Johana Foenzalida fuma un pucho y mira para abajo, desde una de las áridas mesetas que abrazan Neuquén capital. A la distancia, en tierras que habían sido un basural, está su casita, un duplex de apenas dos años que tiene dos habitaciones, un baño y antebaño, cocina, comedor y un baño de visita. También tiene paredes que ella pintó de colores lavanda, aqua y maíz. Y tres árboles que ella plantó.
Nada de eso es menor, todo habla de una larga lucha para cerrar un ciclo de violencia y sanar las huellas que eso dejó. Difícil borrarlas –así son las huellas– pero hace rato que no está sola y ahora trabaja para que otras mujeres sepan lo mismo.
“Fue la vuelta de rosca de mi vida”, dice Foenzalida, desde la meseta. “Después de tener mi casa, todo se acomodo.”
La casa la obtuvo, en gran medida, gracias a los esfuerzos de una organización en Neuquén que se llama Movimiento para un Techo Digno (MTD). Se creó en 2003, de las tinieblas de la crisis del 2001 y los desocupados que rebosaban como volcanes en las calles del país. Es una organización social que empezó de la mano de hombres, pero se transformó en un vehículo de empoderamiento para mujeres. Ahora son ellas las que están a cargo de la dirección y manejan áreas de contención que incluyen violencia de género, trabajo, salud y apoyo barrial.
Son ellas las que alertan sobre el impacto de políticas nacionales que han frenado la construcción de viviendas en el barrio denominado Z1, restringiendo una de las herramientas que existen para responder a la violencia de género en una provincia que en 2024 tuvo el nivel de femicidio más alto de la Argentina.
En Z1, con fondos nacionales y provinciales se construyeron 2.000 viviendas. Viviendas que hace varios años se entregan a las mujeres de la familia, nombrándolas titulares como una forma de resguardarlas en caso de una ruptura en su hogar. Pero con la parálisis de la obra pública dispuesta por el Presidente Javier Milei, las últimas 180 casas quedaron sin terminar. “No creemos que el Gobierno tenga que construir viviendas”, dijo en una entrevista reciente Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. En febrero, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial que disolvía la Secretaria de Vivienda.
El lema “no hay plata” del Presidente toca cada rincón de Argentina y todas las sombras de la vida cotidiana. Ahí se encuentran víctimas de violencia de género, padeciendo recortes presupuestarios a asistencia económica y programas de acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales. “Si viene una mujer que trabaja en el servicio doméstico y necesita salir de esa situación hoy, urgente, ¿cómo hacemos para conseguir un alquiler?”, pregunta Foenzalida. “Un alquiler no baja de las 500 lucas. Un monoambiente te estoy diciendo.”
Las acciones del Gobierno nacional están enmarcadas en la lógica de un Estado chico. Según Sturzenegger, no se trata de ser más eficiente, sino, de hacerse “una pregunta más profunda” sobre qué hace el gobierno. Estás decisiones se respaldan sobre una columna de sentido ideológico armada por el mismo Presidente, quien en su discurso en el Foro Mundial de Economia de Davos señaló al “feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de genero” como instituciones diseñadas para “penalizar el disenso” y “justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles.”
Busca eliminar del código penal la figura agravante del femicidio, argumentando que es injusto y desigual, algo que expertos ya pronosticaron que podría resultar la liberación temprana de personas condenadas por violencia. Para personas acompañando a mujeres en situaciones vulnerables, las decisiones oficiales las dejan más desprotegidas.
“Las políticas de ajuste caen primero sobre las mujeres,” dice María Jose Vazquez, ex coordinadora en Neuquén de un programa del gobierno nacional que se llamaba Acercando Derechos.
Neuquén es una ciudad en ebullición. Los “guanacos” petroleros que extraen las últimas gotas de un recurso codiciado marcan un ritmo de crecimiento y cambio que sacude el desierto. La provincia de Vaca Muerta funciona como un gran imán regional para argentinos que buscan salidas laborales en un contexto que se pone aun más difícil.
Un chaqueño manejando para Uber tuvo cinco entrevistas en su primera semana en la capital neuquina para un puesto de mecánico, con ofertas al doble o el triple de lo que ganaba en su provincia natal. Un santiagueño, agotado después de 30 años de mantener una carnicería con su esposa, migró a probar suerte en la ciudad donde su hijo y nuera habían rápidamente conseguido trabajo. Los sueldos petroleros inflan la economía local y agudizan la brecha salarial. Para muchos, los alquileres se vuelven inalcanzables, ni hablar para mujeres que se encuentran violentadas en sus propios hogares y con pocas respuestas frente a la amenaza ¿a dónde te vas a ir?
“Cuando el Estado no está ahí, ¿quién está?” se pregunta Vazquez.
