Los trágicos efectos de los relaves (desechos) mineros en Chile no son nuevos. El 28 de marzo de 1965, un tranque de relaves ubicado cercano al poblado El Cobre no resistió un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en La Ligua, lo que produjo un alud de desechos mineros que arrasaron con el poblado. Un sector con más de 200 habitantes desapareció por completo: se estima que hubo 10 sobrevivientes. La primera norma regulatoria de relaves se promulgó recién cinco años después.
Según el catastro de relaves mineros 2020, generado por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) —entidad encargada de fiscalizar el diseño, la construcción, la operación y el cierre de los depósitos de relaves—, el país cuenta con 757 relaves mineros, de los cuales 173 están abandonados, 112 activos, cinco en construcción y 467 inactivos.
Más del 51% de estos 757 relaves (389) están en la región de Coquimbo. Dentro de las provincias, también se distribuye desigualmente: mientras en la de Elqui hay 227 depósitos, en Choapa hay 91 y en Limarí, 71. A nivel nacional, las tres provincias de la región de Coquimbo están entre las 4 que más relaves tienen en Chile.
Desechos tóxicos
Un depósito de relave es, básicamente, un gran depósito de desechos tóxicos. Las instalaciones pueden ser de diferentes tipos, según sus métodos de construcción: tranque de relave, embalse, filtrado, espesado, en pasta. Entre los componentes de estos desechos se encuentran mercurio, arsénico, plomo, sales de cianuro y otros elementos tóxicos propios del procesamiento minero, lo que puede tener graves influencias en el agua y en el aire.
Según César Pastén, presidente del actual Colegio Químico de Chile, el principal riesgo para las personas que habitan en lugares cercanos a relaves radica en la inhalación de material particulado fino. “El polvo es sílice, cristalina, causante de la enfermedad respiratoria llamada silicosis, que es el principal problema que afecta a las comunidades que están cerca de los depósitos de relaves. En Illapel, colindan con algunas casas, y ahí el problema es el estar respirando ese material particulado fino, que al ser desplazado por el viento o por cualquier condición ambiental se levanta y eso va dar a sus habitantes. Ese polvo es aspirado y ocasiona silicosis”, explica. “Mucha gente no lo dimensiona, porque los efectos de este tipo de contaminación no son efectos que se puedan evaluar en el corto o mediano plazo, generalmente son de largo plazo.”
El estudio “Efectos sobre la Salud y el Medio Ambiente de las Actividades Mineras en Chile”, publicado en 2012 en la revista de Salud Pública del Colegio Médico de Chile, expuso la contaminación en el agua potable del poblado de Caimanes, ubicado a los pies del tranque de relave El Mauro, el más grande de la región de Coquimbo y uno de los cinco más grandes del país. Los resultados arrojaron que, según la norma chilena de agua potable NCh409, las concentraciones de mercurio estaban sobrepasadas en un 26% y las de hierro, en un 50%. En las muestras tomadas en el estero Pupío, bajo el puente Caimanes, se sobrepasaba en un 80% para manganeso.
Además, la investigación presenta los efectos inmediatos o tempranos de la contaminación del aire, entre los que destacan: enfermedades broncopulmonares infecciosas y obstructivas; enfermedades cardiovasculares (infarto al miocardio y cerebrovasculares); efectos progresivos como cáncer (oncogénesis); mutaciones (graves cuando se dan en células germinales); malformaciones fetales y exposición perinatal.
Andrei Tchernitchin, coautor de la investigación, explica que el daño en las personas no se produce por lo que existe en el aire, “sino que lo que entra a los pulmones, pasa a la sangre y provoca efectos patológicos”. Profundiza: “En otras palabras, lo que hay que hacer es estar en reposo relativo, ya que la cantidad de aire que pasa a los pulmones es menor. Por lo tanto, si nosotros sabemos a qué hora hay más contaminación, no hay que hacer ejercicio físico intenso, porque aumenta el volumen respiratorio 10 veces y, como consecuencia, es mayor el daño a la salud de los habitantes”.
