Carla Vizzotti planeaba acortar su día para, regresada de una gira por México y Cuba, festejar su cumpleaños 49. Pero al atardecer del martes esa fantasía se evaporó: su telefóno, y los de sus colaboradores, se inundaron de consultas sobre las declaraciones de Santiago Cornejo, el director de Covax para América Latina, sobre la “negativa” de Argentina a recibir dosis de la vacuna Pfizer, un fetiche en el fuego opositor contra el Gobierno.
Vizzotti se zambulló en una ronda de charlas, consultas, pedidos de información y búsqueda de confirmaciones. Una hora y media después, su equipo había elaborado un informe con dos notas enviadas por la cartera de Salud, dirigidas a Cornejo, en la que ratificaba su interés por recibir dosis de Pfizer en el marco de las distribución de vacunas del mecanismo Covax. Una nota interna y otra, con un tono más áspero, del entonces ministro Ginés González García.
Para entonces, los dichos del Cornejo eran el anti regalo de cumpleaños a Vizzotti. Cornejo habló en un Zoom del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), -un think tank liberal, que preside José Octavio Bordón y donde conviven, en el consejo directivo, Gustavo Beliz y Fulvio Pompeo, “cancilleres” sui géneris de Alberto Fernández y Mauricio Macri-, y un video de un minuto con su respuesta fue circulado por la diputada Claudia Najul, de la UCR-JxC de Mendoza.
Hubo una desmentida oficial, asomaron reproches silenciosos por los incumplimientos de Covax, y en la mañana del miércoles un mail personal aclaratorio de Cornejo y una nota de Covax. Vizzotti, desde Casa Rosada, ratificó que el Gobierno quiere negociar con Pfizer y aseguró, además, que el laboratorio le quiere vender vacunas a Argentina. Fue un intento por cerrar un capítulo de los varios en los que aparece Pfizer, como bandera de la oposición para objetar el manejo de la pandemia por parte de Alberto Fernández.
Cuando ese ruido empezaba a acallarse apareció otro, el que amaga con transformarse en un factor que se convierta en otro factor de tensión entre el oficialismo y en la oposición en el Congreso. Todo gira en torno a una palabra: “negligencia”. Es el término que figura en el artículo 4 de la ley 27.573, que dispuso de interés público el desarrollo de las vacunas y fue la que validó las negociaciones contra reloj del Gobierno con los laboratorios para obtener vacunas contra el COVID-19.
El miércoles a media mañana, la diputada Carmen Polledo, acompañada por otros diputados de Juntos por el Cambio (JxC), presentó un proyecto para eliminar esa palabra de la ley. En la práctica, implica adaptar la norma a las condiciones que pide Pfizer que, según los argumentos instalados hasta ahora, frenó las conversaciones y la posibilidad de un contrato con Argentina por no estar conforme con esa figura.
La ley indica que el Estado se hace cargo de la “indemnidad patrimonial” por eventuales inconvenientes con las vacunas “con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”. Esa línea no figuraba en el proyecto enviado por el Ejecutivo sino que fue incorporada durante el tratamiento en Comisión en Diputados.
“Cuando se votó, Pfizer tenía relación diaria con Salud: supieron cuando se agregó, cuando se votó en Diputados, cuando pasó al Senado y nunca dijeron nada. Tuvieron tiempo, incluso, para pedir que Alberto vete esa parte de la ley pero no lo hicieron. Después, con la ley reglamentada, la objetaron”, explicó un dirigente del Frente de Todos (FdT) que participó de las negociaciones.
En medio, hubo otros movimientos. Horacio Rodríguez Larreta envió a la Legislatura porteña un proyecto para que se autorice al gobierno porteño a negociar con laboratorios la compra de vacunas. El texto incluyó, al igual que la norma nacional, la excepción respecto a “negligencia”. El viernes pasado, durante una reunión de comisión, el presidente del bloque del oficialismo porteño Diego García Vilas, referenciado en Graciela Ocaña, pidió retirar esa palabra con el argumento de que no tiene sentido porque está contemplado en la legislación de fondo.
El texto llegará este jueves al recinto y puede convertirse en un anticipo de la discusión en el Congreso nacional donde, en paralelo, está en debate la Ley de Emergencia COVID que fija parámetros epidemiológicos para determinar qué restricciones se deben aplicar frente a la pandemia. La iniciativa es rechazada por Juntos por el Cambio (JxC).
“¿Para qué sirve Pfizer ahora?”, se preguntan en el oficialismo y recuerdan que la vacuna del laboratorio de EEUU es la que requiere el mayor despliegue logístico -demanda “super frio” - lo que hace “muy difícil su uso” en buena parte del país. Es, además, más cara que la AstraZeneca y que la Sputnik V, según el detalle del ministerio de Salud, que estimó en 12 dólares la dosis contra 4,5 de AstraZeneca y 9,75 de Sputnik. Es, así y todo, más barata que la Sinopharm.
Asoma, además, una disputa política vinculada a la fascinación que parece generar en algunos actores de la oposición, y también mediáticos, la vacuna de Pfizer, algo que no ocurre con los productores de otros laboratorios sin que, como detalla una fuente del FdT, “ningún motivo hace que Pfizer sea más conveniente que otras: no es más eficaz ni es más simple ni más barata”.
Cuando surgió la objeción de Pfizer a la figura de “negligencia”, Fernández dijo que buscarían una forma de subsanar esa traba. Se propuso, incluso, que cada vacunado con Pfizer firme un consentimiento en el que rechazaba eventuales juicios. La Casa Rosada se negó, por entonces, a pedir un retoque de la ley. Hubo una razón política de no ceder ante una demanda cuando otros laboratorios habían aceptado la norma.
Un detalle, poco conocido, es que Sinophram, al igual que Pfizer, objetó la cláusula de “negligencia” pero luego retiró el planteo y firmó un contrato de, primero, un millón de dosis y luego otros tres millones. Se ultima, ahora, un acuerdo por seis millones de dosis.
PI