En la provincia de Catamarca habitan más de 40 comunidades indígenas. Cada una tiene su propio nombre y la mayoría forma parte de la Nación Diaguita-Calchaquí. Los pueblos donde viven están ubicados en los cerros de los departamentos Santa María, Belén, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, en la zona oeste de la provincia. A partir de 1997, cuando se instaló el proyecto minero a cielo abierto Bajo La Alumbrera sobre las cumbres de las Sierras Capillitas, en el límite de Santa María y Belén, los problemas relacionados con la contaminación y con la gestión del agua comenzaron a agravarse.
Operado por el gigante empresarial Glencore, la Alumbrera es el primer proyecto megaminero que se instaló en la Argentina con el objetivo de extraer principalmente oro y cobre. Hasta 2018, estos metales eran llevados por un mineraloducto de cerca de 320 kilómetros de largo hasta una planta de secado en Tucumán y luego, en trenes, hasta los puertos que están a la vera del Paraná, en la provincia de Santa Fe.
Tanto para transportar los minerales a través de ese ducto como para el lavado de la roca se usa agua. Mucha agua. Cuando trabajaba a pleno, la empresa utilizaba un promedio de 69 millones de litros por día, es decir cinco veces más de lo que consume el departamento Santa María -12 millones de litros- en el mismo lapso, o el equivalente al 31% de lo que gastan todos los habitantes del Valle Central de la provincia por jornada. La principal consecuencia es clara: un déficit hídrico que se agrava con la crisis climática global, en una provincia donde la emergencia por la falta de agua ya fue declarada varias veces y continúa vigente.
Leandro Gómez, coordinador del Programa de Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) explicó: “La actividad minera tiene relación con el cambio climático; por un lado por los impactos de producción de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Por otro, porque la actividad tiene un alto consumo energético y también de recurso hídrico”.
El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado por la minera en 1998 ya indicaba -a través de los resultados de sus investigaciones- que el proyecto extractivo generaría daños irreversibles en los ecosistemas de la zona. Advertía sobre la disminución de cuencas hídricas, la depresión de los acuíferos, la reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, la destrucción de los hábitats y la afectación de la flora y la fauna. Hoy, 24 años después, para los pueblos originarios que habitan los alrededores, esos pronósticos ya son un hecho.
Pese a que el proyecto Alumbrera dejó de extraer minerales en 2018, se sigue bombeando agua desde el campo El Arenal para mantener en funcionamiento el mineraloducto. Ninguna de las fuentes consultadas pudo confirmar cuánta agua se utiliza para eso, como si se tratara de un secreto de estado en la provincia.
El eco de las últimas detonaciones de la minera aún permanece en la memoria de los pobladores de la zona. “Después del ruido veíamos cómo el polvillo que traía el viento se asentaba sobre las hojas de la papa y el maíz y se les hacían agujeros. Era como si les cayera veneno porque se empezaban a pudrir”. Quien habla es Víctor, el marido de Adela Cruz, una “sanadora” diaguita de Santa María.
El Algarrobo de Adela
Adela, Milagros Romero Moreno y Guillermina Guanco pertenecen a los pueblos originarios de Famabalasto, Toro Yaco y La Hoyada. Entre las tres, ilustran el cambio que produjo la mina en las comunidades donde habitan y que están asentadas alrededor de la cuenca de más de 4.700 kilómetros cuadrados, denominada Campo El Arenal.
Ese lugar, una reserva de agua fósil de más de 60 millones de años, es de donde Alumbrera saca el agua y la zona en peligro. Más de una década atrás, en 2010, la Universidad Nacional de Rosario daba cuenta de que esas aguas subterráneas registraban un descenso abrupto en las zonas afectadas por los bombeos. “Antes, a un metro de profundidad se podía encontrar agua, a la fecha del relevamiento de datos se encuentra a siete metros de profundidad”, asegura el estudio “Fiscalidad y medio ambiente en Argentina: impacto de la actividad minera”.
