La última vez que se habló más o menos masivamente de Educación Sexual Integral fue hace dos semanas, cuando cobró notoriedad la resolución 35/2021 del Ministerio de Salud de la Nación. En ese caso, la atención se posó sobre la licitación que la cartera sanitaria había lanzado para, entre otros objetos, comprar 10 mil penes de madera pulida con el fin de usarlos para la enseñanza del buen uso del preservativo.
En los medios de comunicación -y eso, a esta altura, incluye a las redes sociales- hubo a favores y en contras a ultranza, como a la grieta le gusta. Además, con el falo en el centro de la conversación, proliferaron las discusiones sobre si no era conveniente ahorrar y usar bananas, conversaciones sobre qué largo y qué grosor debían tener los pitos de carpintería, debates sobre por qué enseñar con un objeto tan duro si de un pene humano podían esperarse “momentos de flacidez” (acá, en la radio y la tele, siempre venían las risas; en la vida real, un preservativo puesto en “momentos de flacidez” puede fallar como anticonceptivo y como barrera de las enfermedades de transmisión sexual).
El tamaño de la pieza de madera y el tamaño del presupuesto asignado fueron los ejes de la conversación. El debate ocurrió un país en el que, según un informe de 2019 de la entonces Secretaría de Salud de la Nación y de Unicef, nacen, en promedio, 258 niñas y niños por día a causa de embarazos adolescentes y en el que siete de cada diez de esos embarazos no son intencionales. En un país en el que, entre 2013 y 2017, se triplicaron los casos de sífilis por la falta de uso -o el mal uso- de preservativo y en el que, desde que se lleva registro, no se ha logrado bajar la tasa de femicidios, máxima expresión de la violencia de género. En un país en el que, para 2021 y según documentación a la que tuvo acceso elDiarioAR, el Ministerio de Educación de la Nación dispuso una inversión anual en el programa dedicado a la Educación Sexual Integral (ESI) de 10,70 pesos por cada alumno de los niveles inicial, primario y secundario del país.
De acuerdo a la documentación de la cartera nacional que encabeza Nicolás Trotta a la que tuvo acceso este diario, el presupuesto previsto para este año para el Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) es de 112.764.300 pesos. Ese mismo ministerio tiene como última estadística consolidada sobre el total de los alumnos del país las de 2019 -el dato no está disponible para 2020 y 2021, años pandémicos-: hay 10.550.621 alumnos y alumnas en los niveles inicial, primario y secundario de escuelas de todo el país. Es en esos tres niveles en los que, dictada de forma transversal -es decir, a través de contenidos en todas las áreas- la ESI debe ser dictada de forma obligatoria: así lo dispuso una ley en 2006.
En promedio, el presupuesto asignado a esos más de diez millones de alumnos equivale a 10,70 pesos anuales por cada uno de ellos. En 2020, con un presupuesto anual total de 60.685.997 pesos, la inversión promedio por cada alumno fue de 5,75 pesos para todo el año.
La distribución de la inversión para el programa que, a menos de once pesos anuales por alumno aspira a fortalecer el dictado de contenidos sobre ESI, no es igual entre provincias. Siempre según la documentación que elaboró el Ministerio de Educación de la Nación, la asignación del presupuesto no es igual entre jurisdicciones: hay algunas que reciben, por alumno registrado en las estadísticas ministeriales, hasta cinco veces más presupuesto que otras. De acuerdo a las asignaciones de 2021, Santiago del Estero, Entre Ríos y La Rioja recibieron 25,34 pesos, 22,36 pesos y 22,15 pesos por alumno por año: fueron las tres que recibieron mayor inversión según su población estudiantil. En el otro extremo de la asignación de recursos se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Santa Cruz: en esas jurisdicciones las partidas fueron de 4,25 pesos, 7,32 pesos y 7,70 pesos respectivamente por alumno por año.
Según el registro que hicieron Unicef y la entonces Secretaría de Salud de la Nación en 2019, las seis provincias con mayor tasa de embarazo adolescente de la Argentina son Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Corrientes y Salta. Sólo Santiago del Estero se encuentra entre las cinco jurisdicciones del país que reciben las mayores asignaciones para fortalecer los contenidos de ESI en las aulas: la provincia ocupa el primero de esos lugares.
De acuerdo al libro Por ellas, editado por la organización civil La Casa del Encuentro que se dedica a registrar femicidios desde antes de que el Estado se ocupara de esa tarea, Santiago es también una de las cuatro provincias en las que la tasa de femicidios -es decir, la cantidad de casos en relación a la cantidad de habitantes- resulta más grave en la Argentina. Ninguna de las otras tres jurisdicciones que encabezan esa estadística -Salta, Jujuy y Misiones- ocupan los primeros lugares de inversión en Educación Sexual Integral que dispuso la cartera de Educación nacional.
En 2018, una encuesta publicada por el diario Clarín había revelado que, a doce años de la sanción de la ley que volvió obligatoria la ESI, sólo dos de cada diez alumnos de las escuelas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires recibían contenidos sobre ese tema de forma habitual en las aulas. Más acá en el tiempo, en junio de este año, el alcance es aún más pobre: una investigación de la organización FUSA y de la Iniciativa Spotlight, que depende de las Naciones Unidas y la Unión Europea, reveló que sólo el 2% de los adolescentes del país recibieron contenidos sobre Educación Sexual Integral en la escuela, tras encuestar a alumnos y alumnas de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Río Negro y Salta.
En la tele, en la radio, en las redes y en los diarios la discusión gira en torno de los penes de madera. A las aulas, con inversiones anuales equivalentes a medio boleto de colectivo por cada estudiante, los contenidos no llegan.
JR