Cuando en 2019 Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil implementó una versión carioca del “Plan Motosierra”. Eliminó de un golpe varios ministerios y reformateó otros. Entre ellos el de Mujeres, que pasó a ser el de Mujer, Familia y Derechos Humanos y fue puesto a cargo de Damares Alves, una pastora evangélica que había jugado un rol clave en la captación del voto más humilde, históricamente seducido por Partido de los Trabajadores (PT).
Su recompensa fue ese ministerio y desde allí se dedicó por cuatro años a torpedear lo que tanto ella como Bolsonaro llamaron “ideología de género”. Se opuso no sólo a toda política de salud sexual (de hecho, y siguiendo el modelo evangélico del la campaña “Eu escolhi esperar”, llegó a promover la abstinencia como método para evitar el embarazo adolescente) sino que también vulneró la ley al forzar la maternidad en caso de violación. En 2020, una nena de siete años violada por su tío debió peregrinar en busca del aborto que la ley le garantizaba y que la ministra decidió impedir.
En ese contexto, que el primer invitado internacional del presidente electo sea Jair Bolsonaro fue un toque de atención (uno más) para los colectivos feministas. ¿Qué se puede esperar de una fuerza política cuya principal figura insulta y maltrata mujeres en público al tiempo que se rodea de voces que- unidas hoy en el bloque de La Libertad Avanza- piden la derogación de la ley de IVE?
“Toda la campaña de Milei fue una campaña violenta, de una violencia inusitada en las redes que luego se manifestó en episodios en la calle. Creo que eso, lamentablemente, va a persistir”, señala Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia. “Hay un corrimiento de los límites que tiene que ver con que -si bien hemos alcanzado un estándar muy alto en leyes- todavía no hemos alcanzado el mismo estándar en cambios culturales. Para mucha gente, el avance legal de las mujeres, del feminismo y de la diversidad sexual fue una imposición y eso generó una posición de hostilidad. Por eso es lo primero que ahora surge y lo primero que se ataca”, precisa. No por casualidad el diputado electo Benegas Lynch calificó de “salvajada” a la interrupción voluntaria del embarazo (un derecho garantizado por la ley 27.610) y adelantó que si fuera por él “la derogaría”.
Juntas y organizadas
“Nosotras, como organización de mujeres con más de treinta años de historia, pensamos mantener nuestra agenda de trabajo. Pero si ya se nos venía haciendo difícil desde antes, imaginate ahora”, sintetiza Monique Altschule de Mujeres En Igualdad (MEI) una ONG que trabaja por la equidad en áreas como política, trabajo y deportes, además de activar contra la trata de mujeres y niñas. “La persona que va a quedar a cargo del ministerio de Capital Humano viene del sector ultra conservador y cercano al Opus Dei, ya pusieron en cuestión a la Educación Sexual Integral porque dicen que es ”adoctrinamiento“ y ahora ya hablan de derogar la ley de aborto. Nosotras no recibimos ningún fondo del Estado y nos mantenemos solamente con donaciones, pero nuestros desayunos mensuales se hacen en el Congreso de la Nación y no sabemos si eso tendrá continuidad”, dice, inquieta.
Desde la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), otra reconocida organización de la sociedad civil que defiende los derechos de mujeres y diversidades, también señalan que hay preocupación sobre todo en lo que respecta al mantenimiento de las políticas públicas. ¿Qué sucederá con todos esos programas nacionales (como el Acompañar, que ayuda a las personas víctimas de violencia de género a superar esa situación) gestionados hoy desde una cartera que será eliminada? Según Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, “lo más importante no es sólo la institución- aunque es relevante- sino que lo clave es el compromiso político y presupuestario, y la relevancia con la que todos los sectores del Estado asuman las políticas públicas indispensables para avanzar hacia una sociedad más igualitaria”.
