A Lin Wan lo confundieron porque la dirección del supermercado que compró aparecía en una causa de trata de personas. Era la misma que un par de años atrás había entregado otro ciudadano chino investigado por mandar pasaportes falsos hacia Beijing. Una mañana de 2017, la Policía Federal entró al comercio que Lin tenía en Lugano, se lo llevó detenido y estuvo preso durante un año. Le cerraron el local, le secuestraron todo lo que había adentro, lo procesaron y lo llevaron a juicio. Ahora un tribunal determinó su inocencia y Lin intenta, todavía sin mucha suerte, que le devuelvan lo que le sacaron en el allanamiento para poder abrir de nuevo.
Aunque Lin no lo supiera, su historia trágica comenzaría en 2013. Ese año, otro chino de apellido Chen despachó un paquete desde una sucursal de Correo Argentino en Tristán Suárez, en Ezeiza. Adentro había 40 pasaportes que alertaron a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se inició una investigación en el fuero Penal Económico que derivó en tareas de inteligencia y cruzamientos de llamados. Se vigilaron dos locales: uno en Tristán Suárez y otro en la calle Santander de Lugano. Esa dirección aparecía en un trámite que Chen había hecho un par de años atrás en el Registro de las Personas. Luego de meses de esos trabajos de investigación, la PSA determinó que no había ninguna relación entre las actividades de los dos locales y que Chen no había estado en el local de CABA durante ese tiempo.
“En 2017, se reactivó la investigación y volvieron a hacer tareas de inteligencia en ambos locales. Justo cuando se dictó el Decreto 70 (NdeR: una resolución del Gobierno anterior que facilitó los mecanismos de expulsión de aquellos que contaban con antecedentes penales), Fue un momento muy delicado para los extranjeros porque se modificó la Ley de Migraciones. Así hubo muchos procedimientos como el de Lin, en los que se vulneraba el debido proceso y la Policía se envalentonaba”, puso en contexto la abogada de Lin, Debora Huczek.
La causa reactivada pasó a la Justicia Federal de Lomas, a cargo de Federico Villena. Se asignó a la División Trata de personas de la Policía Federal para que hiciera nuevas tareas de inteligencia en los mismos dos locales. Esa fuerza relató en sus informes un escenario con muchas imprecisiones. Planteaba que otros ciudadanos chinos que allí estaban eran víctimas de trata, que el hijo de 13 años de Lin era explotado laboralmente. En el juicio luego se demostró que los chinos eran familiares y socios, que el hijo estudiaba y cursaba talleres y que la fecha en la que lo encontraron en el local había sido durante las vacaciones de invierno.
“Con la excusa, de que no le entendían en el idioma y de que les resultaba sospechosa la presencia de esos extranjeros allí, los policías promovieron órdenes de allanamiento en los dos supermercados, en Tristán Suárez y en el de la calle Santander. Es decir, con pleno conocimiento de que el buscado Chen no iba a estar en ninguno de los dos locales. Habían pasado más de 4 años desde que se dio inicio a la investigación y, por supuesto, muchas cosas habían cambiado, como que mi cliente había comprado ese comercio”, explicó Huczek.
A Lin lo detuvieron el 29 de agosto de 2017, en un operativo con muchas irregularidades. Una de las más graves fue que los policías llegaron al lugar y cortaron los cables del sistema de seguridad del supermercado -que tenía seis cámaras- para que no quedaran imágenes del procedimiento. Lin estuvo preso hasta el 8 de agosto del 2018. Con la causa ya elevada a juicio, el propio Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, resolvió su excarcelación. Su mujer también fue procesada. Como en el momento del allanamiento había ido a China a cuidar a sus padres enfermos, pidieron su orden de captura. Ella volvió a la Argentina a los pocos meses. Luego de que aceptaran su eximición de prisión, todos los meses se tiene que presentar en la comisaría.
“Producto de la mala actuación policial, derivada del prejuicio y de un trato xenófobo este comerciante humilde, fue falsamente acusado de delitos que jamás cometió. Él tampoco conocía al sospechoso Chen. Se los metió a todos en la misma bolsa, tan sólo por ser chino. Además de estar preso le quitaron su dinero, sus mercaderías e instalaciones, clausuraron su local y dejaron a toda una familia en la calle sin sustento. Para llegar a eso, la policía cometió muchos errores o delitos, los que la Justicia deberá investigar”, detalló la abogada.
Lin Wan llegó así en libertad al juicio oral que iba a realizarse en abril del 2020 y se fue postergando por temas pandémicos. A Lin lo acusaron de trata de personas para explotación laboral, abuso de situación de vulnerabilidad y otros delitos relacionados, que suponían penas de entre 8 a 12 años de prisión. El debate empezó el 26 de febrero. De manera virtual y presencial, todos los que trabajaban en el lugar -ciudadanos peruanos, bolivianos y argentinos y los sobrinos de Lin- declararon explicando que el acusado no había cometido ninguno de los delitos que le imputaban. Finalmente, el 28 de abril el tribunal decidió absolver a Lin.
“Pudimos probar la inocencia de Lin Wan. Se ordenó la devolución de las mercaderías y del local comercial, y se le pidió disculpas. Hay cosas que aún no se saben dónde están y toda la mercadería está vencida. El fiscal, que normalmente suele acusar, en este caso solicitó la absolución y ordenó que se investigara al personal policial que intervino en la investigación por su mala actuación, tanto antes como durante el allanamiento y la detención. Ahora nos queda reclamar por los daños y por haber sido acusado injustamente y privado de su libertad siendo inocente”, finalizó Huczek.
AM