Siete expolicías bonaerenses fueron condenados este lunes a 25 años de prisión. Fueron hallados culpables de la llamada “Masacre de Wilde”, el emblemático caso de “gatillo fácil” cometido en 1994 al sur del Conurbano bonaerense, donde fueron asesinados cuatro hombres, según informaron fuentes judiciales.
A 28 años del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez.
El fallo los considera coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”. Los magistrados dispusieron que cuando el fallo quede firme los siete condenados sean detenidos.
Raquel Gazzanego, viuda de Edgadro Citutín, una de las víctimas, dijo a Télam tras el veredicto: “Cuando escuché 25 años, me lamenté porque no fue perpetua. Pero cuando terminaron de leer, razoné que es lo máximo que les pueden dar por homicidio. Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria”.
El fallo fue dado a conocer hoy cerca de las 12.30 por el tribunal, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, en una sala de audiencias de la sede judicial ubicada en Presidente Perón 2.463 -ex Camino Negro-, de Lomas de Zamora.
El fallo, 28 años después
La Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994, en esa localidad del sur del Conurbano bonaerense. Allí, fueron asesinados de varios disparos al ser confundidos con delincuentes Edgado Citutín, Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza, cuyos familiares se presentaron este mediodía en la puerta de los tribunales con carteles que decían: “Justa justicia es perpetua para todos”.
Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había pedido en sus alegatos la máxima al considerar que entre los imputados existió un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”.
Los acusados llegaron al juicio en libertad y escucharon desde el banquillo las condenas en su contra. Todas sus defensas pidieron la absolución.
La masacre tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, el único sobreviviente del ataque. Los cinco tiroteados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que los habrían confundido con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
Según los peritajes, los vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi. En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de los juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, todos ellos ya fallecidos, y los integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Tras varias apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. No obstante, la causa continuó su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.
LC con información de agencia Télam