El sábado 5 de agosto de 2017 a las 18.50, una camioneta Honda CVR de color gris volcó sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 2906, en Tierra del Fuego. En el accidente falleció una joven de 17 años, Candela Torres. El conductor del vehículo era Pablo Hernández, de 36 años, a quien la justicia penal de la ciudad de Río Grande le imputó el presunto delito de “homicidio culposo”.
El caso quedó en manos del juez Raúl Nadim Sahade. Se trata del mismo magistrado que al año siguiente se haría cargo de una del as causas más escandalosas de la provincia, la que investigaba al gobernador Gustavo Melella por presunto abuso sexual a tres obreros de la construcción, cuando era intendente de Río Grande.
Como abogada de Hernández se presentó María Angélica Naveas Lagos, una ex compañera de estudios del juez en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Uces) de Río Grande.
Con el avance de la investigación, Hernández comenzó a dudar de su abogada, quien le pedía reiteradamente dinero para fines no muy claros. Y lo que empezó con una sospecha terminó con una denuncia penal por extorsión del cliente a su representante legal.
Se abrió entonces otra causa con Naveas Lagos como sospechosa. Y el juez interviniente, Daniel Cesari Hernández, ordenó allanar el estudio jurídico de la abogada y secuestrar y peritar su teléfono celular.
Lo que apareció allí fue inesperado. Una serie de intercambios entre la letrada y el juez Sahade (su ex compañero de estudios) a propósito de la causa derivada del accidente.
Desde agosto de 2017 hasta fines de 2019 figuraban, entre otros, los siguientes diálogos:
-Abogada: amigo, me tenés abandonada. No sé si es por mi deuda o qué. Tengo paradas todas las causas penales en tu juzgado. Ninguna salió. Nada. Me quiero matar. Mis clientes me colgaron. Todos. Hasta no ver algo. Auxilio. Si no no te voy a poder pagar. Te voy a tener que pagar en género. Porfi, amigo. No abandones a tu amiga. Necesito la de (menciona un apellido). Necesito la de (menciona otro apellido). Auxilio (11/3/2019 a las 9.16)
-Sahade: Están todas para resolver. Ahora las veo. Nunca te soltaría. Menos por plata. (11/3/2019 a las 9.17)
-Abogada: Ya no me recibís. No me invitas un café. Me tenés completamente abandonada. Pero si recibís a algunas de las chicas de pollera y bombachita fácil (11/3/2019 a las 9.18)
-Abogada: Buen día, amigo (19/11/2019 a las 8.57)
-Sahade: Holaaaa (19/11/2019 a las 8.59)
-Abogada: Necesito esta causa. El tipo se quiere ir del país y quiere estar tranqui. Porfi amigo. (19/11/2019 a las 9.00)
-Sahade: Ahora la veo (19/11/2019 a las 9.01)
-Sahade: Ahí te conseguí un modelo (19/11/2019 a las 9.32)
-Sahade: Soy un genio. Jajaja (19/11/2019 a las 9.34)
-Abogada: Si?? Sos el más?? Bueno a esperar que conteste la fiscal. Y lo meto (19/11/2019 a las 9.40)
-Sahade: Metelo independientemente de la fiscal. Modificalo con tus palabras (19/11/2019 a las 9.44)
-Abogada: Claro que sí. Por supuesto. Quedate tranqui (19/11/2019 a las 9.45.)
-Sahade: Eso lo presentás en Ejecución. Y después me presentás en mi causa copia de la presentación, con el recibido, haciéndome saber la petición de probation (19/11/2019 a las 9.46)
-Abogada: Siii (19/11/2019 a las 9.47) (5).
Cuando los intercambios se hicieron públicos, el que comenzó a ser investigado por arreglar causas de su juzgado fue el juez Sahade. En noviembre de 2020 el entonces fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini, le imputó el presunto delito de “cohecho”. Además, el juez Cesari Hernández allanó el juzgado de Sahade, secuestró varios elementos y ordenó pericias. Parecía todo encaminado hacia un procesamiento del magistrado, hasta que algo cambió.
Sahade tenía en sus manos una de las causas más calientes del momento: la acusación contra el gobernador Gustavo Melella por el presunto abuso sexual de tres obreros de la construcción. Era un caso de gran efervescencia, revelado en 2018 por Infobae, y que sin embargo no registraba ningún avance.
Acorralado por su situación personal, Sahade desempolvó el expediente Melella. Y ordenó una pericia psiquiátrica sobre el mandatario, además de volver a citar a los denunciantes para que declarasen.
A partir de allí, como si fuera un sofisticado reloj de precisión, empezaron a concatenarse una serie de acontecimientos beneficiosos para todas las partes.
En febrero de 2021, Sahade no solo suspendió la pericia psiquiátrica sino que además sobreseyó a Melella de la causa de los abusos. Según el magistrado, los tres denunciantes habrían mantenido relaciones sexuales consentidas con el gobernador y por esa razón decidió archivar el expediente.
Y en junio del mismo año, Cesari Hernández sobreseyó a Sahade en la causa del presunto arreglo de causas en su juzgado.
En el medio sucedió algo más: en marzo de 2021, Melella designó a Ernesto Loffler como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia, gracias a una ampliación del organismo de tres a cinco miembros aprobada por la Legislatura fueguina.
El acceso de Loffler, integrante de una de las familias más poderosas y con mayor influencia política de la provincia, al máximo tribunal fueguino, permitía garantizar la solución para un eslabón débil de la cadena de intercambios: el Consejo de la Magistratura donde Sahade había sido denunciado por mal desempeño.
Loffler fue designado presidente del Consejo y como fiscal acusador del organismo fue nombrado José Rodas, integrante del estudio jurídico Loffler en la ciudad de Río Grande.
En definitiva, el Consejo de la Magistratura fueguino se reunió a principios de mes y resolvió el rechazo del pedido de jury contra Sahade, que de esta forma quedó libre de acusaciones, ya sea en la faz penal como en la del ámbito del organismo encargado de juzgado su desempeño.
El “Sahade Gate” como la prensa fueguina bautizó el caso quedó definitivamente cerrado y archivado a pesar de las múltiples pruebas que lo movilizaron, al mismo tiempo que el gobernador Melella quedó desvinculado de las acusaciones de abuso y el juez Loffler logró su propósito de consolidar su poder real y formal en la cuestionada Justicia del Fin del Mundo.
GR