Fue una promesa del presidente Alberto Fernández formalizada el 2 de mayo de 2021, hace dos años, en un acto público y televisado, con la Casa Rosada detrás y con funcionarios públicos a su izquierda y derecha. “Proyecto de ley Cuidar en igualdad” decían las pantallas gigantes. Cuidar en igualdad propone un sistema integral de cuidados que alcance a todas las edades y no sólo al recién nacido. Invita, además, a repartir la responsabilidad de las tareas, que recaen, sobre todo, en las mujeres y feminidades. El Estado pretendía tomar un rol activo en la redistribución de los roles y, por ende, de la economía. Pero en la comisión de Trabajo decidieron ir por la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo cuyo alcance se limita a la extensión de las licencias y deja afuera a los trabajadores informales y a los monotributistas.
Hace quince días los diputados que integran la comisión de Trabajo se reunieron para poner en común los 47 proyectos que versan sobre tareas de cuidado, es decir, todo ese tiempo dedicado -sin reconocimiento económico alguno- a la atención de menores de edad, convivientes o familiares y adultos mayores. Más simple: llevar y traer a la escuela o al médico, limpiar, cocinar, cuidar en caso de enfermedad. Todas estas tareas recaen en las mujeres, que dedican el doble de tiempo que los varones en esas ocupaciones. El colectivo LGBTI+ también está afectado por el mismo problema.
Los diputados decidieron empezar a debatir las licencias que atañen a los empleados en blanco. Eso, además de hacer girar un borrador para que los asesores lo analicen y llegar a un proyecto unificado. Del borrador aún no hay noticias. En general, los proyectos buscar ampliar licencias laborales, modificar las especiales y crear otras, como las licencias en casos de violencia de género. Piden, por ejemplo, que la licencia para padres y personas no gestantes pase de 2 a 90 días.
En cuanto a las infancias, otros proyectos proponen más días por nacimiento de hijos con riesgo de vida o con discapacidad, o por adopción. Hay proyectos que modifican licencias por fallecimiento de familiares directos o las contemplan para cuidar a hijos, convivientes o adultos mayores a cargo que, por enfermedad o por haber sufrido un accidente, requieren atención. También crean licencias en casos de violencia de género y para personas en tratamiento de fertilidad.
El proyecto del Ejecutivo, en el que participó UNICEF y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, prevé que la licencia por gestación, parto y post parto pase de 90 a 126 días. También incluye a las personas no gestantes con licencias de 2 a 90 días. Y contempla la creación de licencias que hoy no existen, como el caso de adoptantes, y para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas o autónomos. Los empleadores no deberán cubrir las licencias, sino el Estado. Unas 8 millones de personas serían beneficiadas si el proyecto se convierte en ley. Pero, por lo pronto, no entró en el debate.
Tiempo, infraestructura y dinero
En la actualidad, no todas las personas tienen el mismo derecho a gozar de tiempo para cuidar: actualmente solo 1 de cada 2 personas que trabajan tienen acceso a licencias para el cuidado de personas de sus familias como consecuencia de los altos niveles de informalidad laboral y del empleo independiente (bajo la forma de monotributo o trabajadores autónomos). Hay aproximadamente 3,5 millones de personas trabajadoras independientes y 3,5 millones de personas que trabajan como asalariados no registrados, según la Encuesta Permanente de Hogares sobre datos recabados entre julio y septiembre del años pasado. Esas personas no tienen derechos vinculado con los tiempos para el cuidado de integrantes de sus familias ni para el autocuidado. Por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo quedó desactualizada. Esta a punto de cumplir medio siglo, tiempo en el que el mercado laboral y las formas de empleo se han transformado.
“Reformar el sistema de licencias es dar un primer paso importante en un horizonte que debe avanzar hacia un sistema integral de cuidados que contemple el conjunto de políticas públicas necesarias”, dice la carta enviada el 23 de mayo por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, cuyas integrantes participaron de la elaboración del proyecto del Ejecutivo. Fue un mensaje de preocupación a los diputados. Natalia Gherardi, directora de la organización, dijo a elDiarioAR que “si van a discutir las licencias, deberían incluir a los trabajadores informales y cuentapropistas” porque “si solo cubren empleados en relación de dependencia, significaría mantener la exclusión de gran parte de la población trabajadora mostrando un avance relevante pero también insuficiente e injusto”.
Gherardi habla de tres pilares que hacen a un sistema integral de cuidados. “El tiempo, cristalizado en la forma de licencia a atañe a un momento de la vida, por ejemplo el otorgado por nacimiento, pero ”las necesidades de cuidados se extienden a otros momentos de la vida“. El fortalecimiento de la infraestructura y los servicios, esto jardines maternales, escuela de jornada extendida, lugares de contención y recreación para adultos mayores, sistemas de apoyo que incluyan a personas con discapacidad. Y recursos: dinero a través de subsidios. ”Hay que colocar la conversación en términos más amplios“, sugiere Gherardi.
VDM/MG