue uno de los funcionarios de Mauricio Macri con más cuestionamientos por su desempeño en el Banco Central y en el ministerio de Finanzas. Tiene varias causas judiciales en su haber pero se ahorró hasta el momento declarar en los tribunales federales de Comodoro Py, una virtud de la mayoría de los integrantes del gabinete de Cambiemos.
Desde el ocultamiento de sus acciones en una sociedad offshore que manejó fondos millonarios en las Islas Caimán hasta su rol central en el acuerdo por el préstamo récord del Fondo Monetario Internacional, Caputo ha sido eje de controversias y denuncias.
Caputo es primo de Nicolás “Nicky” Caputo, “amigo del alma” del expresidente y hombre cercano al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de quien se inclinó en la interna de Juntos por el Cambio. Es un ex Colegio Cardenal Newman, como Macri y Nicky y se desempeñó en el JP Morgan, Deutsche Bank y tuvo su propia sociedad de Fondos Comunes de Inversión, Axis.
El préstamo del FMI
Actualmente, es uno de los imputados en la causa penal por el acuerdo con el FMI, el mismo firmado por el gobierno de Macri en 2018 y que implicó un endeudamiento por US$45.000 millones. La causa está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi. El préstamo, el más grande en la historia del organismo, es el mismo que tiene a la Argentina negociando con el FMI condicionamientos como el ajuste del gasto público y la devaluación del peso.
El propio FMI iniciará una investigación interna por la presunta fuga de capitales derivada del préstamo. El caso estará a cargo de la Oficina de Evaluación Independiente, autónoma del directorio del organismo.
Los supuestos delitos denunciados en la causa contra Macri y Caputo, entre otros funcionarios, son “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”. La causa incluye una querella criminal presentada por el gobierno de Alberto Fernández en 2021.
Según la Oficina Anticorrupción (OA), el préstamo con el FMI fue “destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”. Es decir, se terminó fugando al exterior a través del pago de deuda a privados.
Caimán
Los límites entre los negocios privados y las relaciones con el poder público le han traído a Caputo dolores de cabeza y otro frente judicial. El exministro ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales.
Caputo, que negoció como funcionario con los fondos de inversión denominados “fondos buitres”, no informó que era co-propietario de Noctua, una empresa con sedes en Miami y Delaware, Estados Unidos, que administra fondos de inversión con sede en Islas Caimán. El caso salió a la luz en 2017 gracias a la filtración de los Paradise Papers, publicados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Caputo no sólo ocultó haber sido accionista indirecto de Noctua hasta al menos julio de 2015. También lo negó cuando el caso fue publicado, pero los documentos de la propia compañía presentados ante las autoridades de Estados Unidos revelaron lo contrario: Noctua define a Caputo como su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto” y describe las funciones que además cumplía como mánager y asesor financiero de la empresa.
Noctua fue conformada a través de varias sociedades offshore, que son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear porque Caimán garantiza el secreto.
Al menos hasta julio de 2015, Caputo tuvo más del 75 % de las acciones de Princess. Esta empresa era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, de Caimán), que a su vez es la “dueña directa” de Noctua, de acuerdo a los documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo que controla a las empresas que operan en la bolsa de Nueva York.
Caputo tuvo “control” sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario de Macri, de acuerdo a los documentos.
Sin embargo, Caputo nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción que trabajó para esta empresa ni que a través de ella manejó fondos de inversión que invertían en bonos de la deuda argentina en default. Tampoco declaró que figura como accionista de la sociedad Princess International Group, también de Caimán.
Las revelaciones periodísticas le valieron una causa por haber ocultado la información al asumir como funcionario. El expediente está radicado en el juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía de Carlos Rívolo que aún continúa abierta desde finales de 2017.
También en 2017, el entonces fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que formaba parte el entonces ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que Caputo fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió en la función pública. Ese fondo era Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.
Lluvia de inversiones
Caputo está actualmente detrás de un negocio multimillonario en la Ciudad de Buenos Aires. Junto al también exfuncionario de Finanzas, Santiago Bausili, organizó a través de su consultora Anker Latinoamérica SA el fideicomiso para financiar una megaobra en el ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo: Espacio Gigena, como reveló elDiarioAR.
El emprendimiento inmobiliario multimillonario es construído por un grupo privado en un espacio público concesionado por el Gobierno porteño, ya que es terreno público: el viejo estacionamiento del Hipódromo de Palermo, sobre avenida Dorrego y Libertador.
Paseo Gigena es definida por sus ideólogos como “un legado arquitectónico para la Ciudad”, pero implica también un jugoso negocio para las empresas involucradas en la obra. Se invertirán más de US$46 millones, según los privados, cuyos selectos inversores podrán recuperar en unos siete años.
Los alquileres de las oficinas y cocheras de Paseo Gigena cotizan en US$30 el metro cuadrado. El gobierno de Rodríguez Larreta cobrará un canon en pesos, que en el mejor de los casos corresponderá a alrededor del 15% de la ganancia de los privados por explotar el terreno público. La Ciudad no puede cobrar en dólares, según explicaron fuentes del Ejecutivo porteño.
ED/DTC