El programa Acercando Derechos, bajo la órbita del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, acompañaba mujeres en situaciones de violencia. En la provincia de Neuquén se componía de un equipo interdisciplinario que incluía abogadas que se encargaban de cuestiones legales, trabajadoras sociales que resolvían necesidades de vivienda, comida y educación y psicólogas que acompañaban el proceso terapéutico. Entre 2021 y junio del 2024, los 59 equipos que funcionaban en todo el país ayudaron a 30.800 mujeres, según lo que contabilizó Vazquez. El equipo de 10 personas en Neuquén acompañó a 820 personas. Con los despidos en el Estado de Milei, quedaron cuatro trabajadores, incluyendo Vazquez, pero sin el equipo técnico que hacía el seguimiento.
También, hubo recortes al programa Acompañar, una política pública que nombran a lo largo del país como una herramienta importante a la hora de responder a la violencia de género. El programa se lanzó bajo la presidencia de Alberto Fernandez. Otorgaba el equivalente al salario mínimo vital y móvil durante seis meses consecutivos a personas que sufrieran violencia de género, para facilitar su salida del lugar de riesgo. Desde noviembre de 2020, cuando empezó, y el fin de 2023, más de 334.000 personas habían recibido la asistencia económica.
Entre ellas estaba Odra González Trías, sobreviviente de un intento de femicidio en 2022 por parte de su expareja, José Gregorio Montaño. Inmigrante venezolana, González Trías llegó a la Argentina para reunirse con sus hijos y había denunciado a su pareja varias veces, algo que él ignoraba. “Sin la ayuda económica no sé cómo haría”, dice.
Con la llegada del presidente Milei, la asistencia bajó a un plazo de tres meses y ahora los aplicantes tienen que presentar una denuncia judicial o policial para poder recibir autorización del pago. En el boletín oficial que informó del cambio, la administración de Milei destacó que es “prioridad del Gobierno Nacional adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el ESTADO NACIONAL se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía.”
En la oficina de Vazquez, mujeres llamaban el año pasado preguntando sobre sus pagos. Sin información disponible, el equipo no tenía respuesta. “Ya no nos llaman más”, dice. También, a partir de octubre, su línea de teléfono dejó de funcionar. El poco contacto que mantienen ahora es por WhatsApp.
“Ellas me acompañaron mucho después del fin del juicio”, dice González Trias, sentada en la mesa de su living, en el departamento que comparte con sus dos hijos. “Estar en ese círculo en que te mete esa persona… para salir de ahí, cuesta. Hay que vivirlo para saberlo. De hecho, 15 días después que pasó lo que me pasó a mi, en Córdoba hubo un hombre que mató a su mujer con 17 puñaladas. Exactamente las mismas puñaladas que me metió a mi.”
Ella no recuerda todos los detalles del hecho. Piensa que capaz porque era invierno y estaba bien abrigada, su ropa hizo que no se diera cuenta que Montaño la estaba apuñalando en la calle, cerca de su casa, después de haber llevado a los hijos de los dos al colegio. Diecisiete puñaladas. Las más severas fueron en su diafragma, que hacen que le cueste respirar cuando sube las escaleras. También tiene lesiones todavía visibles en su mano izquierda. Había levantado sus brazos para proteger su cara y Montaño le cortó cinco tendones de una muñeca. Tuvo dos operaciones y de a poco está recuperando movilidad en su mano, pero hay algunos movimientos que nunca va poder hacer de nuevo.
“No es que voy a decir que lo supere”, dice ahora González Trias. “Porque no se supera eso”. Sí está rearmando su vida, trabajando en hoteles como mucama y recepcionista. La ayuda económica de Acompañar fue clave, pero ya se agotó. Por suerte, sigue recibiendo $320.000 al mes del programa de Neuquén que se llama Fortalecimiento Familiar. Su sueldo básico ronda los $400.000, algo que no alcanza para pagar su alquiler de $500,000 y que pronto aumentará $150.000. La AUH de $90.000 la resguarda para gastos escolares de sus hijos.
Más allá de los malabares que tiene que hacer todos los meses para cubrir sus gastos, González Trias vive ahora en una suerte de calma. Neuquén le resulta cómodo. Sus hijos ya se adaptaron. No tiene ganas de irse. Pero, también, está contando los días. “Me preocupa cuando salga”, dice sobre su agresor, a quien le quedan 10 años de prisión. “Yo lo veria en todos lados. Porque si ya lo hizo una vez ¿por qué no lo haría una segunda?”
Mariana Sarín acompaña a personas en situaciones de violencia hace años en Neuquén, de forma voluntaria. El método es insertarse como “una mujer más” que está al lado de la mujer violentada, brindando información de dispositivos estatales, gestionando por ella si no recibe respuesta, denunciando en los medios si es necesario. El programa del último gobierno que se llamaba Tejiendo Matria fue un fuerte avance, dice, porque formó una red de “promotoras” de género como ella con capacitaciones y credenciales que las respaldan a la hora de exigir respuesta de las autoridades.
El patrocinio jurídico de Acercando Derechos fue “una diferencia abismal” porque aportaba un seguimiento legal que, ella dice, no existe con los defensores públicos, quienes tienen menos tiempo para dedicarle a los casos. “Había un enfoque distinto, de empatía”, dice Sarin. Igual, agrega, “la realidad es que lo que teníamos estaba muy lejos de lo que necesitábamos”. Y el clima ahora con el discurso de Milei para Sarin profundiza la sensación de que no hay a dónde reclamar.
