Unas 20 mil argentinas que entre 2002 y 2011 fueron estafadas por el laboratorio Poly Implant Prothèse (PIP) con prótesis mamarias defectuosas y aún no se sumaron a la megacausa en los tribunales franceses que ya reconoció el derecho a reparación a 30 mil víctimas a nivel mundial, todavía están a tiempo de hacerlo. En virtud de esto, un estudio jurídico lanzó la campaña #AúnEstasATiempo.
La permanencia en el organismo de estas prótesis que fueron implantadas a unas 500 mil mujeres en 60 países, fue definida como “una bomba de tiempo” dado que la frecuencia de ruptura de estos implantes, certificados por la empresa alemana TÜV Rheinland como aptos a pesar de que no lo eran, fue siete veces mayor que el resto.
Pero eso no es todo: las prótesis PIP estaban rellenas con silicona industrial no apta para uso médico que se disgregaba en gránulos capaces de migrar por todo el cuerpo, resultando casi imposible quitar el material en su totalidad. Por eso, la recomendación general es retirarlas aun si no se hubieran roto, advertencia que sigue vigente en la actualidad.
En virtud de esto, la ANMAT prohibió en 2010 su comercialización, distribución y uso; y recomendó que aquellas personas con implantes PIP en su cuerpo, se sometan a controles periódicos, a tono con lo que había dispuesto su homóloga francesa, la Agencia Francesa de Seguridad de los Productos Sanitarios (AFSSAPS).
Más de 10 años después de haberse desatado el escándalo, hoy se sabe que la rotura de las prótesis defectuosas puede provocar desde inflamación de los ganglios, infecciones y fiebre crónica, hasta embolias y cáncer de mama. Los implantes adulterados PIP se cobraron al menos una vida, la de una mujer de 53 años que falleció de cáncer de mama con antecedentes de rotura de prótesis PIP y cuya muerte dio inicio a una causa penal por homicidio involuntario que aún no produjo sentencia.
El primer fallo de la justicia francesa reconociendo a las usuarias de estos implantes su condición de víctimas y su derecho a reparación, se produjo el 14 de noviembre de 2013 cuando un tribunal condenó a la empresa certificadora TÜV por los daños físicos y psicológicos causados a 1.500 mujeres concediéndole a cada una indemnización provisional de 3.000 euros, al tiempo que abrió la posibilidad de que las afectadas en el extranjero también pudieran reclamar.
Un mes después, un tribunal penal de Marsella condenó al dueño de PIP -Jean Claude Mas- y a cuatro directivos de la firma a penas de prisión de hasta 4 años por “fraude y engaño agravado” y ordenó el pago de una indemnización a las víctimas. Dado que PIP fue liquidada en 2011 mientras que TÜV sigue siendo una empresa líder con actividad en 60 países una facturación de 2.500 millones de dólares anuales, los reclamos se han dirigido a esta última y, tras la demanda colectiva inicial, se iniciaron otras cinco con un estimado de 20 mil víctimas accionando contra la certificadora.
En mayo de 2023 la Corte de Casación francesa –el máximo tribunal del país- confirmó definitivamente la responsabilidad de TÜV y ordenó pericias judiciales para determinar el monto definitivo de las indemnizaciones individuales. “Es un juicio de muchos años en el que de a poco fuimos viendo cómo se abrió un camino para las víctimas y hoy podemos decir que ha tenido un desarrollo positivo para nosotros”, dijo Déborah Gignoli Roilette del estudio DGR especializado en derecho comercial internacional que representa a miles de víctimas en todo el mundo.
Hasta ahora 30 mil mujeres cobraron la indemnización provisoria y sólo un puñado recibieron la definitiva por montos que van entre los 8.000 y 40.000 euros, pero la perspectiva es que todas las que logren demostrar que tienen o tuvieron un implante PIP en sus cuerpos se harán acreedoras de una reparación económica acorde.
#AúnEstasATiempo se denomina la campaña que busca concientizar a posibles víctimas para que se cercioren si tienen en sus cuerpos implantes PIP, informar sobre la causa e invitar a quienes recibieron este tipo de prótesis a unirse a la demanda internacional en Francia para recibir su compensación económica, extraerse lo antes posible el material siliconado y, eventualmente, reemplazarlo por otros sin necesidad de viajar ni de realizar una inversión monetaria.
La campaña es impulsada por el Estudio DGR (Francia) https://avocats-dgr.com/ que abrió una vía de comunicación directa vía WhatsApp para Argentina: +54911 3076 2737.
AB/MG