Ilegalidades confirmadas
La construcción del tranque de relave El Mauro, de propiedad de minera Los Pelambres del grupo Luksic, se fraguó bajo diversas ilegalidades, afectando gran parte del patrimonio histórico Diaguita que estaba ubicado donde hoy se encuentra el relave. Las diferentes denuncias de la comunidad concluyeron en múltiples infracciones confirmadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, que sancionó a Pelambres en 2014 con más de 1.200 millones de pesos chilenos por incumplir “gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental”.
Cabe destacar que, hoy, el tranque de relave El Mauro se encuentra cerca del 40% de su volumen aprobado, por lo que crecerá más del doble hasta que finalice la producción de Minera Los Pelambres, lo que, según la empresa, se proyecta para 2035.
Una nueva constitución
Actualmente, en Chile se celebra un proceso democrático único, la Convención Constitucional, espacio generado gracias a la insurrección social ocurrida en octubre de 2019 y que permite que se escriba por primera vez una Constitución paritaria y democrática, que supone un gran cambio de la actual carta magna, escrita durante la dictadura cívico-militar.
Ivanna Olivares, profesora de historia y convencional constituyente por la región de Coquimbo, es una de las encargadas de escribir una nueva constitución para Chile. Desde su infancia en la provincia de Choapa, ha experimentado lo que es vivir rodeada de relaves, y puntualiza su atención en tres comunas y sus habitantes.
“Andacollo, Illapel y La Higuera son las comunas que más acumulan depósitos abandonados en la IV región. Gran parte de los desechos están dentro del radio urbano, algunos incluso junto a viviendas, colegios o cauces de agua”, cuenta. “El efecto sobre los habitantes es principalmente producto de las emanaciones de polvo, contaminación de aguas, suelos, afectando la biogeoquímica de los espacios sobre los que se emplazan. Esto tiene efectos sobre la calidad de los alimentos, la salud de las personas, particularmente los grupos más vulnerables como la infancia y los mayores de edad, incluyendo también efectos adversos sobre la naturaleza.”
La salud de los niños
Según el catastro de relaves, Andacollo (121), Illapel (65) y La Higuera (45) son tres de las cuatro comunas con más relaves en Chile, la única que no se encuentra en la región de Coquimbo es Copiapó, que mantiene 86 depósitos.
El año 2013, un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile analizó los efectos en la salud de niños/as del material particulado proveniente de los relaves mineros depositados en la bahía de Chañaral. En esta comuna, hay catastrados siete relaves, casi 10 veces menos de los que hay en Illapel.
Entre las conclusiones del estudio, se destaca: “La función respiratoria en términos de variación de la capacidad vital forzada (CVF) de los escolares residentes se ve afectada negativamente por aumentos en los niveles de MP, en especial el MP2.5. Estos niños/as actualmente expuestos estarían agudamente afectados y podrían llegar a presentar efectos crónicos por exposición de largo plazo. Eso se potencia por la presencia de metales pesados presentes en las partículas que pueden generar efectos inflamatorios a nivel del parénquima pulmonar. Se requiere de la aplicación de medidas para controlar o disminuir la exposición en esta población y se espera que la evidencia generada contribuya a que esto suceda”.
Abandono legal, consecuencia fatal
Desde la perspectiva legal, hay dos hitos clave en la gestión y fiscalización de relaves en Chile. En agosto de 1970 y sin mucha conciencia sobre las consecuencias ambientales de los depósitos de relaves, se promulgó la primera norma que regula directamente los relaves, el Decreto 86, denominado “Reglamento de construcción y operación de tranques de relaves”.
Este decreto respondió a una perspectiva netamente ingenieril, y tuvo por objetivo unificar visiones frente a la ocurrencia de nuevas tecnologías en la construcción y operación de tranques de relaves, permitiendo sólo dos métodos de construcción —la Aguas Abajo y la de Eje Central— y dejando la construcción Aguas Arriba obsoleta frente a la ley. Se establecieron por primera vez definiciones legales y se creó un procedimiento para solicitar la creación de nuevos tranques de relaves bajo la supervigilancia del Servicio de Minas del Estado, hoy Sernageomin. Sin embargo, no consideró el proceso de cierre de un relave.
