El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, hizo público en su cuenta de Twitter que renunció a sus cargos, tras la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el tribunal oral y público de Paraná, Entre Ríos. “Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del Presidente mi renuncia como embajador”, afirmó el funcionario. Esta noche, el presidente Alberto Fernández aceptó su dimisión, aseguró una fuente oficial a elDiarioAR.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales. Urribarri fue condenado por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia. “El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, afirmó Urribarri.
Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado, ya que las investigaciones datan de alrededor de seis años. En octubre de 2020, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostenta Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra.
El exgobernador tiene tres instancias revisoras: el tribunal de Casación de Entre Ríos, el Tribunal Superior de Justicia provincial y la Corte Suprema de la Nación. El proceso hacia una posible condena firme podría demandar años por lo que todo indica que esperaría ese lapso en libertad.
El ex gobernador entrerriano es el primer funcionario del Gobierno en recibir una pena por corrupción, si bien los hechos investigados son anteriores a su asunción como embajador. El exgobernador (2007-2015) sostuvo durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución. Podrá apelar en libertad la sentencia condenatoria ante la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos y hasta dos instancias más.
Los casos
El juicio concentró cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos. El legajo principal es conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. La acusación sostuvo que dos publicistas de las empresas Tep y Next habrían aceptado figurar como beneficiarios de contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte de los pagos al entorno de Urribarri. Las compañías llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.
El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los fiscales aseguraron que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.
La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.
ED y DA