La casa de Adela está ubicada 20 kilómetros hacia el oeste de la mítica ruta nacional 40, en el margen de las Sierras de Quilmes y del río El Cajón o Santa María. Hacia el sector sur, detrás de una gran duna, está el Campo El Arenal.
“Territorio comunitario de la comunidad indígena de Famabalasto. Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”, se lee en el cartel de la entrada de su casa. Así se reconoce el lugar en el que convive con Víctor. La pareja se dedica a la venta de cabras para carne y cuero, cosechan algunas verduras, crían patos, dos pavos y gallinas. Ella cobra una pensión por ser madre de siete hijos -aunque tiene ocho-, pero la dedica completa a que ellos puedan estudiar.
Mientras camina por el lecho del río seco, Adela señala con un palito las plantas del lugar. Conoce los nombres de todas. El sol de las cuatro de la tarde se refleja en la inmensidad de la arena y las piedras. El agua se ve a los lejos, apenas un poco. El viento comienza a escucharse. Suena seco como la retama, como la jarilla, como el jaboncillo y la cortadera.
Explica que antes todas esas especies autóctonas estaban verdes, que ya había lluvia en noviembre. La senda por donde camina está marcada, casi sedimentada por la cantidad de años que pasaron desde que el río disminuyó su caudal. Adela dice que Famabalasto es su tierra, su hogar. Ella y sus ancestros vivieron ahí desde siempre. “Todo esto cambió cuando llegaron los gringos con la minera”, cuenta.
Con una sonrisa transparente, la mujer explica que viene de una familia de “sanadores” y asegura que todas las plantas de la zona sirven para curar. “La algarroba hace unas florcitas rojas, son como fosforitos. Ese es el remedio que nos da. La chaucha también, de ahí se saca la harinita y después se hace la aloja que es como un jugo muy rico que sirve para los riñones. Pero bueno, hace como ocho o nueve años que ya no tenemos. Sale la flor y no cuaja. No da la vaina”, se queja.
Como árbol autóctono, el algarrobo ayuda a equilibrar los ecosistemas. Para sobrevivir, necesita entre 110 y 300 milímetros de agua al año. En caso de no obtenerla, sus raíces profundas buscan agua en la tierra.
Un estudio hídrico que concretó, en el año 1976, el entonces ministerio de Agua y Energía de la Nación señalaba que en el Campo El Arenal llovía una media de 144 milímetros anuales. En la actualidad ese promedio es de menos de 100 mm.
La mujer sigue enumerando yuyo por yuyo de los que cree que fueron afectados por la falta de agua. “Del arcayuyo, ya no hay más. También hay poco anís silvestre, la retamilla ya no tiene olor. Cuando llega el viento con ese polvillo que trae de los desechos que dejaron en la mina, los duraznos se caen y hace como cinco años que no podemos comer”. También relata que algunos animales silvestres hace muchos años que no habitan la zona: “El otro día encontré un umucuti (lagartija en quechua) que hacía como cinco años que no veía, pero me lo mató el perro”.
Su marido, responsable de cuidar a los animales que crían, la escucha hablar con atención y pesadumbre porque muchos comuneros dejaron de criar ovejas, vacas y cabras. “Se han cansado de caminar para buscar agua y qué comer”, dice. “Además, antes no hacía falta vacunarlos y ahora sí, por el moquillo y otras enfermedades. Incluso les salen tumores por comer el pasto de la zona”.
De acuerdo con el Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica, que detalla las acciones de esta multinacional en la región, durante sus años de extracción la minera detonaba 25 mil toneladas anuales de explosivos. Con las ondas sonoras se emitían altos niveles de gases nitrosos a la atmósfera, eso generaba lluvias ácidas con efecto sobre las personas, el agua, los suelos, la flora y la fauna.
