Tal como lo había anticipado en los medios de comunicación el presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, las empresas de medicina prepaga concretaron este miércoles la presentación de un amparo judicial que tiene por objeto que el Gobierno autorice aumentos a las cuotas que cobran a sus beneficiarios, que están congeladas por disposición del Ejecutivo.
En el texto, que llega a la Justicia dos días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya manifestado en un acto junto al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la necesidad de repensar todo el sistema de salud, y que está firmado por una quincena de empresas del sector, se solicita una medida cautelar que autorice un aumento del 9,77% sobre el valor actual de las cuotas.
La demanda está ahora en manos del juzgado número 7, subrogado por el juez Pablo Cayssials, y allí se pide que se dicte “una medida cautelar autónoma, consistente en que se autorice un aumento del 9,77 % sobre el valor actual de las cuotas” de las empresas de medicina prepaga. Y agrega el escrito: “Suplicamos que el poder judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al poder ejecutivo”.
El valor del aumento requerido surge de sumar 3,59%, que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totalizan 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado por los técnicos de la Superintendencia de Seguros de Salud; y un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria. “Nuestro pedido pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles”, aseguran en el texto.
Los fundamentos
En el escrito, así fundamentan las empresas de medicina prepaga firmantes (Swiss Medical, Omint, Osde, Galeno, Apres, Medicina Esencial, Medicus, Medife, Círculo Médico Lomas De Zamora, Hospital Italiano, Instituto Médico Asistencial, Cemic, ACA Salud y Mutual Federada 25 De Junio, todas integrantes de la Unión Argentina de Salud) su reclamo al Gobierno:
a) en que existe un tremendo desfasaje entre el aumento de los costos y los escasos porcentajes de los aumentos que había autorizado el Ministerio;
b) en que los aumentos autorizados son incluso inferiores a los aconsejados en un informe técnico producido por la propia autoridad de aplicación que demostraba ese desfasaje;
c) en que ese atraso de las cuotas ponen en peligro el sistema de salud (las propias consideraciones de las resoluciones reconocían esta situación, aludiendo incluso en que corría riesgo la cadena de pagos);
d) que esta situación es particularmente grave en el contexto de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del covid-19;
e) que la situación no sólo afecta a las empresas de medicina prepaga, sino también a los afiliados, a los trabajadores y a los prestadores;
f) que el tema, en definitiva, compromete a todo el sistema de salud nacional, ya que el perjuicio a uno de los subsistemas opera como vaso comunicante hacia los otros subsistemas que concurren a la preservación de la salud.
Además, agregan que para lograr su objetivo y tener una resolución favorable, “no hace falta ninguna indagación técnica; no es necesario producir prueba alguna; nuestro pedido no contempla los perjuicios financieros derivados de la demora temporal en efectuar dicho reconocimiento; y nuestra solicitud no tiene en cuenta la catastrófica situación actual por la que atraviesan las EMP, producto de la segunda ola de contagios del COVID”.
Hacia el final del extenso texto presentado, las empresas de medicina prepaga aseguran que lo que se pide, “no es otra cosa que: a) una medida ”inmediata“; b) que se adopte ”sin dilación alguna“; c) que, entre otros aspectos, permita obtener ”recursos genuinos“; d) para afrontar las paritarias salariales de los trabajadores de la salud”.
Asimismo, reflexionan que las instituciones que ellos representan están “frente a una realidad que superó la emergencia, es catastrófica, se muere gente en los pasillos de los centros asistenciales, se estructuran protocolos para la ‘última cama’, se elige quien es asistido primero y a cuál se lo deja a su suerte... Estamos hablando de un bien jurídico, pero en esta extrema situación tenemos tanto los prestadores de salud, como los prestadores de Justicia una obligación ineludible, salvar vidas”.
En el cierre, las EMP recapitulan sus pedidos:
“Por lo expuesto, solicitamos: 1. Nos tenga por presentados, por acreditada la personería, por parte y por constituidos los domicilios procesal y electrónico indicados. 2. Se tenga por acompañada la prueba documental individualizada en el capítulo VIII, ordenando la agregación de los instrumentos adjuntos. 3. Se tenga por ofrecida la caución juratoria. 4. Disponga, en forma inmediata, como medida cautelar, la autorización para el aumento del 9,77% por sobre el valor actual de las cuotas que perciben las EMP”.
La medida cautelar autónoma completa:
IG