El policía acusado del homicidio del adolescente Luciano Olivera, quien recibió un balazo en el pecho cuando lo persiguieron porque aparentemente se negó a detenerse en un control en la ciudad balnearia de Miramar, se negó hoy a declarar ante la fiscal de la causa y seguirá preso, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Maximiliano González (25), quien se abstuvo de prestar declaración frente a la fiscal Ana María Caro, que lo acusó por el delito de “homicidio agravado por ser funcionario policial en cumplimiento de sus funciones”, que prevé la pena de prisión perpetua, y ya fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.
Fuentes judiciales informaron a Télam que previamente el efectivo mantuvo una entrevista con sus abogados Lautaro Resúa y Carla Medina, quienes le recomendaron no declarar por el momento.
“La autopsia confirma que un único proyectil le perforó el corazón, el pulmón derecho en la parte inferior y también ha tenido una lesión hepática que produjo la muerte casi de manera instantánea y salió a la altura de la espalda”, dijo tras la audiencia la fiscal Caro en una conferencia de prensa en el hall del edificio ubicado en Tucumán y Almirante Brown.
La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada General Alvarado afirmó que el juez de garantías 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, convalidó el pedido de la conversión de la aprehensión en detención y que continúan las pericias.
“Seguimos con toda la incorporación de la prueba que estamos haciendo y todos los análisis de cámaras y con las testimoniales”, dijo Caro.
La fiscal ya dispuso la entrega del cuerpo a los familiares, que hoy velarán sus restos en la casa de sepelios ubicada en Diagonal entre 15 y 17 de Miramar.
Además, amigos y vecinos convocaron a una nueva movilización para esta tarde a las 17 para pedir “Justicia” por el crimen.
El hecho investigado ocurrió pasadas las 3 de la madrugada del jueves, lo que generó un fuerte repudio por parte de los familiares y amigos de la víctima, como así también de vecinos de la localidad bonaerense que marcharon a la comisaría y en el centro de Miramar, donde hubo incidentes con la Policía.
Todo comenzó cuando una patrulla con cuatro efectivos a bordo quiso supuestamente identificar al adolescente que se trasladaba a bordo de una moto Yamaha YBR 125 roja. En circunstancias que aún son materia de investigación, los efectivos se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, y luego de bajar de la patrulla uno de ellos le efectuó un disparo con su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros, agregaron las fuentes.
“El móvil no fue a chocar la moto que venía de frente por la avenida, ellos detuvieron el patrullero y bajan pero la moto siguió y, en ese marco, al parecer la moto lo atropella (a González) y ahí se produce el disparo”, dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa
El adolescente cayó gravemente herido y cuando llegaron los médicos de la ambulancia convocada al lugar ya había fallecido.
Esa secuencia pudo ser reconstruida hasta el momento por diversos testimonios, entre ellos el de los otros tres policías que estuvieron en el lugar del hecho.
De inmediato, por orden de la Justicia, el efectivo que efectuó el disparo quedó detenido y se le secuestró su arma reglamentaria para ser sometida a peritajes.
En tanto, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, aseguró ayer tras reunirse con los familiares de Luciano que “no hay ninguna justificación” para explicar el crimen del adolescente y afirmó que el policía involucrado en el hecho, quien había festejado su propio cumpleaños pocas horas antes del asesinato, “hizo todo mal”.
Una fuente de la investigación explicó a Télam que el dosaje de alcohol en sangre que se le practicó a González dio resultado negativo, aunque ahora deberán aguardar el resultado de los análisis de sangre.
El ministro Berni explicó que en su primera declaración ante sus compañeros, el policía dijo que el disparo se efectuó de manera accidental.
Sin embargo, voceros de la investigación rechazaron la versión del efectivo, ya que -según explicaron- para que se produzca el disparo “primero tuvo que desenfundar su arma, sacarle el seguro, montar el arma y poner el dedo en el gatillo”.
La fiscal Caro ordenó que todos los peritajes sean realizados por la Policía Federal Argentina (PFA).
Además, la funcionaria judicial solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad que pudieran haber captado la persecución, un peritaje sobre los GPS de los móviles policiales para establecer la geolocalización de cada uno de los patrulleros y el testimonio de todos los amigos de la víctima.
CB con información de Télam