Una nueva decisión judicial volvió a frenar las obras para reconvertir en un centro de reciclado el mayor basural a cielo abierto del país. Se trata de “La Quema”, un espacio de 13 hectáreas en las afueras de Luján que tiene 50 años de antigüedad y en el que se tiran 100 toneladas diarias de residuos.
Esta vez fue el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar a una cautelar presentada por dos organizaciones civiles que acompañan el reclamo del empresario Carlos Aníbal Reyes Terrabusi y su esposa, Viviana Karina Novelle, dueños de La Picaza Polo Club, un haras que está en Open Door, cerca del basural.
En concreto, lo que ordenó el juez fue frenar las obras en la vieja estación ferroviaria de Sucre, donde se estaba construyendo el centro de reciclaje. Además, ordenó todos los residuos deben desecharse en un sitio “un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento”, según consignó el portal de noticias de Luján, Ladran Sancho.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya invirtió más de 10 millones de dólares para la creación del centro de reciclado que reemplazará a La Quema, que es supervisado por el Municipio de Luján y el Ministerio de Ambiente de la Nación y que lleva adelante EVASA, la empresa adjudicataria de la obra.
Las obras avanzaban con rapidez, pero en los últimos días los trabajos volvieron a ser amenazados por la continuidad de un litigio que iniciaron Reyes Terrabussi y Novelle cuando a fines del año pasado lograron que el juez federal Luis Armella dictara una medida cautelar que ordenaba la paralización de la obra. Finalmente, el magistrado se declaró incompetente y la causa pasó a Mercedes.
Este vertedero a cielo abierto es considerado el más grande de todo el país. Funciona hace más de 50 años, y en sus más de 13 hectáreas se depositan 100 toneladas diarias de basura cuyo único tratamiento viene del trabajo de decenas de trabajadores informales.
Para justificar su decisión, el juez de Mercedes argumentó que las obras debían paralizarse “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.
En su presentación, Reyes Terrabusi y Novelle consiguieron el apoyo del abogado Emiliano Ezcurra Estrada, exvicepresidente de la Administración de Parques Nacionales durante la administración de Mauricio Macri y exmiembro de Greenpeace.
LC