La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, en Córdoba, ordenó este viernes la elevación a juicio de una causa por gatillo fácil contra seis policías involucrados en el asesinato de Joaquín Paredes, un chico de 15 años, ocurrido la madrugada del 25 de octubre de 2020 en Paso Viejo, un pueblito del norte cordobés.
Los policías que serán juzgados son los agentes Maikel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33), además del subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo, quien se desempeñaba como jefe de zona y horas antes de la balacera donde fue asesinado Joaquín, había amenazado a los chicos con su arma reglamentaria.
Según el requerimiento de la Fiscalía de Cruz del Eje, “los agentes López, Alvarado, Luna, Fernández Aliendro y el sargento Gómez deberán responder como supuestos coautores responsables del delito de homicidio calificado, por haber sido cometido en abuso de su función, por un miembro de las fuerzas policiales, en concurso ideal con el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; como supuestos coautores responsables del delito de tentativa de homicidio calificado, por haber sido cometido en abuso de su función, por un miembro de las fuerzas policiales, en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego reiterado; y como supuestos coautores responsables del delito de abuso de arma (disparo de arma de fuego) agravado por la calidad del sujeto activo en concurso real”. Y en el caso del subcomisario Sosa Gallardo, la Fiscalía de Cruz del Eje dispuso que será juzgado “como supuesto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego”.
De los seis policías imputados, sólo dos están presos en el penal de Cruz del Eje: los agentes Maikel López y Enzo Alvarado (28). El primero como autor material de los disparos que terminaron con la vida de Joaquín y el segundo por amenazas vertidas contra las familias de las víctimas.
La madrugada del domingo 25 de octubre de 2020, Joaquín Paredes y un grupo de amigos adolescentes como él, estaban festejando el cumpleaños de otro chico en la plaza de Paso Viejo, cuando llegó la Policía y los amenazó con detenerlos por violar la cuarentena. El grupo de adolescentes se fue hasta otro lugar a pocas cuadras, donde siguió el festejo en la vereda, al lado del dispensario municipal. Volvió la Policía, hubo algunas amenazas y ante los insultos de los pibes, los agentes sacaron sus armas y dispararon: Joaquín Paredes recibió un balazo por la espalda, que lo mató en el acto. Otro amigo, B. de 14 años, y su hermano Jorge Navarro, de 18; también fueron alcanzados por las balas policiales, pero sobrevivieron.
Joaquín cursaba tercer año en la escuela IPEA 306 “Dr. Amadeo Sabatini” de Paso Viejo. Además, era trabajador rural: participaba de la cosecha de papa en la temporada. Soñaba con jugar en Boca Juniors.
Desde la madrugada en que se cometió el crimen, ya no hubo paz en Paso Viejo, un pueblito de poco más de 1.000 habitantes, ubicado a 170 kilómetros al norte de esta Capital. Los chicos que sobrevivieron tienen pánico y otros problemas psicológicos. Algunos, tuvieron intentos de suicidio.
Presos
Pocas horas después del crimen de Joaquín, la mañana de domingo 25 de octubre, llegó a Paso Viejo, la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, quien subrogaba la Fiscalía de Cruz del Eje y dispuso la detención preventiva de los policías López, Alvarado, Luna, Fernández Aliendro y del sargento Gómez. A Maykel López lo imputó por los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad; en tanto que los policías Alvarado, Luna, Gómez y Fernández Aliendro, sólo fueron imputados del delito de “abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público”.
En septiembre de 2021, en base a decena de testimonios de las propias víctimas y de los testigos; además de las pericias balísticas y del cúmulo de pruebas aportadas por Claudio Orosz, abogado querellante de las familias de Joaquín Paredes, de B. y Jorge Navarro, la fiscal Pochettino, cambió la carátula de la causa y agravó las imputaciones contra los policías Alvarado, Luna, Gómez y Fernández Aliendro, y los acusó de los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad.
El agravamiento de la calificación del delito por parte de la fiscal Pochettino, tuvo repercusiones políticas: el fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado decidió apartarla de la investigación según un dictamen que ordena “desafectar a la Fiscal de Instrucción Dra. Fabiana Pochettino de la atención de la Fiscalía de Instrucción y competencia múltiple a partir del 15 de setiembre del corriente año”.
A mediados del el año pasado, Luna, Gómez y Fernández Aliendro habían recuperado su libertad; mientras que López sigue preso por ser el autor material de los disparos que mataron a Joaquín, y Alvarado está detenido por el riesgo procesal: su padre amenazó de muerte al abuelo de Joaquín Paredes, y se teme que quiera interferir en la investigación. López y Alvarado están alojados en la cárcel de Cruz del Eje.
Conformes
“Estamos conformes con la elevación a juicio de los policías acusados por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Joaquín Paredes. Ahora resta esperar que el proceso judicial se sustancie lo más rápido posible”, le dijo el abogado querellante Orosz a elDiarioAR. Consultado sobre los policías que están en libertad, señaló que “mientras no haya riesgo procesal, están ajustados a Derecho”.
Soledad Paredes, la mamá de Joaquín, reclamó Justicia: “Nadie me va a devolver a mi hijo, pero espero que esto sirva para que no nos maten más hijos. Y que todos los policías que participaron del asesinato de Joaquín sean condenados. Queremos Justicia”.
Por su parte, Ivana Reynoso, de la Comunidad Justicia por Joaquín Paredes le dijo a elDiarioAR que “es una mezcla de esperanza e impotencia. La paz nuestra es que, además de que el asesinato de Joaquín a manos de la Policía, se haya elevado a juicio, es que la persona más directa por el crimen, el policía López, y que el policía Alvarado, cuya familia ha sido la más hostigadora de las víctimas, sigan detenidos. Esperemos que el juicio se realice lo antes posible, no podemos permitir que tres de los asesinos de Joaquín sigan libres. Tenemos miedo”.
Desde la Justicia cordobesa señalaron que el juicio podría realizarse a fin de 2022.
El caso de Joaquín se suma al de Valentino Blas Correas, ocurrida 80 días antes, en la medianoche del 6 de agosto del 2020. Ese día, luego de reunirse con un grupo de amigos del colegio en un bar, Blas, de 17 años, y sus amigos se subieron a un auto e intentaron evadir un control policial en la zona sur de la ciudad capital. La policía disparó al auto y uno de los disparos mató al joven.
La causa también fue elevada a juicio y por el crimen y encubrimiento hay 13 policías imputados.
MG