La decisión de un juez de obligar al Sanatorio Otamendi a suministrar dióxido de cloro a un paciente internado con Covid-19 despertó polémica en el ámbito médico. La sustancia, que es promocionada como cura en redes sociales o incluso por algunos personajes mediáticos, es muy peligrosa y puede ocasionar graves daños a la salud. Autoridades y organismos de salud locales e internacionales advirtieron ya en múltiples ocasiones en contra de su uso.
El pedido a la Justicia para la administración del dióxido de cloro llegó de parte del hijo de la mujer del paciente, que también estaba hospitalizada con coronavirus y falleció la semana pasada. El juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, dio lugar a la solicitud y consideró que “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora”.
La medida cautelar obligó a la institución a “garantizar la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante”. El Otamendi apeló la decisión y, según dijeron desde el sanatorio a Infobae, “están totalmente en contra de suministrar este tipo de sustancia”.
“Esto es un calamidad, es un escándalo jurídico y médico”, manifestó el abogado Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, a radio La Red. Maglio dijo que, pese a que la sustancia ya fue administrada el sábado, espera que el fallo no quede firme. “Creo que esto linda con un caso de mala praxis judicial, porque es absolutamente inaudito en la historia judicial argentina que un juez obligue a una institución a aplicar una sustancia explícitamente desaconsejada, tanto por la ANMAT, como la Sociedad Argentina de Infectología”.
En agosto de 2020, en medio de la conmoción que generó el caso de un niño que murió en Neuquén tras consumir dióxido de cloro, la ANMAT recordó que esta sustancia no estaba autorizada para su comercialización y uso y destacó, en base a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que si es ingerida puede causar “irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones”.
Además, advirtió que su inhalación “puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo”.
La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) hizo recomendaciones similares y advierte sobre la toxicidad del dióxido de cloro.
El titular de la SADI, Omar Sued, dijo a Infobae que la noticia del fallo judicial no fue bien recibida por la institución. “Hemos visto muchos casos de muertes por intoxicación de dióxido de cloro y estamos muy preocupados por esta situación. Antes de tomar estas decisiones, los jueces tienen que asesorarse con Sociedades Científicas. La Sociedad Argentina de Infectología pone a disposición a todos sus miembros para poder asesorar a los jueces para que toman decisiones basadas en evidencia”, aseguró.
El jefe de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damin, también expresó su preocupación por el fallo. “Me preocupa que un juez ordene un tratamiento médico y que además ese tratamiento no esté autorizado por el Ministerio de Salud de la nación, ni por ningún Ministerio de Salud del mundo, me parece mucho más preocupante”, le dijo a Página/12.
“Muchas veces la sociedad le atribuye factores mágicos a algunas sustancias, cuando toda la evidencia científica dice lo contrario. No hay evidencia de que sea efectivo como medicamento. Al revés, tenemos evidencia de lo peligroso que es utilizar esta sustancia cáustica”, explicó.
CB