Hay números que dominan la conversación pública: el aumento de la pobreza en el país; el precio del dólar; la inflación del mes; el ajuste del precio de los alquileres; las toneladas de comida no distribuida y arrumbada en los depósitos del Ministerio de Capital Humano con indiferencia ante los cientos de comedores desabastecidos; la cantidad de horas que el presidente dedica a las redes sociales. Sobre estos números se debate, se confronta, se litiga en los tribunales de justicia.
Hay otros números que se acumulan frente al desinterés de gran parte de la clase política y la absoluta indiferencia del Estado nacional: el 3 de junio, mientras conmemoramos el noveno aniversario de la movilización exigiendo Ni Una Menos, mostramos estos datos en un estudio publicado por ELA.
Una mujer sigue siendo víctima de femicidio cada 35 horas mientras que el Estado nacional recorta el 33% del presupuesto dedicado a las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género, se paralizó la gestión del Plan Acompañar –que busca brindar una mínima contención económica a las mujeres en situación de violencia– con una disminución del 80% en la ejecución de su presupuesto y se redujo en un 25% el presupuesto destinado a la línea 144 dedicada a la atención y asesoramiento sobre las violencias con alcance federal. Todo esto con la virtual inacción de una Subsecretaría de Prevención de Violencias escondida primero dentro del superministerio de Capital Humano y luego trasladada, sin razones ni propósitos, al Ministerio de Justicia.
Hoy todo esto alimenta una historia todavía más sombría. Sin haber prácticamente iniciado la gestión y cuando se debía estar trabajando en un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias, se conoció la noticia de la renuncia de la subsecretaria Claudia Barcia, nombrada a fines de febrero ante la decisión del Ministerio de Justicia de desvincular el 80% del personal que quedaba del anterior Ministerio de las Mujeres y disolver lo único que quedaba de la institucionalidad para promover políticas de igualdad y de protección frente a las violencias. Solamente para la atención de la Línea 144 de manera continua durante 24 horas, recibiendo los llamados desde todo el territorio del país, se requiere el trabajo de 140 personas. Son 100 las trabajadoras que propone sostener el Ministerio de Justicia para todo, todo, todo lo que debería gestionar el Estado en cumplimiento de las leyes vigentes. O será que buscarán su derogación, quién sabe.
Poco les importa a los decisores, seguramente, que la legislación nacional y los compromisos internacionales obliguen al Estado a contar con una institución rectora a cargo del diseño de las políticas públicas para efectivizar la Ley de Protección Integral frente a todas las formas de violencias, coordinar los esfuerzos de las provincias y municipios para brindar alguna respuesta frente a un problema que no cede, como muestran los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pueden intentar seguir siendo indiferentes a las experiencias de las mujeres que dejan de buscar ayuda frente a la comprobación que el Estado no está allí para asistirlas. Lo que no podrán hacer es escapar a la responsabilidad que les toca por ser el gobierno que, por primera vez desde el inicio de la democracia, ataca frontalmente a las mujeres, desprecia sus vidas, sus derechos y bienestar.
En una columna anterior, desde este mismo espacio, reflexionaba sobre la distopía argentina que nos llevaba a sentir que no hay temas saldados aún cuando se hayan cimentado en debates profundos, con argumentos basados en la evidencia, con construcción de consensos interpartidarios y federales. Allí me refería a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Mucho antes que eso, logramos que nuestra democracia nos reconozca el derecho a divorciarnos (1987), a compartir la responsabilidad sobre la crianza de nuestros hijos (1985), conquistas que hubiéramos pensado indiscutidas. Es increíble que funcionarios públicos y representantes en el Congreso Nacional argumenten también en contra de esos derechos, tal como es inverosímil que se evalúe la candidatura a juez de la Corte Suprema de quien cuestiona la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos.
La comunidad internacional de la que somos orgullosamente parte, con quienes se han construido avances para brindar herramientas que permitan la protección de nuestros derechos, es uno de los foros en los que cuestionaremos estos retrocesos. La próxima semana se reune en Santiago de Chile la IX Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres. En el año en que cumple 30 años la Convención de Belém do Pará, tal como esconocida este instrumento internacional, nuestro país enfrentará el escrutinio de la comunidad internacional frente a estas acciones.
Escribo esto con la triste certeza de que nada de lo que ha sido malo para las mujeres ha sido alguna vez bueno para la democracia. Al mismo tiempo, con la esperanza que recuperemos junto con la organización colectiva el espacio para aquello que deseo todavía tengamos en común: algo de humanidad.
La autora es directora ejecutiva de ELA
NG/DTC
Hay números que dominan la conversación pública: el aumento de la pobreza en el país; el precio del dólar; la inflación del mes; el ajuste del precio de los alquileres; las toneladas de comida no distribuida y arrumbada en los depósitos del Ministerio de Capital Humano con indiferencia ante los cientos de comedores desabastecidos; la cantidad de horas que el presidente dedica a las redes sociales. Sobre estos números se debate, se confronta, se litiga en los tribunales de justicia.
Hay otros números que se acumulan frente al desinterés de gran parte de la clase política y la absoluta indiferencia del Estado nacional: el 3 de junio, mientras conmemoramos el noveno aniversario de la movilización exigiendo Ni Una Menos, mostramos estos datos en un estudio publicado por ELA.