Por una resolución de la Justicia de La Plata, el Municipio de Lobos fue intimado a garantizar el derecho al agua potable, su saneamiento, y un abordaje a la contaminación de agrotóxicos. Por esa razón, deberá repartir bidones de agua potable en todos las escuelas, clubes y centros de salud y en las casas de todos los vecinos que firmaron el amparo que provocó el fallo. Además, se pide la tutela en la salud de la población y que se hagan estudios sobre agua en localidades cercanas.
Hace cerca de cinco años, varios pobladores de Lobos habían comenzado a tener patologías similares a las aparecen en pueblos fumigados con agrotóxicos: la mayoría de ellos de problemas en la glándula tiroides. Varias veces hicieron consultas médicas y a organizaciones medioambientalistas que llevan adelante reclamos de víctimas de contaminación. Finalmente decidieron este año elaborar estudios en el agua y la flora de Lobos, para entender la magnitud del problema.
“Ahí decidimos ir en busca de pruebas científicas que apoyaran lo que decíamos y para que le dieran fuerza al reclamo. Se juntó dinero entre 370 personas, se hizo un bingo. Y con eso, en mayo, decidimos verificar el estado del agua que estamos consumiendo”, explica una de las firmantes, María Florencia Polimeni. El estudio lo hizo el INTA Balcarce. Tomó 15 muestras de pozos de la red, de zonas rurales, de las cañadas, de vegetación, de las tierras de las plazas y de las escuelas. Todo fue documentado y protocolizado por ese instituto y llevado al laboratorio. El resultado arrojó que en la mayoría de las muestras había sustancias contaminantes. Hallaron 11 plaguicidas, entre ellos, el 2,4D, que fue encontrado 45 veces por encima de los valores permitidos de la Comisión Europea.
“Esos valores nos sorprendieron incluso a nosotros. Pensamos que iba a salir algo pero no tanto. Porque el estudio se hizo lejos de la época de fumigación más grande, que es entre septiembre y octubre. Con todo el informe fuimos primero al Municipio a comienzos de junio, pero no nos dieron respuesta. Al contrario, salieron luego en los medios diciendo que el estudio era poco confiable, a pesar que el INTA lo había hecho. En vez de estar preocupados por el futuro de sus hijos se preocuparon por su futuro político”, agregó Polimeni.
Con esos datos, un grupo de varios vecinos decidieron hacer un amparo colectivo ante la Justicia de La Plata, que finalmente resolvió el 16 de julio. “Existe la imperiosa necesidad de una tutela judicial urgente de toda la población, en la medida en que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad, y al mismo tiempo que existe una demora de la Municipalidad en dar una solución definitiva a esta situación”, señala la resolución.
La Justicia dictó una serie de medidas cautelares urgentes que el Municipio de Lobos deberá cumplir en un plazo breve. Concretamente se ordena que “en el plazo de 3 días entregue bidones de agua potable ‘libre de agrotóxicos’ y con valores de arsénico que no superen los 10 microgramos, en todos los establecimientos y domicilios mencionados. Esa medida debería extenderse a toda la población de Lobos una vez que intervenga la Defensoría del Pueblo, tal como pidieron los vecinos y concedió el juez. La resolución judicial ordenó también que en el plazo de 20 días la Provincia realice un análisis del agua exhaustivo y que informe sus resultados en la causa. También ordenó al Municipio que realice análisis de agua bimensuales y que los informe en los medios de comunicación local y en las boletas de los usuarios.
“Nosotros, habitantes de Lobos, siguiendo los pasos de otras comunidades como 9 de Julio, Chivilcoy, Bragado, Alberti y San Miguel del Monte, solicitamos que el Estado construya una planta potabilizadora de agua”, señala el comunicado de los amparistas. Sobre este aspecto la Justicia, como medida cautelar, ordenó la implementación de un plan de vigilancia epidemiológica sobre la exposición de la población al arsénico, que implica un cruce entre datos de estado de salud de la población y presencia de esa sustancia en el agua.
Los firmantes del amparo pidieron que se restrinjan las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1095 metros del casco urbano, de los asentamientos, de las escuelas rurales, de los ríos, lagunas y pozos de agua, de todo el Partido de Lobos, como sucedió en octubre de del año pasado en Pergamino, luego de una resolución de la Justicia Federal.
“Nosotros ni siquiera tenemos que buscar otras jurisprudencias que nos amparen. En Lobos hay una ordenanza del propio Municipio, que es de 1995, que prohíbe el uso de plaguicidas cerca de cualquier poblado. Con lo cual sólo le pedimos que cumplan con la ley”, concluyó Polimeni.
AM