El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dio marcha atrás con la medida cautelar que frenaba la reconversión del basural de Luján, el más grande a cielo abierto del país. Después de una presentación del Ministerio de Ambiente, que mostró los estudios de impacto ambiental que ya habían sido aprobados antes de iniciar las obras, Armella habilitó la feria y dejó sin efecto la medida que había dictaminado a principios de diciembre. También eliminó el pedido de un estudio a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ratificó su incompetencia. Además, uno de los denunciantes desistió de continuar con la acción judicial. Se trata de Emiliano Ezcurra Estrada, apoderado de la Fundación Banco de Bosques, que actuó en conjunto con la familia Terrabusi, dueña del haras La Picaza Polo Club, un grupo pequeño que se opone a la reconversión.
En diciembre, el magistrado de Quilmes aceptó una medida cautelar presentada por la Asociación Civil Nuevo Ambiente y Fundación Banco de Bosques, que acompañaron el reclamo del empresario Carlos Aníbal Reyes Terrabusi y su esposa, Viviana Karina Novelle, dueños del haras que está en Open Door, cercano al basural. Son de las pocas personas que se oponen al cierre de La Quema, el predio de 13 hectáreas que recibe 100 toneladas de residuos por día. En ese momento, a pesar de declararse incompetente, Armella le dió lugar a la acción porque sostuvo que era “urgente brindar una tutela efectiva e inmediata para evitar los daños potenciales al ambiente y a la salud de las personas”. Para eso se basó en la Ley 26.854, que habilita a los magistrados a intervenir cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental y en la 25.675, que sostiene que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones.
La decisión generó una movilización a los tribunales por parte de la Federación de Cartoneros y vecinos y vecinas de Luján que luchan desde hace años por la reconversión. Alrededor de 200 personas se manifestaron el 29 de diciembre para rechazar el freno a la construcción del centro de saneamiento ambiental de Luján que contendrá una planta de separación y tratamiento de residuos y un centro de disposición final. En ese fallo, firmado el 6 de diciembre, Armella prohibió realizar “cualquier modificación en la situación del predio, el inicio de obras o trabajos preparatorios”. Además, ordenó un estudio a cargo de la Universidad de Buenos Aires.
Tras conocerse la resolución, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky la calificó como “una aberración” y dijo que Armella no tenía “ninguna vinculación geográfica, ni con la temática”. Desde esa cartera, presentaron la declaración de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires en el que se declara apto el proyecto. Además, pidieron que se ponga fin a la medida. Algo que finalmente Armella aceptó la semana pasada. “Se produce una modificación sustancial en las circunstancias tenidas en cuenta al momento de dictar sentencia. En efecto se acredita el cumplimiento del recaudo que condicionaba la continuidad de la medida cautelar”, expresó el juez en referencia a la habilitación que ya estaba disponible desde noviembre.
También dejó sin efecto el pedido del estudio para la UBA “hasta tanto el juez que en definitiva resulte competente pueda reevaluar las medidas que fuera menester dictar”. Sergio Almada, vecino del barrio San Pedro y referente histórico por la reconversión de La Quema celebró la decisión. “Tomamos el retorno de las obras con mucha alegría. La marcha fue importante y se mostró la realidad de la necesidad de la salud de los trabajadores y de los vecinos. No podemos esperar que la Justicia siga dando vueltas de un lado para el otro. Tenemos los chicos enfermos, los mayores también. No podés vivir como corresponde porque el basural todos los días te quita algo. Es importantísimo que las obras continúen porque La Quema mata”, le dijo a elDiarioAR.
En el fallo, Armella también da cuenta de que el representante de la Fundación Banco de Bosques Ezcurra Estrada desistió de la acción de amparo. El abogado había sido criticado por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). “Detrás de la cautelar sancionada por este juez corrupto, está la familia Novelle de Terrabusi aliada a una ONG liderada por Emiliano Ezcurra Estrada, exfuncionario macrista que encontró un Juez acorde al trabajo sucio por hacer”, sostuvieron durante la movilización y recordaron que “Armella tuvo a su cargo la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, de la cual fue removido acusado de corrupción y manejos irregulares”.
Armella también está denunciado en la causa conocida como “Gestapo macrista” durante el gobierno de María Eugenia Vidal por su actuación al frente de la causa contra el dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina. En octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata declaró nulo el juicio contra el histórico referente de la UOCRA y ordenó investigar al juez Armella que fue quién instruyó el caso.
Ahora, las obras continuarán de manera normal. Actualmente, trabajan entre 100 y 180 personas, según la época del año, y la obra de reconversión prevé incluirlos de manera formal. Al momento, se recupera el 7% de la basura, pero se espera que con la reconversión se pueda alcanzar el 40%. El Gobierno Nacional comenzó en octubre las obras en el marco del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. Tiene la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lleva una inversión de 10.731.820 dólares.
CDB / MG