El informe de impacto ambiental de fines de los años ‘90 realizado por la multinacional ya hablaba del potencial erosivo del suelo e indicaba que la cantidad de polvo “podría superar los estándares admisibles reconocidos en Estados Unidos”.
Adela y Víctor coinciden en que ahora el calor se siente más fuerte y las vertientes están desapareciendo. Las lagunas que tenía el Campo El Arenal ya no existen y los flamencos que venían desde Antofagasta de la Sierra “no saben qué hacer porque tampoco encuentran comida”. Aseguran que las zonas de vegas del río (las más fértiles) se secaron en todos lados. Quedó sólo pasto seco con salitre.
La mujer ceba mates y mira hacia la inmensidad mientras el atardecer va tiñendo de lila las montañas. “A los cardones les sale una mancha negra, después de eso se pudren y se les desprende la carne dejando sólo el palito. Había muchísimos. Con eso hacíamos nosotros los cajones para los difuntos. Ahora no sé, pero yo les dije a mis hijos que quiero que me pongan en uno. Así, clavado con las mismas espinitas”.
La Pacha usurpada
La comunidad indígena de Toro Yaco está ubicada en la misma dirección que Famabalasto, pero 60 kilómetros más hacia el oeste, en medio de las Sierras de Quilmes. Ahí viven 18 familias. Las casas están divididas por el río y asentadas sobre las montañas en lo alto y a una distancia de unos 100 metros una de la otra.
Cada una tenía su propia vertiente, “pero desde que llegó la mina comenzaron a secarse”, cuenta Milagros quien, con apenas 18, lleva un año al mando de su pueblo como cacique. Fue elegida en 2020 convirtiéndose en la autoridad más joven que tuvo su comunidad y, además, estudia enfermería en Santa María.
Milagros quiere ser una mujer sanadora, como Adela, y poder combinar todo lo que aprenda con su medicina tradicional. Se la escucha combativa y decidida. Ella misma se postuló como sucesora de su abuelo, el cacique anterior.
Como autoridad, debe asistir a las asambleas que se desarrollan seis veces al año entre las comunidades de la zona para resolver problemas comunes. El que preocupa a todas “es la minería y el agua que les hace falta”, explica. “Los hermanos de Antofagasta siempre piden ayuda por las mineras de litio –el oro blanco del siglo XXI- que tienen en sus tierras”.
Lo que la ocupa actualmente, como cacique de Toro Yaco, es el dique que quiere construir en su comunidad el gobierno de Catamarca. Se trata de un proyecto de 2007 con fines hidroeléctricos para consumo y para riego de Santa María. Pero para concretarlo, deben inundar el lugar y reubicarlos, y por eso ellos resisten.
“El gobernador (Raúl Jalil) quiso venir el año pasado y no lo dejamos pasar porque nunca nos informó sobre su llegada. El dique no se va a hacer porque es para abastecer de energía a la nueva mina”, asegura la cacique.
Existen además dos proyectos extractivos de litio en Catamarca funcionando en Antofagasta de la Sierra. Milagros cuenta que el Gobierno piensa utilizar y desviar el cauce de agua del río Los Patos. “Nos dicen que se secan por el cambio climático, pero ese cambio lo provocan ellos mismos”, opina.
“Le están usurpando a la Pacha y para entrar hay que pedirle permiso. Yo aprendí de mi abuelo a hacerlo y a agradecer. La Pachamama se puede enojar de muchas formas”, resalta mientras mira hacia al horizonte, hacia el río seco y el verde que falta.
Colonizados
Guillermina es delegada de base de la comunidad indígena de La Hoyada y la máxima autoridad de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Catamarca (UPND), que representa a pueblos como Toro Yaco y Famabalasto. Dice que el Campo El Arenal, “nunca se llamó así”, que siempre su nombre fue El Campo de Los Pozuelos.
En ese momento, la mujer toma una caja que estaba colgada en la pared y canta una vidala ancestral: “Campo de Los Pozuelos, adiós vidita y adiós consuelo” repite varias veces y su voz se multiplica con el viento del lugar mientras percute con el palillo. “Claro, eso ya nos están diciendo los mineros a nosotros”, ironiza cuando termina.
