C. se escondió en el baúl de un auto y escapó de la casa de Elpidio Guaráz, el intendente de Bañado de Ovanta, un pueblo de poco menos de 3000 habitantes, en el departamento de Santa Rosa, Catamarca. Fue en el 2021, ella tenía 20 años y él 56.
Cuando todo comenzó C. tenía 16 y cursaba cuarto año de la secundaria y él era el jefe comunal de manera ininterrumpida desde 2008. Forzada por su familia a vivir con Guaráz, la joven soportó durante cuatro años el abuso hasta que al fin pudo escaparse.
Ahora C. tiene 21 y pide que la justicia acelere la denuncia penal contra el intendente peronista que inició hace un año por “privación ilegítima de la libertad con fines sexuales”.
“Él hizo abuso de mí en reiteradas oportunidades y mediante toda la relación me extorsionaba, me amenazaba y me acosaba todo el tiempo. También me golpeó y me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Estoy hablando de 4 años de relación, todo comenzó cuando yo tenía 16 años. Nunca me dejó en paz y nunca entendió que ya no quería estar más con él”, escribió C. en una carta pública en junio de 2021 tras denunciar a Guaraz en la Justicia.
Un año después, volvió a escribir una carta pública para pedir celeridad a la justicia catamarqueña que aún no indagó al hombre. “Esas instituciones a las que les confié mis más íntimos dolores, sólo demostraron que el tiempo tiene precio. Tiempo que mi abusador puede comprar”, contó.
El lunes fue la audiencia ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos en la que el abogado de Guaraz planteó el rechazo del testimonio de la víctima y de una psicóloga del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). “Es inexplicable, la defensa quiere sentarla en el banquillo para que sea indagada como si hubiera cometido algún delito. Pero a la fecha no han indagado al denunciado”, le dijo el abogado de la joven, Luis Muñoz y Pérez, a elDiarioAR.
“Pasó más de un año desde que se hizo la denuncia y todavía no lo indagaron. Hicimos todos los protocolos para la causa de abuso, se han hecho las pericias psicológicas donde se ha acreditado la vulnerabilidad y la asimetría madurativa y económica entre el denunciado y la víctima. Ella ya está atravesando un estado de victimización porque cuando inició las denuncias la han hecho denunciar dos o tres veces. La quiere revictimizar”, agregó el letrado. Y citó la Ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la. Violencia contra las Mujeres y la provincial 5434 que adhiere.
Algunos de los testimonios incorporados a la causa indicaron que cada vez que C. planteaba su intención de irse de la casa, Guaraz la encerraba con llave. Si lograba escapar, el intendente la iba a buscar a casa de sus padres, que nunca denunciaron los hechos. Es por eso, que la joven está ahora en un lugar oculto, con personas que la acompañan en el proceso.
El 21 de junio se conocerá la decisión de la Cámara de Apelaciones. Hay dos dictámenes en favor de la denunciante: tanto la fiscal de la causa, Antonella Kranevitter, como el Juzgado de Control de Garantías consideraron que una nueva declaración de la denunciante sería revictimizarla.
En la carta abierta difundida el lunes, la joven le pidió ayuda a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, para terminar con las dilaciones del proceso judicial. “La compra de tiempo solo evidencia mi verdad, esa verdad que convirtió mi vida en un infierno”.
Otra denuncia por abuso
También en junio del año pasado, la comerciante Shirli Cordero denunció a Guaraz por acoso sexual y en diciembre, la fiscal de Instrucción lo imputó por abuso de autoridad. En octubre de ese año, la Corte de Justicia de Catamarca le dió lugar al amparo presentado por la mujer para que se declare la nulidad del decreto comunal que inhabilitaba a su comercio para poder trabajar. Guaraz lo había clausurado como represalia por la negativa de Cordero a acceder a propuestas sexuales.
“Necesitamos justicia. No puede ser que luego de un año no se haya logrado imputar al intendente Elpidio Guaraz ni por la causa de Shirli ni por la otra”, afirmó la abogada Natalia Páez en diálogo con elDiarioAR. “Si bien el intendente interpuso un sin fin de recursos , tranquilamente pueden ser tratados por cuerda sin paralizar las causas principales, pero no. Aquí por todo se paraliza la principal. Creo que el Poder Judicial de Catamarca, más precisamente la Fiscalía de instrucción 4 no está a la altura de la circunstancia y está retrasando mucho tiempo medidas que pueden evitar que el intendente continúe abusando de pequeñas niñas”, afirmó la letrada.
CDB/MG