Sin embargo, la fórmula ganadora dejó en claro que la equidad de género no será un tema en su agenda de gobierno. No hay intención de fijarla como objetivo ni, menos aún, de financiar ninguna acción estatal que contribuya a su logro. De hecho, al grito de “¡Fuera!” y con un video que no tardó en volverse viral, Javier Milei arrancó de una pared los nombres de una serie de ministerios: Obras Públicas, Trabajo, Salud, Acción Social y, desde luego, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El problema de esto, entre muchos otros, es que eliminar una política pública no es tan sencillo como despegar un sticker. Sobre todo cuando hay compromisos internacionales firmados por nuestro país y con rango constitucional. “Desde la recuperación de la democracia, Argentina ha tenido la práctica de suscribir tratados y pactos internacionales”, detalla Gherardi. “Y, con luces y sombras, Argentina otorga relevancia a la mirada internacional y compromete sus esfuerzos en mejorar el cumplimiento de estos mandatos. Los compromisos internacionales no pueden dejarse sin efecto así, sin más”.
Volver a las sombras o resistir
Laura Eva Escobar vive desde chica en San Miguel, un distrito planteado como modélico por Patricia Bullrich. Las tierras de Aldo Rico, del Colegio Máximo de los jesuitas, el Opus Dei y ahora también cuna de quien suena fuerte como posible secretario de Desarrollo Social, Pablo De la Torre. Ahí, en San Miguel, Laura vive como lo que es: “Una travesti. Mi identidad es muy femenina y eso es lo que soy”, dice. El domingo pasado fue fiscal de mesa y desde entonces un miedo raro comenzó a crecerle entre la garganta y el corazón. “Cuando vi que habíamos perdido en una mesa, y en la otra, y en la otra, me aterré. No por mí, no tanto por mí, pero sí por las travas más chicas, por las travitas, por las que vienen y se las van a tener que arreglar solas. Porque a mí me ayudó el Estado a tener salud, un documento, a acceder a un trabajo. ¿Y a ellas? ¿De ellas quién se va a ocupar si para esta gente nosotras no existimos? Nos quieren de vuelta en la ruta o adentro de un calabozo, no en una oficina y trabajando”. Con todo, si algo la llena de esperanza es que la movilización, según ella, ya comenzó. “Vamos a volver a las calles y de hecho ya arrancamos el lunes, con la conmemoración del Día de la Memoria Trans Travesti, cuando homenajeamos a quienes murieron a manos de este sistema. Esa fue la primera marcha después del balotaje. Yo no pude ir porque estaba muy mal, pero sé que la lucha sigue. Lo bueno es que la Ley de identidad de Género no se puede derogar tan fácilmente, como ninguna otra ley. Además, ya nuestras identidades están. Yo soy Laura Eva en mi documento, pero hay muchas de mis hermanas que no tienen su identidad formalizada. Y no queremos volver a esa época en la que las uñas largas, la ropa o el maquillaje eran condenatorios. Esta gente, sí”.
Mabel Bianco es médica, dirige la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y viene batallando desde hace años sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos. Expuso en el Congreso durante el debate por la ley de IVE, es activista contra el embarazo infantil y tal vez por eso enfrenta este escenario con calma de ajedrez. Estudia el tablero, analiza las piezas en juego. Y dice: “Creo que es muy pronto para decir qué es lo que puede pasar. Estamos mirando con mucha atención las designaciones en los distintos cargos. Igual, como muchos de los derechos ya son leyes, si se buscara negarlos también debería ser por ley”, coincide con Laura. “Y eso dependerá de cómo se constituya en el Congreso la oposición. Con cada tema, puede haber cortes que incluyan a varios partidos y por eso vamos a tener que conversar y negociar. Porque aun cuando se quieran limitar derechos a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) eso después va a tener que ser ratificado por las y los legisladores. Por eso desde FEIM lo que vamos a seguir haciendo es trabajar con diputados y senadores, hombres y mujeres comprometidos con estos derechos y que puedan ser sus voceros a la hora de defenderlos”. La batalla, dice, recién comienza.
FS/DTC