Adela y Milagros también habían hecho su análisis toponímico del nombre de la cuenca. Explicaron que Los Pozuelos se llamaba así porque, además de lagunas, tenía muchas vertientes que afloraban del acuífero. Ahora todo es arena. “Ni los pastos crecen, por eso empezaron a llamarle El Arenal”. Así aparece escrito en el cartel del aeropuerto que construyó la minera en el lugar.
En el catastro provincial fue anotado con los dos nombres: Campo de Los Pozuelos – Campo El Arenal. “No sé por qué la gente se acostumbra a que otras personas vengan a cambiarnos los nombres. Nosotros como comunidad no vamos a aceptarlos”, reclama Guillermina. Para ella, los mineros son los nuevos colonizadores.
Cuando iban a abrir la mina, cuenta, “nos querían hacer creer que si terminábamos la escuela íbamos a trabajar todos ahí”. Cuando su abuelo, Rosendo Gerván, se enteró, dijo que desde que estaba la mina de Farallón Negro -ubicada cerca de donde luego se instaló Alumbrera- empezó a darse cuenta de que el agua había comenzado a mermar. “Se ponía triste porque pensaba que se iba a morir y que los que íbamos a sufrir seríamos nosotros y nuestros hijos”, recuerda.
Para la mujer, los gobiernos los subestiman: “piensan que uno no se da cuenta que el aire está contaminado. Son muchas las enfermedades que están apareciendo, antes jamás nos enfermábamos. Hay problemas en la piel, en los pulmones, diarrea”. Además, evalúa que los turistas no quieren ir a Santa María o a Belén. “El turismo viene a tomar el aire puro, a tomar el agua sana, a curarse con la misma naturaleza, pero ya no va a poder”.
Sin soltar la caja, que mantuvo en sus manos todo el tiempo, Guillermina profetiza: “no sé hasta dónde les irá a durar la picardía. La madre tierra está cansada, les va a dar su merecido. Ellos creen que la Pachamama no existe porque nos obligaron a adorarla en el corral, escondidos”.
A cielo abierto
Alumbrera comenzó su fase de explotación violando la legislación ambiental vigente en el país porque no cumplió en tiempo y forma con la presentación del Informe de Impacto Ambiental requerido por la Ley Nacional 24.585. A pesar de esto, el gobierno catamarqueño habilitó a la empresa a operar.
Existen decenas de informes de organismos nacionales y provinciales sobre las consecuencias ambientales y contaminantes que generó Alumbrera en la zona. Existen desde 1999, en la justicia federal, 11 causas abiertas sin sentencia definitiva por contaminación, infracción a la ley nacional 24.051, daños y perjuicios, cobros indebidos y estafa al Estado Nacional por ocultamiento de ganancias. Aunque se consultó, no se pudo obtener información oficial del ministerio de Minería de Catamarca al respecto.
Aún así, hubo al menos una victoria judicial contra la minera: en 2019, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló de forma unánime contra La Alumbrera por un juicio que había empezado 10 años antes por daños y perjuicios.
En este contexto, Leandro Gómez, de FARN, explicó: “los proyectos mineros son evaluados de manera independiente cuando muchas veces se desarrollan en una misma región o dependen de una misma cuenca hídrica. Si nos enfocamos en el agua, una de las grandes problemáticas que existen es la ausencia de una foto del hoy. No hay información suficiente, objetiva, clara sobre cuál es la situación en términos ambientales de biodiversidad y de agua”.
El investigador explica que los informes son realizados por las propias mineras, que son la parte interesada, “y que son estudios condicionados, poco claros. Esa es la única información con la que cuentan los Estados provinciales al momento de autorizar o no un proyecto”.
