La defensa del empresario santacruceño Lázaro Báez pidió este martes la “absolución” de los cargos de asociación ilícita y administración fraudulenta contra la administración pública y planteó la nulidad parcial del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
A estos últimos, les volvió a atribuir “mala fe procesal” al “esconder” elementos que iba a utilizar para la acusación, con el objetivo de “sorprender” a las defensas y generar “un efecto mediático”.
“No legitimen esta mancha oscura, siniestra y triste de la historia de la justicia federal argentina”, pidieron los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado al Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2013.
En el tramo final del alegato de defensa, los abogados embistieron contra la denunciada violación de la defensa en juicio contra Lázaro Báez, detenido desde hace más de seis años sin condena firme, a raíz de las escuchas ilegales que padeció en la cárcel de Ezeiza.
En ese sentido, lamentó que pese a “haber traído prueba de otros expedientes, incluso contradiciendo lo que les había prohibido el tribunal, no dijeron ni una palabra sobre esta situación”. Según la defensa de Báez, “la acusación fue derrotada totalmente durante el juicio”.
Además, los letrados plantearon una “excepción de falta de acción” porque 49 de las 52 obras públicas en Santa Cruz que están en juicio ya fueron juzgadas, sobreseídas y esas sentencias tienen hoy fuerza de “cosa juzgada”.
“La fiscalía vino a hacer a este juicio algo que tiene expresamente prohibido: derecho penal de autor”, disparó el abogado Juan Martín Villanueva, al embestir contra el alegato de Mola y Luciani, en la última jornada del alegato de la defensa.
Villanueva descartó la existencia de una asociación ilícita, por la que acusaron los fiscales, ya que –a su entender- quedó descartada la “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, base de la imputación.
“Hemos demostrado que no hubo fraude contra el Estado y, teniendo en cuenta que la asociación ilícita, según los fiscales, tenía ese objetivo, no puede existir asociación ilícita si no hubo administración fraudulenta, cosa que ya hemos probado”, arremetió.
Pese a descartar la existencia de una asociación ilícita, Villanueva y su colega Ariel Liniado igualmente dedicaron la jornada de hoy a refutar los argumentos de la fiscalía sobre ese particular.
En ese aspecto, hicieron hincapié en los dictámenes del fiscal Guillermo Marijuán y los fallos de la Cámara Federal de Bahía Blanca –a los que citaron- de dejaron trascender que se había “manipulado y forzado” prueba para enrostrarle esa figura.
Más aún: apuntaron a la figura del ex agente de la AFIP Jaime Mecikovsky, señalado como uno de los “armadores” de la acusación contra Báez, a quien le atribuyeron haber “mentido” al declarar como testigo en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.
Villanueva les reprochó a los fiscales que, sabiendo que Mecikovsky está imputado en otra causa y llamado a indagatoria por presuntas maniobras irregulares contra adversarios políticos del gobierno de Cambiemos, igualmente lo hicieron declarar como “testigo, bajo juramento de decir verdad, con la posibilidad cierta de autoincriminarse”.
“Cuando Mecikovsky vino a declarar a este juicio en realidad se estaba defendiendo. La fiscalía lo sabía e igualmente lo hizo declarar como testigo. Entonces, mintió. Pero no vamos a pedir que se extraigan testimonios para investigarlo porque nosotros sí respetamos el debido proceso”, proclamó el defensor.
La defensa de Báez también cuestionó la incorporación de la información obtenida del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López en el marco de otra causa como parte de los elementos utilizados por los fiscales en la acusación.
Villanueva recordó que esa información estaba disponible desde agosto de 2016, que los fiscales conocían de su existencia cuando formularon el “pedido de prueba” para el juicio en 2018 y que pudiendo haberla incorporado durante el propio debate, “eligieron esconderla para sorprender a las defensas”.
La defensa les atribuyó a los fiscales “mala fe procesal”, puesto que –sostuvieron- no permitieron el control de la prueba, ni la confrontación durante el debate y “la escondieron” hasta el momento del alegato.
Pero además, Villanueva mostró que del teléfono de López se obtuvieron 27.467 mensajes de texto y Whatsapp y 6.023 llamadas, y sólo se registraron tres contactos con Báez, “en que Lázaro le pedía que le respondiera un llamado”.
“Con otros empresarios hubo cien veces más comunicaciones, pero los fiscales hicieron hincapié en tres comunicaciones, la más importante de las cuales Lázaro la decía a López: ´compañero, ¿me puede llamar?’”.
En ese punto, Villanueva descalificó la acusación del fiscal Luciani, quien hizo hincapié en que Báez llamó “compañero” a López.
“Luciani es argentino y vive aquí. Él sabe que los peronistas se llaman entre sí ‘compañeros’. Los peronistas llaman ‘compañero’ hasta al perro. ¿Cuál es el sentido que pretende darle a ese término?”, se preguntó.
Con información de NA.
IG