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Marcha atrás

Francos admitió que pudo haber habido “excesos” en las votaciones de la Argentina en la ONU

Guillermo Francos, durante su segundo informe de gestión ante el Congreso.

Pedro Lacour

27 de noviembre de 2024 17:37 h

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“Excesiva”. Así definió este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la postura del gobierno de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, donde sus representantes votaron en contra de la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Hace dos semanas, la Argentina fue el único país que se posicionó de esa manera, contraria a la de 170 naciones que avalaron la resolución, incluidos Estados Unidos e Israel, con los que el Presidente quiere alinear la política externa.

“El Presidente considera que la Agenda 2030 perjudica a la Argentina. Este es uno de los temas de la Agenda 2030 y tal vez acá ha habido una posición excesiva en expresarse en contra de esa agenda”, dijo Francos durante la presentación de su informe de gestión ante el Senado. Y añadió: “Creo que a lo mejor había que clarificar el sentido que se quiso dar a ese voto, que no es el que se interpretó”.

El jefe de Gabinete no hizo más que confirmar la decisión del Gobierno de dar marcha atrás en varias posturas controversiales que tomó recientemente la Argentina en la ONU. En la última semana, la Cancillería liderada por Gerardo Werthein, comenzó a desandar su soledad en temas clave: derechos de las mujeres, pueblos indígenas y hasta el retiro de la cumbre climática COP29 en Azerbaiyán.

El giro más llamativo lo protagonizó Ursula Basset, asesora en temas de género y familia de la Cancillería, cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En una reunión de alto nivel en Nueva York por el 25° aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Basset dejó atrás las posturas que había defendido en la reciente cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presentó un encendido alegato en favor de los derechos de las mujeres, según consignó el diario La Nación.

“La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación intolerable a los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades. Este flagelo no conoce fronteras ni contextos”, afirmó con énfasis frente a distintas figuras del ámbito internacional, como el presidente de la Asamblea General de la ONU, Philemon Yang. En ese encuentro, Basset también subrayó que “sólo la cooperación internacional permitirá avanzar en estrategias de prevención basadas en evidencia” y prometió: “Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con este desafío global”.

Este cambio de tono llega tras un escándalo reciente. El pasado 11 de noviembre, Argentina fue el único país en la ONU que votó en contra de un documento para intensificar los esfuerzos contra la violencia hacia mujeres y niñas. La reacción fue inmediata: críticas internas, externas y hasta desde sectores de la diplomacia internacional. Desde el Palacio San Martín intentaron justificar la postura: “La delegación argentina resaltó la importancia de que la agenda de las mujeres y las niñas no sea utilizada para legitimar otras causas ajenas a la protección efectiva contra la violencia”. Pero el daño ya estaba hecho.

Denuncia opositora

Los últimos votos de la Argentina en la ONU relacionados con la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas y con los derechos de los pueblos indígenas encendió alarmas en la oposición.El diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, le envió una carta documento al presidente Milei en la que lo intimó “a cesar” con la toma de una serie de “decisiones en materia de relaciones exteriores y derechos humanos” que, según el dirigente cercano a Elisa Carrió, son violatorias de la Constitución.

Según Ferraro, “las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la ONU contravienen los principios de igualdad y libertad consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”. El diputado dirigió además una intimación similar al canciller Werthein.

PL/JJD

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