“La provincia algo hizo. Por ejemplo, sabemos que contrató a tres abogadas por una desliza en una nota periodística. Pero no publicitan eso”, dice. “No es que en algún lugar dice: si vos sos víctima de violencia podes tener una abogada sin pagar nada, podés llamar acá.”
Las mujeres del MTD sí responden. Tiene un grupo de WhatsApp que llaman Código Rojo –rojo es el color de su agrupación – y cuando reciben un mensaje de una mujer que necesita ayuda se movilizan y van a la casa. Si es necesario, sacan a la persona violenta del hogar. Cada socia parece tener su historia, que van contando de a poquito, ganando confianza con las compañeras. Todas miran a Claudia Seguel, quien está a cargo de la dirección, como una madre.
“Seguimos rescatando a mujeres, explicando que lo tuyo no es una casualidad, no es normal”, dice Seguel, coordinadora general de MTD. Pero sí que la violencia de género es transversal y sucede, capaz, donde menos lo esperás. (Alberto Fernandez, quien había visitado la sede de la organización durante su presidencia, ahora está procesado por lesiones y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez.) Casi todas tienen una historia de haber sido escuchada por Seguel, y alentadas a fortalecerse.
Como Belen Ilarragorry, quien llegó a las puertas de MTD después de recibir amenazas escritas de su pareja: le decía que le quedaban 40 días para vivir. Recibía mensajes con la cuenta regresiva de los días, como un reloj de arena en WhatsApp. Tenía marcas de quemaduras de cigarrillos en su piel.
“Me daba vergüenza decir lo que me pasaba porque estaba lleno de mujeres fuertes y yo, pollito mojado,” dice Ilarragorry. Ya no es un pollito mojado; está a cargo de un galpón que había sido construido como un centro de salud durante la pandemia y que quedó en manos de MTD donde ahora hacen capacitaciones de género, talleres de costura u otras salidas laborales.
“Nos cuidamos entre todas”, dice Belén Duran, 36, madre de dos nenas, en la casa de Z1 que comparte con sus dos hijas. La más pequeña, de cinco años, saca unos marcadores de colores mientras recuerdan un día que fueron al Jardín Botánico de Buenos Aires. “Les compré un pasaje en avión y vimos el cielo”, dice Duran, mirando a su nena. “Nunca me imaginé que yo iba poder, por mi cuenta, llevar a mis hijas de viaje.”
Estuvo casada 14 años. Su militancia en la cooperativa no le cayó bien a su exmarido, que empezó a ejercer más control, con comentarios y presión. Pero ella seguía con sus capacitaciones de género. “Ahí empecé a escuchar cosas. No sabía que lo que vivía era violencia,” dice Duran.
Algunos talleres fueron liderados por La Colectiva Feminista La Revuelta, una legendaria organizacion basada en Neuquén, que impulsó un programa de socorrismo para acompañar en la decisión de abortar antes de que se sancione la ley. Sentadas en la cálida sede en Neuquén capital, abajo de una frase de la feminista Sarah Ahmed pintada en la pared, Ruth Zurbriggen y Carla Nuñez explican el impacto que ven en el territorio.
Nuñez es abogada y una de las siete integrantes de Socorro Violeta, una rama de La Revuelta que acompaña a mujeres en situaciones de violencia. Reciben personas de forma presencial todos los jueves y por teléfono los martes. Desde la llegada de Milei, las consultas han aumentado. El pago de asistencia económica es un problema recurrente que escuchan.
“Hay algo que es del orden del golpe. Una pensó que tan atrás no iba a ser”, dice Zurbriggen, investigadora de La Revuelta y una figura importante en el feminismo de Argentina.
“¿Cómo vamos a hacer para que no lleguen a tanto?”, se pregunta. “¿Qué capilaridad vamos a armar para que todo esto que dijo Milei no muestre el lado más horrible? El que habilita el odio es el Presidente.”
Arriba de la meseta, Johana cuenta cómo ella canalizó un duelo profundo, en gran medida gracias a las mujeres que la siguen rodeando.
Cuando tenía 13, su mamá fue víctima de un femicidio en un juzgado. Después de eso, entró en un ciclo de enojo, yéndose de su casa, buscando refugio en un papá que se había ido de la familia, entrando y saliendo de relaciones violentas y tóxicas hasta que finalmente llegó al MTD. “Mi hija era chiquitita todavía, tomaba teta”, dice Johana. En el interín, había perdido contacto con un hijo más grande. Vivía con su padre y la Justicia le negaba mayor acercamiento. Pero la luchó y ahora están juntos, los tres, en la casita con paredes que ella pintó en Z1.
En su brazo tiene un tatuaje de una niña abrazando una mujer. Es ella, abrazando a su mamá. Un recuerdo, para los días en que sea necesario, de que no están solas. Y de que se puede salir adelante.
Este trabajo fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center y la colaboración de Laura Loncopan.