Tienen más de 60 años, fueron perseguidas tanto en dictadura como en democracia y se consideran sobrevivientes. Este grupo de 70 travestis y trans llegaron a la Casa Rosada con un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández. Mientras lo firmaban, empezaron a cantar:
—¡Travestis, unidas, jamás serán vencidas!
En el texto manuscrito para el Presidente reclaman que se reconozca la persecución sistemática que vivieron. Y que así como a las víctimas del terrorismo de Estado o los atentados, les otorguen una reparación económica que les permita vivir tranquilas su vejez. “Pasamos la mayor parte de nuestras vidas presas por el solo hecho de ser travestis”, dice María Luisa Dominguez, que llegó desde Laferrere. “La mayoría de nosotras no estudiamos, porque fuimos expulsadas del sistema educativo, y tuvimos que dedicarnos a ejercer la prostitución. A esta altura de nuestras vidas ya no podemos seguirlo haciendo y quedamos por fuera de todo ingreso. Lo nuestro es un genocidio”.
Hasta entrados los años 2000 el Estado criminalizó a las identidades travestis y trans. En provincia de Buenos Aires, donde la mayoría se trasladaba para hacer su transición y conseguir algo de ingresos, la policía aplicaba los artículos 92e y 68 de la ley 8031: prisión de hasta 60 días para “el que en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario” o ejerza la prostitución “dando ocasión de escándalo”. En Capital Federal funcionaba el Código Contravencional, que se imponía especialmente con los artículos 2F (“exhibirse en lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario”)- y el 2H (“incitar u ofrecer el acto carnal”). Pero en todas las provincias argentinas hubo contravenciones y edictos similares.
“En una oportunidad estaba vestida con ropa ‘de varón’ y el policía me dice ‘bajate los pantalones’. Tenía puesta bombacha, y por la prenda íntima me llevaron detenida”, dice Yuliana, tucumana de nacimiento y bonaerense por elección. “Podía haber alguien robando al lado tuyo que igual nos perseguían a nosotras, porque querían sacarnos la plata o sumaban puntos por llevarnos detenidas”.
Julieta González “La Trachy” estuvo detenida en el centro clandestino de detención y tortura conocido como El Pozo de Banfield. Recuerda que en la época de la dictadura un castigo recurrente, además de las golpizas, era pelarles la cabeza. Por entonces salir a la calle de día era un arresto asegurado, y son esos daños los que desea que le reconozcan. “Sabemos que este Gobierno tiene la intención de incluir a nuestro colectivo con el cupo trans y estamos agradecidas con Cristina, porque en su gestión se aprobó la Ley de Identidad que por primera vez nos reconoció como ciudadanas”, dice La Trachy. “Pero ahora estamos grandes, una cosa es salir a trabajar con 20 años y otra con 63, necesitamos que se acuerden de nosotras”.
Un precedente de reparación histórica se dio en Santa Fe, que en 2018 otorgó a más de 20 personas trans una pensión y obra social en el marco de la ley reparatoria “para personas privadas de su libertad por motivos políticos, estudiantiles y sindicales”. Como la mayoría de los edictos y las contravenciones no pasaban por el Poder Judicial, sino que las aplicaban las mismas fuerzas policiales, es muy difícil dar con documentos que prueben los arrestos, ya que “se perdieron” o fueron borrados de la historia. Alguna evidencia de esa persecución está en los archivos de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), que a partir de un trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria encontró una persecución específica hacia personas LGBT+ antes, durante y después de la última dictadura.
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—¿Cuántas veces estuviste detenida?
Ninguna en Plaza de Mayo puede responder con certeza la pregunta.
“Para el Mundial nos querían meter presas a todas, me acuerdo que hacían cualquier cosa para ensuciarte y llevarte detenida. Estuve con presos políticos en la cárcel de Caseros”, dice Alejandra, que tiene 67 años y vino a Plaza de Mayo desde Wilde.
Mariela Almada llegó desde Tigre con varias compañeras que se convocaron a partir de un grupo de WhatsApp: “Venimos a decirle al Presidente que no nos queremos prostituir más, ¡somos grandes!, nos duele la silicona, nos duele todo el cuerpo. Hemos visto morir a compañeras en la indigencia, porque no tienen plata para alquilar un lugar donde vivir. Es muy triste ir a golpear una puerta por no tener noticias y encontrar a tus compañeras muertas y solas. Queremos justicia para nuestras vidas”.
Entre las autoconvocadas de la Rosada el reclamo es que se reconozcan todas las violencias, también las que pasaron más allá finalizado el golpe militar. “La dictadura fue terrible pero siguió: nosotras no tuvimos democracia. Recién en 2012, cuando vino la Ley de Identidad de Género, se nos dio el derecho a tener nuestra propia identidad, porque ni siquiera eso teníamos”, dice Magalí Muñiz, que también viajó desde Tigre, y pone un ejemplo muy claro: “Si no hubiéramos pasado nuestra vida detenidas, si no hubiéramos sido discriminadas del trabajo y las escuelas, seguro tendríamos una jubilación o un porvenir mejor. Tampoco somos tantas las que seguimos vivas como para pensar que sería un gasto grande para el Estado. Lo nuestro es una deuda pendiente por habernos quitado la posibilidad de formarnos libres como personas”.
En la Casa de Gobierno recibieron el escrito. Será cuestión de esperar para ver si el reclamo es escuchado y toman cartas para plasmarlo en una política pública.
MM