En 2007, 37 años después de la primera norma, el Decreto Supremo 248 consideró y estableció por primera vez la forma legal y técnica de cerrarlos. El lento trabajo legislativo del Estado y la poca información de las consecuencias de los depósitos de relaves permitió que muchos de ellos fueran abandonados hasta antes de 2007 sin exigir responsabilidad alguna a los propietarios. Actualmente, en Chile hay más relaves inactivos (467) y abandonados (173) que activos (112).
Según la página web de Sernageomin, los depósitos de relaves abandonados configuran un mayor riesgo para la salud de las personas. “El cierre de un depósito detiene el flujo de pulpa de relave, es decir, ya no hay un flujo de agua importante a través del depósito, de modo que no se retira el ácido generado (...) De allí que sean más problemáticos los depósitos de relaves en desuso en comparación con aquellos en operación”, especifica.
Que los relaves en desuso generen más contaminación sólo provoca más inquietud para los y las habitantes de la región de Coquimbo, considerando que de los 389 depósitos de relaves que hay en la región, 106 se encuentran abandonados, 244 inactivos y sólo 39 activos.
Además del riesgo a la salud para los habitantes, en la región también se concentran la mayor cantidad de relaves construidos bajo el método aguas arriba, actualmente prohibido por el riesgo de derrumbe que significa. De los 213 relaves catastrados con ese método de construcción a nivel nacional, 157 están depositados en Coquimbo. A pesar de que este método fue prohibido en 1970, de los 157 depósitos construidos con esa manera en la región, 91 (el 57,9% del total) tienen una fecha de aprobación posterior a 1982. De los restantes, 66 no poseen información sobre la fecha de aprobación, presumiblemente por ser construidos antes de la primera norma.
Soluciones trascendentales para riesgos históricos
El académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Gerardo Soto, es uno de los líderes del proyecto “Gestión territorial de pasivos ambientales prioritarios”, que actualmente se desarrolla en la provincia de Limarí. Para él, uno de los principales problemas es el poco conocimiento que hay en términos ambientales.
“El analfabetismo ambiental va para los dos lados, tanto para los mineros como para las personas”, afirma y concluye: “La educación ambiental es la única manera de que esto se pare, el analfabetismo ambiental. Es una labor educativa de largo aliento, no es un problema de un gobierno u otro, es el Estado en general. El Estado en general en Chile ha sido muy mezquino con la educación, y eso es un problema político”.
Olivares, por su parte, propone un cambio económico como solución de fondo. “La producción minera de pequeña, mediana y gran escala genera problemas estructurales y multidimensionales, siendo uno de ellos la externalización de sus costos a través de pasivos ambientales como los relaves y mega relaves. Es prioritario avanzar hacia un modelo económico post-extractivista, porque la crisis climática lo amerita, así como también la profunda crisis que viven las comunidades y territorios sacrificados para sostener este modelo”, advierte.
“No contar con relaves en situación de abandono, ni críticos para la población al 2050” es una de las principales metas del anteproyecto de la Política Nacional Minera 2050, generada por el Ministerio de Minería. Sin embargo, no se presenta ningún plan que considere directamente a las comunidades que viven en lugares adyacentes a estos depósitos.
El anteproyecto incluye, además, la idea de “liderar la adaptación y mitigación al cambio climático, logrando la carbono neutralidad del sector a 2040”. El objetivo es ambicioso, sobre todo si se considera que, según datos de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), “las emisiones totales de la minería del cobre serían un 15% de las emisiones gases de efecto invernadero totales a nivel país en 2018”.
Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte. En el caso del presente artículo, este también fue producido con el apoyo de Climate Tracker - América Latina.
MLP