Avanza la posibilidad de restringir las apuestas online y prevenir la ludopatía. Desde este mediodía avanza en la Cámara de Diputados un debate sobre un proyecto opositor que busca combatir el fenómeno de las ciberapuestas y pretende establecer fuertes restricciones a la publicidad que fomenta el juego de azar.
La discusión en la Cámara baja se abrió con un robusto quórum de 137 diputados, que avizora un piso por el cual la iniciativa tendría al finalizar la jornada su media sanción. El proyecto es impulsado por los espadios opositores de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el peronismo-kirchnerismo de Unión por la Patria, Encuentro Federal de Miguel Pichetto, los radicales disidentes de Democracia para Siempre, y la izquierda. No se sentaron en sus bancas al inicio de la sesión el panoficialismo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que tienen un proyecto propio con menos restricciones a la publicidad, en medio de un fuerte lobby empresarial para hacer que caiga la ley.
La discusión del proyecto es reclamado por diversas organizaciones que combaten la adicción a las apuestas, e incluso hay una campaña de recolección de firmas online motorizada a través de la plataforma de Change.org que pide la “urgente sanción de una norma que regule la actividad y proteja a las infancias”. Hay un listado de 30 oradores durante la sesión, por lo que se espera que la votación sea recién durante la tarde-noche de este miércoles.
Los opositores decidieron avanzar en una ley para limitar la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, así como el sponsoreo de equipos de fútbol, ante el crecimiento de las apuestas de los adolescentes y jóvenes con números alarmantes. Otro punto central de la iniciativa es que prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.
El debate se realiza en medio de una fuerte presión de las empresas de apuestas para que no se trate esa iniciativa, según denunció la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade. A lo largo del debate los empresarios dedicados a los juegos de azar expresaron su rechazo a estas iniciativas, y en la última semana mandaron una nota a los bloques políticos para que se no avance en la regulación establecida en los dictámenes de mayoría y minoría.
Si bien existen aún diferencias entre las propuestas, no se descarta que pueda alcanzarse un consenso entre los distintos dictámenes. Las principales contrapuntos entre los proyectos están con los límites vinculadas con la prohibición de la publicidad.
El dictamen de mayoría, que impulsa la CC, prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etc.
Al respecto, ese despacho prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, de programas infomerciales y/o la publicación onerosa o no, de testimonios de deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción. Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería. Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país.
Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, por lo que queda prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.
Sobre el uso billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben lo mismos topes que el pago con tarjetas de débito. También se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.
Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, en base a los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.
En otro tramo del proyecto se establecen sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados, dado que se incrementan las penas del artículo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.