Como entendieron que no estaba probado que una banda narco había comprado sus autos de alta gama con dinero de venta de drogas, los jueces decidieron que sean devueltos a sus dueños, luego de que, durante más de dos años, los autos fueran utilizados como patrulleros. La medida fue tomada por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº1 de La Plata e integra parte de los fundamentos de la sentencia contra los narcotraficantes Hugo Rivas y Jaime Rosado. La causa había llamado la atención de los medios porque, cuando fue allanado el grupo tenía panes de cocaína con cruces esvásticas marcadas.
A finales de abril, el Tribunal condenó a Rosado a la pena de cinco años de prisión, y a Rivas, a cinco años y seis meses, los dos por el delito de narcotráfico. En ese fallo, los jueces Nicolás Toselli, Ricardo Basílico y Nelson Jarazzo, rechazaron el pedido del fiscal Hernán Schapiro para que se decomisaran de manera definitiva dos Mercedes Benz C200 Kompresor y un Peugeot RCZ.
A mediados de 2018, durante la gestión de Cristian Ritondo esos autos que habían sido secuestrados el año anterior fueron entregados a la Policía Bonaerenses para que hagan recorridos en La Plata y en la autopista que une a esa ciudad con Buenos Aires. La presentación se hizo en La Matanza en un acto con fotos y prensa, junto a otros vehículos que fueron dispuestos para los patrullajes en ese otro distrito.
Rivas, de nacionalidad argentina, y Rosado, peruana, fueron detenidos en noviembre de 2017, en el marco de una decena de operativos en el Gran Buenos Aires, en el que se secuestraron 40 kilos de cocaína. El envoltorio de los panes de droga tenía la particularidad de estar cerrada con papel metálico y cubierta con grasa industrial para que no pudiera ser detectada por los perros de las fuerzas de seguridad. Al abrirlas, los policías encontraron que habían sido selladas con cruces esvásticas.
En sus fundamentos, los jueces entendieron que no hay pruebas de que los automóviles fueron adquiridos producto de la actividad de venta de esas drogas. Y que esa droga secuestrada era para venta y por lo tanto la ganancia que provocaría era futura. “Entendieron que había venta ilegal de drogas, que había una ganancia producto de esa venta, pero entendieron que no se puede probar de manera retrospectiva, que es la compra de los automóviles”, explicaron fuentes del Tribunal. Por otro lado, este diario se comunicó con el fiscal Schapiro, que no quiso hacer evaluaciones porque no había terminado de leer los fundamentos. “Recién los estamos analizando y estamos trabajando con ellos”, se excusó de opinar.
Como una curiosidad, uno de los autos, el Peugeot RCZ, fue chocado en la autopista un par de meses después, cuando era utilizado para controles de tránsito. Con este fallo de la Justicia Federal de La Plata, además de pedir indemnizaciones por el desgaste que que sufrieron sus autos, podrán exigir que les paguen el arreglo del choque.
Los dos narcos llevan presos más de tres años detenidos y en poco tiempo podrán acceder a una libertad asistida y poder utilizar nuevamente los vehículos.
Entrega de bienes narcos al Estado
El proceso para que la entrega de los bienes del narcotráfico sea definitiva debe cumplir ciertos pasos. Cuando se inicia una demanda civil por extinción de dominio, el juez debe notificar a los demandados para que prueben que los consiguieron con fondos legítimos. En caso de que no los puedan justificar operará la extinción y los bienes pasarán al control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este procedimiento implica dos cuestiones al menos polémicas: que invierte la carga de la prueba y no respeta el principio de presunción de inocencia. Esa fue una de las principales críticas que recibieron Macri y su ministra Patricia Bullrich, cuando promovieron en DNU de extinción de dominio.
Muchos fiscales reclaman que se haga un seguimiento de las causas para que se pueda relevar los bienes que aparecen en cada una, el estado que tienen y su valor, pero por una cuestión de cantidad de causas, la AABE no llega a centralizar todos los casos de bienes decomisados.
Durante el año pasado hubo decenas de inmuebles que fueron entregados para la campaña contra el Covid-19. Dos hoteles del clan Loza en Salta, más de una decena de autos, un predio empresarial y otros bienes y dinero por más de 800 millones de pesos pasaron en 2020 al dominio del Estado.
AM