“Desde los sectores mineros pueden promocionar ciertas metodologías o avances de reutilización de agua para la reinyección de agua y distintas cuestiones. Nosotros desde FARN consideramos que no hay una actividad minera a gran escala que se pueda desarrollar de una manera sostenible o sustentable. Muchas veces esta actividad no sólo utiliza sustancias contaminantes sino que también está vinculada a prácticas violatorias de derechos humanos”, resalta.
Santiago Machado, como coordinador general del Informe Sombra, elaborado en 2017 con eje en las consecuencias ambientales de la Alumbrera y otros proyectos extractivos de Glencore, se refirió a lo económico: “Hasta 2015 Alumbrera pagó cerca de 525 millones de dólares a la Argentina, de los cuales solo 16,5 millones fueron para Catamarca. La escasa renta minera que obtiene el país, y en especial la provincia, es fruto de los marcos legales y fiscales de baja imposición”. “La megaminería no genera trabajo. Antes ganaban muchísimo los pocos que accedían, ahora no”, agrega.
La lucha continúa
A tres años del cese de la explotación, y sin la licencia social operativa de las comunidades indígenas ni de las asambleas locales ambientalistas, Bajo La Alumbrera se prepara para ser el esqueleto que albergará a Minera Agua Rica/Alumbrera (MARA). Este proyecto integra el yacimiento Agua Rica -a 17 kilómetros de Andalgalá, al norte de la provincia- con la infraestructura ya existente.
Es por esto que -según confirmaron desde la Justicia Federal- Alumbrera sigue bombeando el agua desde Campo El Arenal, aunque ya haya dejado de extraer el mineral: el objetivo es conservar el ducto para que MARA lo pueda utilizar. La lucha actual incluye la defensa de glaciares ubicados en la cima de esas Sierras, cuyos ríos abastecen a la población.
Con respecto a este proyecto, la Comisión de Expertos de la Universidad Nacional de Tucumán publicó un informe este año. Entre las sugerencias, destacan dos cuestiones. La principal es que hay “un profundo desconocimiento en la comunidad en general de los contratos, responsabilidades emergentes y datos concluyentes relativos a la temática ambiental y sanitaria”.
Por otro lado, consideran prioritario “abordar el estudio del estado actual e histórico del uso y la calidad de agua en las cuencas involucradas por las actividades mineras Alumbrera y Mara pues representa el componente ambiental más sensible”.
Vulnerados
En el plano internacional, Argentina adhirió y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C169) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El primero, en referencia a las actividades extractivas, señala que “los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados”.
La DNUDPI, por su parte, establece el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Reconoce su derecho a determinar cómo usar sus tierras y territorio. Además, establece la obligatoriedad de los Estados de obtener el consentimiento previo, libre e informado para todo proyecto que afecte sus territorios u otros recursos. Esto significa que no posee carácter definitivo. Un consentimiento puede ser quitado y tampoco debe mediar coacción, coerción ni manipulación para obtenerse.
La Pachamama o “madre tierra” es sinónimo de vida, una deidad a la que la mayoría de las comunidades indígenas de Latinoamérica veneran. Pero para Milagros es mucho más.
“Siempre la definieron como una mujer pero para mí es ver un pájaro que vuela, es el pasto, la tierra. Todo eso es y nosotros somos como piojitos en su cabeza. Si es seco es tierra, si es blanco es nube, si es azul es mar, si es verde es planta. Comunicarse con ella es hermoso porque al dar gracias, ella nos devuelve. Se siente paz, los dolores se calman. Todo lo que nos inquieta, pasa. A veces uno se inspira y encuentra solución”, dice la mujer.
Adela con sus plantas y Guillermina con su caja coinciden. Las tres, le piden cada día que las proteja.
Esta historia forma parte de “Territorios y Resistencias” la investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina, que fue realizada entre octubre y diciembre del año 2021, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, por un equipo de más de 35 mujeres y personas LGBTTQI+ de todo el país de forma colaborativa.
YC