Facundo Astudillo Castro desapareció en abril de 2020 luego de un control policial en el marco del aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus y su cuerpo fue hallado tres meses y medio más tarde en un cangrejal de General Daniel Cerri. A tres años del hecho, su madre, Cristina Castro, denuncia que la causa por la muerte del joven está paralizada para encubrir a cuatro agentes de la policía que podrían quedar imputados por el caso.
“La causa está absolutamente paralizada. Si la fiscalía no avanza nosotros vamos a continuar las imputaciones desde la querella. Queremos que esto quede expuesto y que, a pesar de todas las pruebas, es una decisión del Estado abandonar la causa”, explicó el abogado de la mujer, Luciano Peretto, en un encuentro con periodistas en las oficinas de Amnistía Internacional, en el barrio porteño de Colegiales.
Según se indicó en la conferencia ─ el abogado Leandro Aparicio, y la letrada Margarita Jarque de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que actúa como querellante institucional─ “existen elementos contundentes” para imputar a cuatro efectivos. Se trata de los policías Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca, a quienes se acusa de haber participado de la desaparición forzada de Astudillo.
“No tener detenidos e imputados a esta altura parece una tomada de pelo de la Justicia. Vemos que, en otras causas, con muchísimas menos pruebas, hubo personas detenidas o imputadas”, expresó la madre de la víctima.
En este sentido, Peretto también destacó que, en realidad, “debería haber más de cuatro imputados” dado que “hubo un entramado complejo de acciones” que causaron la muerte de Astudillo Castro y contribuyeron a que el caso quedara impune todos estos años. En este marco, apuntó contra funcionarios judiciales, periodistas y políticos.
“¿El estado va a mirar para el costado y no va a imputar a quienes sobradamente está probado que tienen responsabilidad en el hecho? A lo largo del proceso, la señora (María Gabriela) Marrón actuó como si fuese la abogada de los policías” agregó Peretto en relación a la jueza federal 2 de Bahía Blanca que fue apartada de la investigación por “la parcialidad demostrada en su actuación”.
En la misma línea, Jarque apuntó contra la jueza Marrón y el primer fiscal federal que tuvo a cargo la causa, Santiago Ulpiano Martínez y ratificó que “hay muchas condiciones para avanzar en una imputación” de los cuatro oficiales.
“Nuestra intervención en la causa tiene que ver con nuestro rol de mecanismo de prevención a la tortura, visibilizar y ponderar aquellas conductas que tienen las agencias policiales y en la Justicia. Trabajamos con muchas víctimas y su dolor no se repara nunca. Pero un poco ese sufrimiento se detiene con la verdad y la justicia”, agregó.
Por su lado, Aparicio, el otro abogado de Cristina Castro, sostuvo que, hasta el momento, “el encubrimiento de la policía ha sido exitoso” y que, a su criterio, no hay dudas de que “la desaparición de Facundo fue llevada a cabo por la policía de la provincia de Buenos Aires”.
Con información de agencias.